Tenía estación de INM cuarto de torturas

La estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en el puerto fronterizo Lerdo no contaba con extintores, suficiente agua ni comida, pero sí con un cuarto de torturas, reveló el informe “No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez”. 

Según la investigación realizada por la Fundación para la Justicia (Fjedd), el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa”, se trataba, presuntamente, de una celda destinada para las mujeres trans, a quienes reacomodaban en la celda de las mujeres cuando torturaban a alguna persona migrante.

“Escuché gritar tanto a un hombre y después sólo un golpe fuerte y silencio absoluto”, narró una migrante a los activistas. 

El informe basado en trabajo de campo en Ciudad Juárez, documentación y entrevistas con sobrevivientes y con familias que se encuentran en sus países de origen, “está cargado de indignación”, señaló Jerónimo Del Río, investigador de la Fjedd. 

“En una de las entrevistas, un migrante nos relató que a un costado de la celda de mujeres, una celda que estaba destinada para mujeres trans, y que en su generalidad esa celda era desocupada por las mujeres trans y metían a las personas migrantes que consideraban que necesitaban tener un castigo. Los relatos son desgarradores, porque nos platican que las mujeres escucharon descargas eléctricas de un migrante que ingresaron a una de estas celdas, cometiendo un acto que a todas luces parece tortura”, informó Del Río. 

Un sobreviviente venezolano dijo haber escuchado sobre un cuarto de castigo, al cual trasladaban a los migrantes que, a ojos de las autoridades, causaban problemas. 

“Escuché que, en la estancia contigua a la estancia de hombres, existía un cuarto o celda de castigo, ya que se escuchaban gritos, como si estuvieran golpeando o agrediendo a una persona, sin poder precisar quién era a quien agredían o el personal que lo realizaba”, contó. 

Dicho relato se entrelaza con los testimonios de un grupo de mujeres sobrevivientes, quienes se percataron que dos mujeres transgénero fueron reubicadas en su celda y que el espacio de detención desalojado fue utilizado para torturar a un hombre de nacionalidad venezolana, a base de descargas eléctricas. 

Declararon haber escuchado los gritos de dolor, por lo que le preguntaron a la guardia responsable sobre lo que pasaba y ella respondió: “Está loco, se lo ganó porque está loco”. 

“Nos dimos cuenta que quienes entraban a esa cárcel, porque no se le puede llamar de otra manera, se enfrentaban a condiciones atroces”, dijo Del Río, sobre las personas en situación de movilidad que también fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura.

Cuando comenzó el fuego, los migrantes les rogaron a los agentes del INM que les abrieran las celdas, pero la respuesta fue: “¡Suerte, güeyes, que les vaya bien!”, y se fueron. Los dejaron ahí, el humo aumentó, 40 personas perdieron la vida y 27 resultaron gravemente heridas.

“Hace más de un año perdieron la vida 40 migrantes que hoy deberían de estar con nosotros. Se trataba de personas que venían buscando la vida y en México encontraron la muerte, porque nuestro país se ha convertido en un lugar de terror para las personas migrantes”, denunció. 

Detenciones arbitrarias

El informe consta de “un relato desgarrador, reflejo de la decisión que tomó el Estado mexicano de convertir su política migratoria en una política que criminaliza a las personas migrantes que pasan por nuestro país. Hoy la realidad es que estamos mandando a los militares, estamos mandando a las instituciones de seguridad pública, lo cual ha resultado en una tragedia de grandes alcances en nuestro país”. 

Entre los hallazgos revelados se informó que las detenciones de las personas que se encontraban en la estancia migratoria aquella noche fueron en muchos sentidos arbitrarias, ya que no solamente participaron agentes del INM, sino también policías municipales, el DIF Municipal, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y la Guardia Nacional.

“Nos dimos cuenta que se detuvo no solamente a personas que no tenían una condición migratoria irregular, sino que también se detuvo a personas que tenían los papeles que requiere el Estado Mexicano para estar de manera regular en el país”, dijo sobre al menos una persona colombiana y una venezolana. 

El documento también señala una potencial situación de desaparición forzada en corta duración, porque quienes entran a las estancias migratorias muchas veces quedan en el olvido, sus familiares no son notificados, el personal consular no es notificado y la persona desaparece, aunque sea por unos cuantos momentos. 

“Nos dimos cuenta que al interior de la estancia no existían las condiciones necesarias para que los migrantes pudieran tener un resguardo, ni siquiera les voy a decir cómodo, simplemente cumpliendo con los estándares mínimos de Protección Civil. Una cantidad muy grande de personas que iba fluctuando a lo largo del día, migrantes entraban, migrantes salían; muchas veces tenían que salir pagando algún tipo de mordida, con un acto de corrupción hacia los agentes del Instituto”, denunció. 

Agentes deshumanizados

Esa noche se encontraban 67 personas en un espacio reducido, sin ni siquiera tener literas, con colchonetas tiradas en el piso y que además no cumplían con los requisitos de Protección Civil, de un material altamente inflamable. 

“Nos dimos cuenta que la dinámica al interior era atroz, no solamente porque el espacio no era propicio, no contaba con ventilación natural, no contaba con entrada de luz natural; como una cárcel, contaba con iluminación artificial durante día y noche, las personas evidentemente no tenían la capacidad de descansar, eso te pone en un estado de alteración profundo. Y además nos dimos cuenta que no tenían acceso suficiente tanto a comida como agua, agua potable y agua para las necesidades básicas. Las mujeres nos dijeron que no tenían acceso, quienes se encontraban en su período, a toallas sanitarias. No tenían acceso muchas de ellas a las medicinas que necesitaban y el acceso a la comida era sumamente limitado”, agregó. 

Y a diferencia de lo que establece la Constitución mexicana, que solamente la detención podrá durar 36 horas, en la estancia migratoria “nosotros documentamos que por lo menos pasaron más de tres días en aquel lugar, violando completamente la Constitución y sometiéndolos a este espacio torturante”. 

Continuó: “No solamente fue el espacio físico, el trato que les daban los agentes migratorios y los guardias de seguridad privada, nos dimos cuenta que era sumamente degradante. Los agentes el INM parecen estar completamente deshumanizados. Los guardias de seguridad mostraron una conducta parecida”. 

Las organizaciones dan también una serie de recomendaciones con el objetivo de que el caso avance hacia el acceso a la justicia, entre las que señalan que es imperioso que se detenga la respuesta militarizada ante la migración en el país.

“Exigimos que la detención migratoria deje de ser la principal herramienta de la política migratoria y que sólo se emplee si es necesario para casos completamente excepcionales”, señalaron. 

También exigieron que el comisionado nacional, Francisco Garduño Yánez, se separe de su cargo mientras las investigaciones sigan en curso. 

Pidieron que las empresas privadas no participen en la seguridad, que las víctimas dejen de ser criminalizadas y que las organizaciones de derechos humanos dejen de ser estigmatizadas, así como que el caso marque un parteaguas para acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. 

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