Video: Un millonario negocio a la vista de todos

Ciudad Juárez— Desde al menos el 4 marzo, agentes policiacos estuvieron a pocos metros de la bodega ubicada en la calle Sierra Mojada en la que, el 23 de abril siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) encontró 58 migrantes instalados ahí por lo que esta corporación reportó como “traficantes de personas”.

La primera fecha fue cuando un prófugo buscado aquí por atacar policías en Nuevo México recibió a balazos a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que acudieron a capturarlo en el hotel San Miguel, donde se hospedaba. 

Entonces también, indican testimonios recabados, los elementos policiacos vieron la bodega en la que desde hace meses empezaron a alojarse decenas de personas que llegan de diversos países con la intención de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. 

“Todo mundo sabe. Nomás que la policía nomás anda atrás del dinero”, dijo Manuel San Miguel, encargado del hotel San Miguel, cuando se le preguntó si autoridades conocían la actividad en la bodega clausurada, también de su propiedad.

“Todo el tiempo ha habido. Aquí todo esto tiene trabajando toda la vida”, agregó el propietario ante la pregunta de si los policías estatales que fueron por el prófugo también la vieron.

El inmueble es uno de los al menos 16 domicilios ubicados por diversos puntos de esta ciudad, desde el norponiente hasta el suroriente, en los que la SSPM ha reportado encontrar migrantes, sobre quienes afirma son sujetos de cobros de dos mil dólares en promedio por parte de “polleros” o traficantes de personas, una actividad que tanto esta corporación como las estatales consideran ligada al crimen organizado. 

En un recorrido por algunos de estos domicilios se obtuvieron datos que indican que este presunto ilícito, de índole federal y tipificado en la Ley de Migración, ocurre además de manera casi abierta ante autoridades y residentes de las colonias, la mayoría de éstos últimos temerosos a cuestionar o hablar del tema.

Diferentes fuentes gubernamentales consultadas coincidieron en señalar también que el combate a este tipo de ilícitos se complica por factores como la falta de actuación de instancias directamente responsables, como el Instituto Nacional de Migración (INM).

Éste, informó una fuente del Gobierno Federal, se “escuda” en el perfil humanitario de la Ley en la materia –que privilegia la protección y libertad de las personas en tránsito– para no atender su responsabilidad de apoyar a la Fiscalía General de la República (FGR) aportando los elementos detectados entre la población puesta bajo su custodia.

“Son muy flojos para atender ese tema del tráfico y se escudan en lo de la ley (…) basada totalmente en respeto a los derechos de los migrantes. Se escudan en eso para no hacer operativos. Desde que inició este auge de la Policía Municipal para localizar y reventar casas de seguridad, la Municipal le habló a Migración, que se negó”, indicó la fuente gubernamental federal consultada con la condición del anonimato.

“Las y los migrantes deciden si se quedan en el gimnasio (a donde son enviados luego de la localización de SSPM), si buscan regresar a su país o si buscan de nuevo un ‘pollero’ que los pase el río (…) Según ese es el problema, que en los pocos casos en que atraparon a los ‘polleros’, la FGR se los lleva al albergue (a los migrantes) y ahí ellos se van, no se sigue el caso, se quedan sin testigos para sustentar el proceso. En vez de resguardar a los migrantes y ofrecerles beneficios para que declaren”, agregó.

Otros dos funcionarios coincidieron en señalar la falta de participación del INM en la problemática.

“A todo esto se suma la evidente falta de atención de las autoridades migratorias en el estado de Chihuahua al problema, pues no tienen estructurado ni un plan de operación y vigilancia, no tienen personal y en los casos que se tienen aseguramiento (ahora le llama ‘rescate’) de migrantes simplemente no acuden ni contestan al llamado”, se planteó. 

El INM no respondió una solicitud de información oficial de este medio. 

Tampoco respondió la FGR, a la que SSPM reportó haber entregado 19 personas como probables responsables de delitos contra la Ley de Migración y detenidos en los operativos de su Unidad Táctica de Seguridad Fronteriza, la cual localizó mil 398 migrantes entre febrero de 2020 y junio pasado.  “En relación a la inspección de esa bodega (junto al Hotel San Miguel) no tengo información sobre la existencia de ese hecho”, dijo por separado el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, cuestionado sobre lo atribuido al personal estatal.

