Desechos de maquilas, un riesgo ambiental

Ciudad Juárez— El miércoles 2 de mayo de 2018 comenzó a sonar la alarma en la Estación No. 1 de Bomberos.

Eran las 2:00 de la mañana, hora en que una cuadrilla de elementos se preparaba para salir rumbo a Granjas de Santa Elena para sofocar el fuego que alcanzaba 8 mil pacas de desechos almacenados en la empresa Comercializadora de Productos y Servicios JPVR, localizada en la calle Avellanos, al límite de la ciudad.

Así recuerda esos momentos Benito Ortiz Ornelas, jefe del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez, quien sabe que ante un siniestro de tal magnitud, cada segundo es vital.

Por eso en la academia, dice, al bombero se le capacita para colocarse todo su equipo, que pesa más de 15 kilos, en sólo 30 segundos.

“Fue un incendio muy grande, muy fuerte, por más que aventábamos los chorros de agua para controlar las llamas, no se podía. Cuando pasa un siniestro como éste hay mucho desgaste físico por todo el equipo que traes puesto, además de la temperatura a la que te expones”, explica.

Para combatir el fuego que amenazaba con extenderse a las viviendas, y que propició la suspensión de clases por la humareda, los bomberos emplearon más de 500 mil litros de agua potable hasta controlar el incendio.

“Fueron más de 50 pipas las que enviamos”, enumera Manuel Herrera, quien entonces era el director operativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y movilizó los vehículos para hacer el traslado del agua potable con la inmediatez que se requería.

Tras la apertura de la inversión extranjera que impulsó aquí la instalación de cientos de maquiladoras, son siniestros como éste o los hallazgos de tiraderos clandestinos denunciados por ambientalistas, los que permiten conocer –en parte– el destino final de los desechos que producen estas empresas, formalizadas aquí en 1966 con la creación del primer parque industrial.

A casi 3 años de aquel siniestro, la falta de vigilancia de las autoridades mantiene sin control efectivo un elevado porcentaje de los desechos tóxicos de la maquiladora en la ciudad.

Incluso, se desconoce el verdadero efecto que estos residuos generan al medio ambiente y a la población fronteriza.

Mario A. Hernández, socio líder del segmento IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) de KPMG en México, explica que si bien la industria maquiladora es de las más reguladas en el país, “algunas desafortunadamente no están cumpliendo con su obligación en el retorno de las mercancías que son importadas de manera temporal y que se están viendo en la necesidad de dejar los desperdicios en territorio nacional”.

Y precisa: “Toda la materia prima que importan para llevar a cabo sus procesos productivos se importa de manera temporal en un programa regulado por la Secretaría de Economía, tienen que retornarlo todo y sí tienen porcentajes permitidos que se manejan como desechos, y usualmente son cantidades que no deben exceder el uno o dos por ciento de todo lo que importan”.

Menciona que si las empresas no retornan todo lo que importaron pueden ser sujetas a la cancelación del programa IMMEX.

“Y por eso son demasiado cuidadosas del control de desechos o de desperdicios. No dudo que se hayan encontrado tiraderos clandestinos, lo que ocurre es que a algunas industrias, muy particulares, muchas veces les resulta más económico dejar los desechos en territorio nacional que regresarlos al extranjero (principalmente Estados Unidos), para su destrucción”, refiere. Para ello optan por contratar prestadoras del servicio de recolección o reciclaje de desechos. 

Esta realidad ensombrece los históricos convenios signados entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza de 1983 (conocido como Acuerdo de La Paz), signado en La Paz, Baja California Sur. 

Para 1992 se firmó el Programa Integral Ambiental Fronterizo (PIAF). Luego surge el Programa Frontera XXI, un esfuerzo bilateral de cinco años que sumó instituciones gubernamentales a cargo del medio ambiente fronterizo. 

Para el 2003 arranca el programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2012, y en agosto de ese año fue creado el Programa Frontera 2020, que tuvo una vigencia de ocho años.

