Van 13 años sin cumplir sentencia

De acuerdo con Yadira Cortés, coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de Red Mesa de Mujeres (RMM), luego de 13 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso del Campo Algodonero, aún quedan pendientes de resarcir varias de las recomendaciones hechas al Estado mexicano.

El 6 y 7 de noviembre de 2001, en un campo algodonero ubicado en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria se encontraron los restos de ocho mujeres víctimas de feminicidio, de acuerdo con los reportes periodísticos del caso. 

En 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajo el caso y demandó al Estado mexicano “por su presunta responsabilidad en la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres”, como relata la Comisión Nacional en la materia (CNDH).

Fue hasta 2009 que la CoIDH condenó al Estado mexicano como responsable, y estableció “directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género”. 

Parte de las recomendaciones resultantes de esa sentencia siguen pendientes, recordó Cortés, tales como el funcionamiento del Protocolo Alba (para búsqueda de personas), reparación del daño de las familias de las víctimas y el principio de no repetición.

En este primero, Cortés precisó que hasta el mes de octubre la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 118 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales apenas 14 fueron tipificados como feminicidio, pese a que todos muestran al menos una característica de feminicidio como lo estipula el Código Penal del Estado de Chihuahua.

Principio de no repetición

En ese sentido, el principio de no repetición queda sin cumplir, aclaró, pues sigue existiendo la desaparición y asesinatos de mujeres, “y es una corresponsabilidad de los tres niveles de Gobierno”.

Además, existen fallas en el Protocolo Alba, que es para búsqueda de personas desaparecidas. Al respecto, Cortés apuntó que la FGE le reportó a Red Mesa de Mujeres en 2022 cero desapariciones, pese a las constantes pesquisas que se comparten en redes sociales, “y así tiene años (sin registro), porque no están cuantificando las activaciones del Protocolo Alba”.

Otra recomendación pendiente es la reparación del daño a familiares de las víctimas del Campo Algodonero, a quienes se les ha negado el acceso a ciertos programas como la tarjeta de atención médica privilegiada que dio el Gobierno del Estado, o el programa de infancias huérfanas por víctimas de femicidio, de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal, de acuerdo con información de la RMM. “El acceso a estos servicios se dificulta de manera espantosa, el Gobierno no es accesible”, añadió.

Lo que debe saber

• El 6 y 7 de noviembre de 2001, en un campo algodonero ubicado en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria se encontraron los restos de ocho mujeres víctimas de feminicidio

• En 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atrajo el caso y demandó al Estado mexicano “por su presunta responsabilidad en la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres”

• En 2009 la CoIDH condenó al Estado mexicano como responsable, y estableció “directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género”