Por toda la ciudad

Los datos de la SSPM indican que, entre febrero de 2020 y hasta el pasado sábado 17 de julio, en el municipio de Juárez fueron localizadas al menos mil 600 personas de países como Guatemala, Cuba, Honduras, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Brasil y Perú, además de otros estados de México, tratando o esperando ingresar por aquí hacia Estados Unidos.

Un informe de la misma dependencia cita operativos considerados “relevantes” y en los cuales las personas en tránsito, se indica, estarían sujetas a cobros por parte de traficantes de personas, como las localizadas en la bodega de la calle Sierra Mojada, en la colonia El Jarudo, así como en otros domicilios de las colonias Misión del Emir, también la parte oriente, y Rancho Anapra y Bellavista, en el poniente.

Otros grupos de personas han sido localizados en viviendas de las colonias Felipe Ángeles o Fronteriza Alta, Urbivilla del Cedro, Parajes de San José, El Barreal y Zona Centro, entre otras.

En el extremo oriente de esta franja fronteriza, en El Valle de Juárez, tres hallazgos más –con 98 personas en total– fueron reportados entre viernes y lunes pasados por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 

Los grupos

Las autoridades tanto municipales como estatales atribuyen este tipo de actividades a grupos del crimen organizado que operan en la ciudad, como La Línea y La Empresa en la región de Anapra y, en la zona del Valle de Juárez, el Cártel de Sinaloa.

“Con el advenimiento del crimen organizado en esta actividad, los pasadores tradicionales (incluso es un oficio de generación en generación) fueron obligados a pagar ‘derecho de piso’ al crimen organizado. Sin embargo, de manera progresiva desde años han sido relegados de dicha actividad, que ahora han asumido los miembros del crimen organizado”, indicó personal ministerial consultado.

Desde inicios de este mes, el titular de la SSPM, Raúl Ávila, advirtió también que esta creciente actividad está aumentando el poder económico de los grupos delictivos debido a que los cobros a los aspirantes a cruzar a Estados Unidos son más redituables incluso que el narcomenudeo, estimando haberles “impactado” en más de 20 millones de pesos por los “rescates” de personas migrantes en junio.

“En estos momentos sí está siendo un caudal fuerte de recursos para los grupos delictivos y eso tiene que ponernos los focos en rojo”, dijo Ávila, de acuerdo con un reporte de este medio del pasado 6 de julio.

“Porque si estamos hablando de que la tarifa promedio son dos mil dólares por persona, sólo por cruzar el muro y ponerlos en la vecina ciudad, si en dos horas se pueden ganar 20 mil dólares al cruzar a 10 personas, esos 20 mil dólares no los van a ganar en 15 días o en un mes vendiendo porciones de 30 ó 50 pesos de droga, entiéndase cristal o dosis pequeñas de mariguana”, agregó. 

Entonces, el funcionario municipal advirtió también que estas ganancias podrían derivar en mayor adquisición de armas para los asesinatos dolosos que se registran de manera cotidiana en esta frontera y que se atribuyen también al crimen organizado.

Apenas el pasado miércoles 14 de julio, una lona colocada en el puente peatonal de la calle Segunda de Ugarte, sobre el Viaducto Díaz Ordaz, advirtió a las corporaciones policiacas que dejaran de actuar contra “los polleros”, extendiendo el amago incluso a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. 

“La amenaza a la que se hace referencia es un recordatorio de que los miembros de las organizaciones criminales transnacionales no se detendrán ante nada para promover la explotación de quienes son introducidos de contrabando en los Estados Unidos”, dijo a este medio el oficial de Asuntos Públicos de la oficina en El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Roger Maier.

De acuerdo con datos de la SSPM, por los hallazgos reportados hasta el pasado 17 de julio, 33 personas fueron puestas a disposición de las autoridades, tanto por la probable violación de la Ley de Migración (a Fiscalía General de la República) como por “promoción de conductas ilícitas” y para investigación por tráfico de personas.

Entre los casos reportados por la corporación local está la liberación, el 4 de julio, de un hombre identificado sólo como “centroamericano” y localizado atado de pies y manos, pidiendo ayuda en el interior de un domicilio ubicado entre Acacias y Costa del Sol, del fraccionamiento Parajes del Sur, en el extremo suroriente.

“Manifestó que un hombre y una mujer lo tomaron por la fuerza y llevaron hasta dicha vivienda, en donde lo mantuvieron atado de pies y manos, además de exigirle que contactara a sus familiares para que les depositara la cantidad de 11 mil dólares a cambio de su libertad”, agregó el boletín emitido sobre el caso. 