Los esfuerzos interinstitucionales entre México y Estados Unidos, que se reforzaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tampoco han evitado que fronteras como Juárez –cuya economía es sostenida principalmente por la industria maquiladora– aún enfrenten vacíos legales que son aprovechados tanto por los generadores de desechos como por los prestadores de servicio de recolección y reciclaje”, explica Gibrán Solís, director de Grupo AGA.

El también miembro del Consejo Municipal de Ecología y presidente de la Asociación de Recicladores de Juárez, explica que esta ausencia de control fomenta principalmente a aquellos que operan “fuera de regla”.

Hernández menciona que las maquilas buscan a las empresas que se dedican al reciclaje de productos industriales, para efectos de que ellos sean los que los destruyan o los reciclen cuando se puede llevar a cabo el reciclaje industrial. Estas podrían ser las responsables de los confinamientos clandestinos o los tiraderos a cielo abierto.

El principal riesgo, que es el incendio, lo enfrentan hombres como el comandante Benito, como algunos le dicen en la Estación No. 1, donde ha prestado servicio al Cuerpo de Bomberos desde hace 28 años.

Él ha vivido en carne propia los problemas provocados por la falta de regulación y el desinterés de particulares en este tema.

“Cuando yo llegué al incendio del 2018, estaba prácticamente deteniendo la lumbre para que no llegara al predio continuo, pero hubo un cambio en la dirección del aire, la radiación del fuego era muy alta y cuando estás a cinco metros de distancia el calor se vuelve insoportable. Era pelear contra las llamas, yo miraba a mis compañeros cómo no se rendían, mientras otros empezaban a mostrar un desgaste bárbaro por tantas horas trabajando y aun así seguían luchando”, recuerda.

“La ley es muy clara: los generadores de residuos peligrosos son competencia del Estado, así lo marca la ley federal, mientras que al Municipio sólo le competen los residuos sólidos orgánicos, que no son más que la basura que generamos en los domicilios o la que se producen en espacios muy grandes y que tienen esas características particulares, es decir, aquellos desechos que no tienen valor”, explica Solís.

Para evitar desastres como el incendio de hace casi tres años, existen procedimientos establecidos y estrategias de contingencia que no siempre se cumplen, sostiene.

Antes de iniciar operaciones toda compañía debe cumplir con procedimientos muy específicos, dentro de los cuales se establece un plan de contingencia, así como un informe de impacto ambiental, en los cuales debe considerarse la generación de residuos y prevenir situaciones de riesgo que representarán no sólo un daño al medio ambiente, sino un gasto de recursos públicos debido a que tras un incendio de desechos como el de Granjas de Santa Elena se requieren supervisiones de hasta un mes en el lugar afectado.

La labor de los bomberos no terminó al controlar el siniestro. Ortiz refiere que tras combatir el incendio regresaron a la escena para realizar recorridos constantes durante 30 días hasta liberar de riesgo la zona, además elaboraron análisis y reportes de Protección Civil y Ecología para determinar los daños causados al medio ambiente.

“La recomendación a los propietarios de estos predios, así como a las empresas, es que mejor dispongan de los residuos en espacios adecuados como el Relleno Sanitario. Desgraciadamente la basura es muy problemática, a veces trae consigo combustibles, químicos y otros residuos que no únicamente contaminan el ambiente, sino que también pone en riesgo vidas y nos compromete a nosotros”, expresa seguro de que si se hace cumplir la normativa, habrá menos posibilidades de incendios de esa magnitud.

Ardió una mala decisión

En Granjas de Santa Elena ardieron día y noche restos de hule, esponja y piel sintética que, de acuerdo con vecinos del lugar, provenían de una maquiladora. La empresa se deslindó, dijo que entregó ese desperdicio a una compañía cementera, la que no le dio la disposición convenida a los desechos.

Anteriormente ese depósito se había incendiado en 2015, indican datos periodísticos.

El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, explica que entonces el predio era usado de manera clandestina para depositar materiales y que el propietario fue multado por el incendio de 2015.

La jefa del Departamento de Planeación Ecológica, Cristina Arteaga, aseguró que en ese terreno se acumularon por una década, aproximadamente, desechos de la industria maquiladora, en este caso vestiduras de asientos para vehículo.

