Estudiantes de Medicina, a merced de la delincuencia

Ciudad Juárez— La detonación de un arma de fuego provocó que Antonio Muñoz, entonces médico pasante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se asomara por una ventana del Centro de Salud El Porvenir, poblado donde hacía su servicio social, y atestiguara el levantamiento de una persona por miembros de un grupo criminal, además de un hombre herido tirado sobre la carretera Camargo-Jiménez. 

Antonio, como único médico de la zona, no tuvo otra opción más que salir a atender al herido. Una vez afuera, los elementos policiacos se hicieron presentes y quisieron detenerlo por haber grabado la escena con su teléfono celular, pero los vecinos del lugar impidieron que se lo llevaran, según denunció.

Esto sucedió hace seis años, en julio de 2015, y desde entonces los estudiantes de medicina del estado de Chihuahua continúan realizando su servicio social en zonas rurales consideradas de alto riesgo. 

Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar cuenta con 63 pasantes de medicina en hospitales de Guachochi, Valle de Allende y San Juanito, provenientes de la UACJ y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de acuerdo con datos de la institución. Sin embargo, el verdadero peligro lo enfrentan los pasantes de las Unidades Médicas Rurales (UMR) instaladas en pequeños poblados de la Sierra de Chihuahua. 

A finales de junio de este año, un pasante de la carrera de Médico Cirujano de la UACH tuvo que decidir entre salir a atender a un herido o protegerse: un grupo de siete hombres armados se paró frente a la entrada de su UMR con el cuerpo de un hombre ensangrentado entre sus manos, al no recibir respuesta decidieron usar su arma larga para derribar la puerta a golpes. El pasante de medicina llamó al comandante de su comunidad, pero nadie respondió. 

El herido murió por una herida de arma de fuego en la cabeza, no pudo ser atendido porque la UMR no contaba con insumos para hacerlo. “No había ni siquiera gasas para limpiar la sangre”, dijo. Su experiencia no es única, denunció, se trata de una situación que en algún momento enfrentan estudiantes de medicina que realizan su servicio social en San Rafael y Bahuichivo, poblados de Urique, o en Sisoguichi, de Bocoyna.

“El servicio social debe ser suspendido en todo México, no debe existir nadie sin un sueldo que arriesgue su vida. No te pueden pedir arriesgar tu vida de forma obligatoria. Si ningún médico quiere ir a esas regiones que manden a militares. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene médicos militares que pueden atender consulta con fusil al hombro”, dijo Antonio, quien terminó su pasantía en Ciudad Juárez.

Después de que los elementos policiacos desistieron de llevarlo consigo, Antonio se escondió en la vivienda de una vecina del sector. Desde su interior vio cómo el Ejército Mexicano arribó a la zona y retiró los casquillos que estaban esparcidos por el suelo, además de hombres en vehículos polarizados que fueron a buscarlo a su departamento –a un costado del Centro Médico El Porvenir–, por lo que decidió correr al monte y buscar ayuda. 

Ante lo sucedido, Antonio logró ser reubicado en este municipio. También el pasante de medicina de la UACH fue cambiado de lugar. Sin embargo, ambos aseguraron que los que estuvieron antes que ellos sufrieron experiencias peores: fueron agredidos físicamente e incluso amenazados de muerte, por lo que difícilmente un estudiante concluye su servicio social en estos lugares. 

A finales de junio, no sólo el pasante de la UACH logró abandonar la comunidad donde realizaba su servicio social, también un médico general de otra unidad. Los mismos hombres que derribaron la puerta para exigir atención médica a punta de pistola amenazaron al doctor por no contar con los insumos necesarios para atender al herido y, antes de irse, destruyeron su clínica. Sólo tenía cuatro días en el lugar… jamás volvió. 

“No saben a lo que vienen, nos tocó desde ver cuerpos en la carretera, que levanten a los médicos porque necesitan atender a los delincuentes, a mí me tiraron la puerta de la clínica. Son muchas cosas y nadie aboga por ti. A algunos los desaparecieron hasta dos días y luego los devolvieron. Mi compañero de enfermería tuvo que recibir terapia por eso”, contó el pasante de la UACH.

Chihuahua no es el único estado del país en que los pasantes de medicina son víctimas del crimen organizado. El pasado 30 de junio, el mismo día en que el estudiante de la UACH fue amedrentado por un comando armado, Luis Fernando Montes de Oca, un alumno de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue asesinado en Valparaíso, Zacatecas, mientras realizaba su servicio social. 

“Queremos manifestar nuestras condolencias a su familia y amigos compartiendo el dolor por su irreparable pérdida. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado recientemente y esperamos el apoyo de las autoridades para detener este tipo de situaciones”, publicó la UAG en su cuenta oficial de Twitter el primero de julio, cuando se dieron a conocer los hechos. 

Situaciones como ésta provocaron que el pasado martes 20 de julio, médicos pasantes de la UACJ protestaran al exterior del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) para exigir que la universidad solicite ante la Secretaría de Salud plazas para servicio social en zonas donde no se registren altos índices de violencia y, por lo tanto, no se ponga en riesgo su vida. 

“El problema en los poblados con altos índices de violencia, que es donde se nos ofertan las plazas tipo B y C, es que el médico está laborando de manera bajo la presión de ciertos grupos delictivos. Es muy común en el gremio de medicina que cuando una organización delictiva tiene un enfrentamiento violento y hieren a alguien, los miembros del grupo van al centro de salud y le exigen al médico que le salve la vida. O es la vida del delincuente o la suya”, dijo un estudiante de Médico Cirujano de la UACJ que solicitó permanecer en anonimato. 

Las plazas tipo B y C son las que se realizan en unidades médicas localizadas en áreas rurales. La diferencia entre una y otra corresponde al tamaño de la población –concentrada o dispersa– y a los días y horas de trabajo. Sin embargo, a pesar de tener un horario de trabajo establecido, en ocasiones los pasantes de medicina son los únicos presentes las 24 horas del día para atender las necesidades de los habitantes y, a veces, sin los insumos necesarios para hacerlo.

“La violencia que enfrentan los pasantes ha sido normalizada. Hay un pensamiento erróneo sobre que el médico tiene que sufrir para serlo, lo tratan de justificar con la vocación y con la ética, pero tenemos derecho de exigir una plaza segura. La vocación y la ética tienen un límite, no estamos en esta carrera para ir a perder la vida a cambio de obtener un título”, dijo el estudiante de medicina. 

Ante la situación, personal de la Secretaría de Salud señaló que cuando un estudiante se rehúsa a realizar su servicio social en la clínica que se le asigna, la dependencia lo sustituye con la contratación de un médico.

El director de ICB, Salvador Nava Martínez, señaló que la universidad no tiene participación en la designación de plazas, pero al plantear las preocupaciones de los estudiantes ante la dependencia estatal se acordó que no se enviarían pasantes a comunidades retiradas, desprotegidas o sin el equipo necesario para laborar.

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