Reclaman abogados falta de garantías para trabajar

Organizaciones externan preocupación por los casos de asesinatos no resueltos en su gremio

Blanca Elizabeth Carmona
El Diario de Juárez
viernes, 12 julio 2019 | 06:00
Staff / El Diario de Juárez |

Ciudad JuárezAbogados penalistas de Ciudad Juárez consideraron que no existen garantías para realizar su trabajo, dado los últimos atentados registrados en contra de varios miembros del gremio y de que casi en la totalidad de los casos prevalece la impunidad. 

“Como parte de la sociedad y del gremio consideramos que no hay garantías ni para la sociedad en general, lo que pasa es que en el ejercicio de esta profesión somos altamente vulnerables y la situación es grave; no se puede ejercer libremente”, expuso el presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Francisco Peña González.

Declaró que “quien tiene que hacer algo es la autoridad; debe resolver la situación de criminalidad no solo contra los abogados sino todos los asesinatos registrados en el seno de la sociedad, nosotros no tenemos facultades de investigación, de nada, solo el ejercicio profesional”. 

A la fecha un litigante permanece en calidad de desaparecido, él fue privado de su libertad el martes de la semana pasada cuando acudió a cobrar sus honorarios, luego de que fue citado por unos clientes.

En una entrevista realizada el miércoles pasado, la tesorera de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Araín Patricia Ramírez González, dijo que el abogado reportado como ausente es miembro de esa organización y que su desaparición está relacionada con el trabajo que desempeñaba como litigante. 

Además indicó que se tienen avances significativos y la esperanza de recuperar con vida a su compañero.

El pasado 20 de junio el abogado Rogelio Martínez, esposo de la jueza de Control del Distrito Judicial Bravos Brisa Yadira Meraz Mendoza, fue asesinado por dos hombres que ingresaron a una residencia ubicada en el fraccionamiento La Raza. A la fecha no se han reportado personas detenidas por este hecho. 

En mayo del 2018 en el poblado de Samalayuca fue privado de la vida el abogado penalista Jorge Iván Leyva Loya y tampoco se ha reportado la detención de los responsables.

En mayo del 2014 los litigantes Salvador Urbina Quiroz y César Cordero fueron baleados de muerte en el interior de su despacho domiciliado en la colonia Partido Díaz, en este caso sí hay detenidos y sentenciados. 

“No existe ninguna garantía ni para quienes trabajan en el Poder Judicial, ni para los que laboran en la Fiscalía, tampoco para policías y menos para nosotros. Somos abogados particulares y se nos toma como tales, aunado a que siempre estamos combatiendo resoluciones de jueces, de la Fiscalía”, puntualizó otro abogado entrevistado.

“Nuestra profesión es muy complicada y como no se resuelven los casos de abogados asesinados, como litigantes estamos en riesgo”, expuso al pedir en ese momento la reserva de sus datos personales.

“En esta profesión garantías nadie las tiene por la inseguridad que prevalece, por la ineficiencia en las investigaciones; los delincuentes fácilmente comenten delitos sin ser castigados… el riesgo siempre ha existido sobre todo cuando se atienden asuntos de grupos delincuenciales”, explicó.

“A ellos hay que hablarles con honestidad en cuanto a las posibilidades de solución porque si se les ofrece más de la cuenta se sienten agraviados o burlados y toman represalias”, expuso un abogado que llevó varios asuntos junto con el litigante reportado como desaparecido. 

Ayer Peña González indicó que en la Cámara de Senadores existe una iniciativa presentada desde hace cuatro meses para que se permita la portación de armas de fuego a todos los ciudadanos, como medio de defensa personal, y en el próximo Congreso Nacional de abogados se analizará qué tan conveniente es impulsar desde este gremio la aprobación de ese proyecto. 


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