Después del incendio la autoridad local trabajó en coordinación con las empresas que habían generado esos residuos en la remediación del daño, y el predio ahora está limpio, expone Arteaga.

El pasado mes de febrero El Diario hizo un recorrido en la zona y encontró que efectivamente este predio está limpio, pero en un terreno de enfrente se almacena material de desecho de la maquiladora que corre el riesgo de incendiarse.

En esa propiedad aledaña se acopian principalmente desechos de vestiduras de auto, pese a que apenas en enero de este año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó una multa al propietario del lote por 20 mil pesos por la disposición del material en el terreno, reporta personal del área jurídica del Municipio.

El Gobierno estatal también impuso otra multa, pero las autoridades declinaron proporcionar detalles.

Arteaga explica que cuando el Municipio ha detectado centros de acopio clandestinos impone infracciones al momento por acumulamiento de residuos, por no contar con permiso e incluso por material en la vía pública, y van de 20 a mil UMAs, que son de mil 792.4 a 89 mil 620 pesos.

Dice que este tipo de sanciones, por procedimientos administrativos e infracciones en el momento, se aplican más de 17 veces al año.

Esas multas se establecen en el Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Juárez, sin embargo, corresponde a las autoridades estatales y federales aplicar otras sanciones en el área de su competencia, destaca.

Falta coordinación oficial: maquila

Ante la situación, empresas maquiladoras aseguran que es fundamental que tanto Gobierno del Estado como Municipio trabajen con una mayor coordinación para garantizar el cumplimiento de la ley con el fin de evitar la creación de tiraderos clandestinos y más compañías se sumen a la responsabilidad del cuidado del medio ambiente.

Ana Martínez Guillén, coordinadora del área ambiental de la empresa Harman de México, explicó que como parte de sus procesos para un manejo adecuado de sus residuos no sólo llevan una bitácora de qué tipo de material y cantidad sale de la planta por turno, sino que además realizan visitas de verificación sorpresa a las recicladoras contratadas para conocer el destino final de sus residuos.

La compañía cuenta con un promedio de ocho líneas de producción entre sus dos plantas, así como 32 células y alrededor de 3 mil 900 empleados en esta ciudad, según se explicó.

“Harman es considerado un generador grande. Por mes se desechan 110 toneladas de cartón, 40 mil kilos de plástico, 20 mil kilos de metal y cerca de 2 mil kilos de aluminio, además de 22 mil kilos de basura común. Eso nos obliga a buscar compañías autorizadas por el Estado y Municipio para el correcto manejo de los residuos, que estas recicladoras cuenten también con sus planes bien definidos y transportes en regla”, comentó.

“Lo primero que hacemos para asegurarnos que todo nuestro residuo tenga un destino adecuado es basarnos en el cumplimiento legal de la recicladora, mientras que por otro lado hacemos auditorías aleatorias, a través de un formato que nosotros tenemos para acudir de manera constante a las instalaciones de estas empresas para ver la condición de la maquinaria, que cuenten con equipo contra incendios y dar un seguimiento a nuestros desechos”, agregó.

Para Martínez Guillén, las empresas maquiladoras deben cerciorarse del destino de sus residuos, además de que la recicladora contratada cuente con la capacidad suficiente para disponer de los desechos.

Mientras que por otra parte, señaló la importancia que deben jugar los departamentos de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS, por sus siglas en inglés), pues mantener a personal no calificado o sin los conocimientos legales puede provocar serios daños a la ciudad.

“No todas las plantas manejan un coordinador ambiental por separado, aquí en Harman sí tenemos un responsable para cada una de las áreas de EHS, tan sólo para el tema ecológico; puedo decir que somos 13 personas las que atendemos todo lo relacionado al ambiente, porque entendemos que hay una responsabilidad compartida”, explicó.

“El no tener gente calificada te hace caer en incumplimientos legales, no tener la capacitación adecuada o los conocimientos de la ley también genera un mal manejo de los residuos y un daño al ambiente”, agregó.

A pregunta expresa de quién tiene una mayor responsabilidad, Martínez Guillén reiteró que debe existir un compromiso compartido entre los grandes generadores, las recicladoras y la autoridad misma, por lo que llamó a trabajar con más coordinación.

