Diario
Juárez
sábado, 12 octubre 2019 | 06:00
Ciudad Juárez— Óscar tenía 17 años cuando elementos del Ejército Mexicano que participaban en la Operación Conjunta Chihuahua (OCCH), al mando del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, lo privaron ilegalmente de la libertad a él y a su amigo Víctor Manuel Baca.
A Víctor lo asesinaron de un disparo en la cabeza luego de varios días de tortura por órdenes del general Espitia; los soldados tiraron el cuerpo de Víctor, al que sus padres identificaron en el 2016 por medio de exámenes de ADN tras ser localizados sus restos años atrás, denunció la víctima ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A partir de entonces ha recibido amenazas de muerte.
El general Espitia Hernández “le perdonó la vida” a Óscar y lo dejó en libertad después de cinco días de torturas y vejaciones, recuerda Ivonne, madre de Óscar, quien ahora de 27 años.
Con el cansancio obvio por pernoctar en la dependencia pública como medida de protesta, Ivonne denuncia que pasó la noche en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir los recursos por concepto de alimentos y alojamiento que le corresponden a su hijo, como lo establece la Ley General de Atención a Víctimas.
Desde agosto la CEAV ha retrasado sin justificación alguna el recurso correspondiente a la reparación del daño causado por la acción militar, que ordenó el entonces presidente Felipe Calderón.
“Al general lo premiaron con un cargo público a pesar de que existen procesos legales abiertos en su contra por asesinato y desaparición forzada”, dice la madre, que encabezó ayer una protesta en el exterior de las oficinas de la CEAV, ubicadas en la calle Juan de la Barrera 661.
El directorio del servidores públicos del Gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ubica al general Espitia Hernández como coordinador de asesores del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
“A mi hijo no le han brindado la asistencia necesaria, padece depresión, ansiedad y traumas a causa de lo que le hicieron durante los cinco días que permaneció en cautiverio en el cuartel militar y estamos aquí no para pedir, sino exigir la reparación del daño; por eso existe una Ley General de Víctimas”, denuncia la madre.
El Diario solicitó la entrevista con Gabriela Juárez, responsable de la CEAV en Ciudad Juárez, sin embargo, remitieron la petición al área de Comunicación Social en la Ciudad de México, donde no fue atendida.
Militares agresores
En el fajo de hojas que contiene la denuncia interpuesta por Óscar –y de la que El Diario tiene copia– ante la CNDH, el ofendido narra cuando el general Espitia Hernández le pregunta “¿Sabes quién soy yo?”.
Víctima y victimario quedaron frente a frente. Óscar había pasado casi cinco días sufriendo golpes, asfixiado en agua y con bolsas de plástico y ataques sexuales.
Respondió que no al militar de pelo canoso.
Siendo un adolescente, el estudiante de El Paso no había asistido a ningún bar, no fumaba ni consumía bebidas alcohólicas y las fiestas a las que había asistido eran totalmente familiares y perdió su inocencia en las instalaciones de la Guarnición Militar.
“¿Tienes visa?”, le insistió el general al adolescente que atinó a responder afirmativamente.
“Lo que va a pasar es que sales de aquí, te vas a tu casa y te vas a los Estados Unidos hasta que yo me vaya de aquí. Vas a cuidar a tu familia y si hablas de esto más vas a tardar en hablar que yo en matarte”, le dijo el general diplomado en Estado Mayor, un día de febrero del 2009.
“Todos los días, en episodios serios y otros leves, pero todos los días sufrimos las consecuencias de la tortura y vejaciones que mi hijo sufrió de militares al mando del general”, dice Ivonne.
Su hijo tardó varios años para procesar los hechos y acceder a las súplicas de su madre ávida de justicia, a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República y la CNDH. En marzo empezaron a sufrir las consecuencias, pues Óscar ahora sufre de amenazas constantes y sufren el acoso del poderoso militar.
La madre de Óscar considera que el general es uno de los victimarios que recibieron la amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras su hijo sufre para obtener la compensación económica como parte de la reparación integral del daño al que por ley tiene derecho, Espitia Hernández fue recompensado con un cargo público.
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