‘Se veía que pasaban’

En un recorrido por las ubicaciones reportadas por la SSPM se pudo observar que, si bien los habitantes suelen considerar sus colonias como “tranquilas”, para la mayoría la expresión abierta o el cuestionamiento sobre la probable comisión de delitos a su alrededor significa un riesgo.

“Pasaba mucha gente, pero ni modo que uno pregunte. Uno no se pone a mirar”, comentó un entrevistado. 

“Aquí nadie se mete con nadie; nadie habla (…) Todos aquí sabíamos que aquí estaban”; “nomás se veía que pasaban y pasaban”; “el vecino me dijo que estaba raro, que eran polleros”; “no queremos problemas. Aquí todo mundo sabe (…) Pero no podemos decir nada”, comentaron otros en diferentes sectores.

En el recorrido se pudo detectar que incluso uno de los inmuebles reportados por SSPM, el pasado 3 de julio, había funcionado como iglesia evangélica, por lo que el paso constante de los migrantes –de países como Guatemala, Honduras y El Salvador– fue considerado por algunos como parte de los procedimientos de espera de ingreso legal a Estados Unidos o a través de asilo político.

La corporación, sin embargo, informó de manera oficial que los migrantes estaban en ese inmueble de la calle Zanahoria, en la colonia Lomas de Poleo, esperando su cruce por parte de traficantes.

“Al entrevistarse con ellos, estos manifestaron tener una semana alojados en dicho sitio a la espera de ser internados de manera ilegal al vecino país por ‘polleros’, quienes los han tenido viviendo en condiciones insalubres ya que el inmueble se encuentra en circunstancias deplorables”, indicó la SSPM en un comunicado.

‘Esos sí traen la lana’

En el hotel San Miguel, en la esquina de la calle Sierra Mojada y Avenida Tecnológico, Manuel San Miguel dijo considerar irregular la clausura de su bodega por parte del gobierno municipal; inmueble sobre el cual muestra una licencia emitida el 27 de mayo de 2019 por la Dirección General de Desarrollo Urbano (DGSU), la cual le autoriza a funcionar como casa de huéspedes hasta el 9 de abril de 2023. 

“Se metió a la fuerza ahí en la bodega, están las copias de los permisos, donde está dado de alta en el Municipio y en Hacienda; se metieron sin ninguna orden, sin nada (…) metieron a la gente, la levantaron, empezaron a mover todos los colchones”, dijo San Miguel sobre la intervención de la SSPM del 23 de abril.

“Estuvieron ahí, estuvieron hable y hable, no les pudieron sacar dinero, la investigación que ellos hacen es así ‘¿quién los trae? ¿cuánto les cobra?’ (…) Andan tras de los ‘coyotes’ o pasadores, no sé cómo los llaman, esos sí traen ‘la lana’ porque esos son los que lo manejan a ellos. Entonces, a la 1:30 de la tarde ya le hablaron a Comercio, y ya vino Comercio y clausuró nomás, y echó a la gente para afuera”, agregó. 

Sobre la intervención, la SSPM reportó de manera oficial haber encontrado a 58 personas –entre ellos nueve menores de edad– originarios de Ecuador, Honduras y México, “los cuales permanecían en dicho lugar para posteriormente ser ingresados de manera ilegal al vecino país por presuntos ‘polleros’”, como indicó un boletín.

Otro operativo relacionado con migrantes en este hotel, de acuerdo con el archivo periodístico, se registró el 27 de junio de 2019, cuando fueron aseguradas once personas de nacionalidad cubana en una intervención de la Guardia Nacional, la Policía Federal y el INM.

Esta última dependencia, agrega el entrevistado, realiza en su negocio alrededor de seis u ocho verificaciones por año; la última, indica, el pasado 14 de mayo. 

“Todo lo que son los mojados, vienen de ‘raid’, vienen en esto, vienen, en la Central Camionera, esos no pagan impuestos en ningún lado; en la única parte que pagan impuestos es aquí, y desgraciadamente aquí las autoridades arbitrariamente cerraron la bodega”, insiste San Miguel. 

La DGDU no respondió una solicitud de información sobre el inmueble.

El entrevistado, por su parte, refirió no hacer preguntas a sus clientes. “Aquí rentamos habitaciones, nada más. No sabemos nada de ellos, orígenes, ni si van o vienen”, dijo.