“No todas las industrias se enfocan en seguir residuos, algunas tienen la mentalidad de fabricar sólo piezas, pero hay que ser puntuales con la ley. Otra parte es el Gobierno, para que dé seguimiento a las denuncias y clausuras a quienes no están cumpliendo”, afirmó.

“Creo que la autoridad está fallando pero porque no tienen la capacidad suficiente de personal para hacer inspecciones y dar seguimiento a los trámites, porque incluso para un permiso tardan hasta tres meses en contestar porque los procesos están muy centralizados. Hace falta que tanto el Estado como el Municipio trabajen en conjunto y apliquen reglas parejas para todos”, concluyó.

Lo que no se hace

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el ente encargado de tramitar el aviso sobre los materiales importados, los residuos peligrosos generados retornados al país de origen y los no retornados (reciclados en México).

Como explica anteriormente Mario A. Hernández, socio líder del segmento IMMEX de KPMG en México, las maquilas contratan empresas que les brindan el servicio para la disposición final de los desechos que deciden dejar en territorio nacional. 

De acuerdo con Gibrán Solís, antes de que una compañía de este giro cuente con el espacio físico donde operará, la empresa está obligada a avisar a la autoridad qué va a fabricar, qué materiales va usar, dónde realizará su producción, con cuántas máquinas, qué procesos va a aplicar y sobre todo, qué residuos va a generar, información que debe presentar también ante la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).

“Ya en operaciones, en el plan de manejo de residuos especiales, que es obligatorio para todas las empresas consideradas como grandes generadores, se debe establecer cómo se van a manejar esos desechos, porque es una responsabilidad ambiental”, explica.

Un generador de residuos “grande” es aquel que produce hasta diez toneladas o más al año de un desecho.

Y aunque la misma ley les permite a estos generadores (industria maquiladora) disponer de recursos propios para el correcto manejo de los residuos, esto no siempre es económicamente viable, dado que se requiere inversión, personal especializado y espacios adecuados.

“No es viable que la misma empresa maneje sus residuos, porque si te dedicas a hacer termos, por ejemplo, toda tu plataforma, materiales, recursos y espacios físicos los vas a destinar a eso, pero el residuo es una consecuencia de tu actividad principal. Claro que habrá quien sí lo pueda hacer, sin embargo no siempre es viable, porque esto es una industria completamente distinta y por lo tanto tendrías que crear toda una plataforma, procesos y destinar espacios de tu nave industrial para manejar la basura”, indica.

“¿A dónde voy con esto? La maquiladora está sujeta a certificaciones internacionales de seguridad, medio ambiente, calidad, entre muchos otros, así que si la empresa quiere dedicarse también al procesamiento de su basura debe cumplir también con todos sus estándares, por lo que el costo puede llegar a ser igual o hasta más caro que la elaboración de su producto principal”, detalla.

Las leyes mexicanas brindan a las empresas la opción de contratar a proveedores autorizados que deben garantizar a la compañía el cumplimiento de su plan de manejo, sin embargo, esto no exime a la industria maquiladora de responsabilidades.

“Hay una obligación solidaria por parte de estas empresas, es decir, que el generador nunca pierde la responsabilidad de sus residuos y la ley fue muy previsora en esa parte, porque esto está establecido desde el ‘88, así que no existe una salida exprés para nuestro problema actual”, destaca.

Solís señala que lo previamente expuesto forma parte del “deber ser”, es decir, “el mundo ideal”, en donde, la maquiladora y autoridades no deberían correr el riesgo de que aparezcan tiraderos clandestinos o que un mal manejo de estos residuos genere un impacto ambiental de grandes magnitudes, como el ocurrido en mayo del 2018, cuando una recicladora abandonada al sur de la ciudad se incendió, dejando severos daños.

“Todo esto ocurre porque se brincan las responsabilidades y no se bajan las instrucciones como debería ser. Un ejemplo de esto es que en muchas ocasiones, los departamentos de EHS de las maquilas no tienen una verdadera gerencia, a pesar de la importancia que tiene el medio ambiente y las campañas mundiales que hay, tristemente, cuando en las decisiones entra el tema económico, la ecología siempre pierde”, dice.

