Detienen a migrantes en aeropuerto y se los llevan a Tabasco

A través de una carta urgente, dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria denunció al Instituto Nacional de Migración (INM) por haber violado los derechos de 21 niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de movilidad.

De acuerdo con lo documentado a través de la organización local Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), los días 11 y 12 de abril de 2024, los agentes del INM detuvieron a 14 familias con 21 NNA originarias de Colombia, Bolivia y Brasil, y las retornaron de manera ilegal a Villahermosa, Tabasco.

El jueves 11 de abril, 17 personas de Colombia (ocho NNA), siete personas de Bolivia (dos NNA) y nueve de Brasil (cinco NNA) llegaron al aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez, de donde fueron trasladadas al retén militar Precos, ubicado en el kilómetro 321 de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez.

“Se emitió el oficio INM/ORCHIH/SCVM/1303/2024 de puesta a disposición dirigido al licenciado Jorge Alberto Hernández Leyva, encargado de la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados, No Acompañados y Separados en Villahermosa, Tabasco, sin la firma autógrafa de Carla Angélica Oliver Pacheco, representante local noroeste asignada al aeropuerto internacional Abraham González”, denunció el grupo conformado por distintas organizaciones del país. 

La autoridad federal debió dar parte a la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, de Ciudad Juárez, entidad responsable de la determinación del interés superior de la niñez y la adolescencia. 

“La autoridad migratoria, en contra de la normativa mexicana, ilegalmente puso a las familias en un autobús, violando con ello las disposiciones aplicables según la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración en México y las trasladó al sur del país, en un trayecto de más de 25 horas”, y que debido a que se perdió el contacto con las familias, fueron denunciados posibles actos de deportación, contrarios al principio de no devolución de núcleos familiares.

Los hechos fueron reportados a José Luis Armendáriz González, responsable de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez el 12 de abril.

El segundo caso ocurrió el mismo 12 de abril, cuando se aplicó el mismo procedimiento a tres núcleos familiares más, dos de Brasil y uno de Bolivia, resultando afectados al menos seis niñas y niños. 

“Lo anterior es evidencia de que el INM está aplicando mecanismos violatorios de manera recurrente. La oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua ha utilizado diversas medidas de contención y disuasión contra grupos de personas que arriban a la entidad vía aérea o terrestre”, señaló el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.

Las organizaciones también denunciaron que la gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha manifestado que está “muy agradecida con la nueva delegada de Migración –Esther Martínez Zúñiga– porque se respira, se siente y se está comprobando esa mano que debe de tener el Instituto Nacional de Migración para cuidar a los juarenses y que no entren de forma desordenada los migrantes al estado de Chihuahua desde el sur de la entidad”.

El 1 de abril, el comisionado nacional, Francisco Garduño Yáñez, anunció el inicio de acciones de verificación y control migratorio a lo largo del río Bravo en Ciudad Juárez y hacia el sur del estado de Chihuahua, mientras que el área de regulación migratoria de la oficina de representación del INM en esta frontera se ha negado a expedir Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a NNA que viajan con sus familias, bajo el argumento de la falta de nombramiento oficial de Esther Martínez Zúñiga.

“Esto es contrario a la legislación mexicana en materia de infancia y migración, siendo una violación a los derechos de niñas y niños en movilidad humana, y que no depende del nombramiento de cargos institucionales, sino de la vigilancia del interés superior de la niñez”, externaron. 

Durante abril los medios de comunicación del estado y las organizaciones también han documentado los testimonios de migrantes sobre robo o destrucción de sus documentos de identidad y equipos celulares, por parte de los agentes federales, dejándoles sin la posibilidad de continuar su camino hacia el norte del estado.

Piden más información 

Las organizaciones pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite información al Estado Mexicano respecto a los operativos que se han implementado en la entidad federativa de Chihuahua y que de manera consecuente cese las medidas hostiles y violentas adoptadas por el INM en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional, así como con fuerzas locales de Seguridad Pública, en contra de las personas en movilidad, sobre todo niñas, niños y adolescentes.

También instaron a las autoridades especializadas y competentes en temas de NNA, para que se pondere el procedimiento de evaluación y determinación del interés superior de la niñez y su consecuente plan de restitución de derechos en la entidad en donde fueron identificadas, y no realizar traslados irregulares que pudieran impactar en el cansancio y desgaste de las personas, obligándoles a aceptar retornos voluntarios.

Solicitaron además a las autoridades que la documentación y denuncia de actos cometidos en contra de personas migrantes, ya sea por parte de autoridades o de particulares, sean investigados y castigados quienes resulten responsables. Además de determinar un plan de restitución de derechos, tanto para personas adultas como para NNA, incluyendo la reposición de documentos de identidad. 

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