“Cuando este departamento de EHS se deja a personal de Recursos Humanos, a la gerencia de Materiales o de Calidad y muchos casos hasta en manos de enfermeras o médicos sólo para cumplir con los permisos, se corre un riesgo, porque en ocasiones estas personas no son adecuadas por desconocimiento de la ley o no tienen una capacitación adecuada que les permita tener un mejor panorama y completo sobre las obligaciones legales para el correcto manejo de los residuos, todo por no pagar una gerencia”, manifestó.

“Hay muchas empresas que la verdad sólo se enfocan a producir más, con mayor calidad, pero a menor precio, sólo quieren tener los permisos, y si a eso le sumas otros monstruos como el Departamento de Finanzas que al final toman las decisiones, tenemos como resultado malas elecciones en la contratación de servicios en su búsqueda por economizar aún más”, añade.

El presidente de la Asociación de Recicladores de Juárez explica que la operación de este tipo de empresas tiene un costo administrativo que es regulado con las mismas leyes y normas que la maquiladora.

“Al final del día somos una industria más y cuesta operarla, y también tenemos responsabilidades para cuidar el impacto ambiental. Pero en este camino se van a encontrar a los informales, quienes pueden ofrecer tal vez una mayor ganancia a la maquiladora, pero el riesgo es que ellos no cuentan con todo un proceso que permita darle un destino final a todos los residuos; se deshacen del residuo sin valor en donde pueden y así aparecen estos tiraderos clandestinos porque no cuentan con el capital para pagar al Relleno Sanitario”, advierte.

Refiere que en Juárez el único espacio para depositar ese desecho es el Relleno Sanitario, que cobra una tarifa por arriba de los 300 pesos por metro cúbico.

“Así que estamos hablando de cientos de miles de pesos por mes sólo para ingresar el residuo”, explica.

El director de Grupo AGA comenta que otro de los problemas es que la industria maquiladora carece de miedo a las sanciones a las que pueden ser sujetas, por lo que encuentran diferentes alternativas para seguir operando, aun cuando puedan incurrir en faltas a la ley.

“Lo hemos visto en auditorías, varios gerentes de plantas comparan el costo de las multas con lo que les cuesta hacer las cosas bien, y al ver el resultado, prefieren destinar presupuesto para pagar la infracción el próximo año, por lo que siguen haciendo sus procesos sin cambios. Claro que no en todas las empresas sucede, pero sí en gran parte de ellas”, señala.

“Al Estado le da miedo multar a la maquila, o no saben o no pueden, y esa autoridad, que es la que debe generar esa presión y mantener esa presencia, ha permitido que el control lo tenga el juarense que decide a qué empresa contratar para deshacerse de su basura”, asegura.

Sí existe supervisión: Sedue

Salvador Barragán, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en Ciudad Juárez, señaló que la principal responsabilidad de dicha instancia es mantener un control y supervisión de los residuos especiales0.

“Realmente nuestro enfoque es adelantarnos y prevenir. Hay alrededor de 250 empresas que están registradas debidamente ante nosotros para llevar a cabo sus procesos de inspección y actualización; en esta revisión se verifica la disposición de esos desechos. Hay otras 120 empresas registradas ante nosotros que tienen la actividad autorizada de poder ir por estos materiales y llevarlos a un centro de disposición final”, dijo.

El funcionario indicó que es esencial identificar el tipo de residuos que se genera debido a que no todos son competencia del Estado. Existen aquellos desechos considerados tóxicos o infecciosos, cuya responsabilidad en el correcto manejo de los mismos recae en instancias federales, mientras que otros, como los generados por zonas habitacionales y comerciales, son atribuibles al Municipio.

“En este caso lo que se requiere cuando se brinca la raya es estar en coordinación. Tenemos una buena relación con estas áreas de Gobierno para estar vigilando que se cumpla lo que a cada área le compete; además de que es muy importante contar con la denuncia ciudadana cuando se presenten situaciones de tiraderos clandestinos, eso ayuda mucho para saber en dónde está ocurriendo la problemática”, comentó.

De acuerdo con información de la dependencia, en lo que va de la actual administración cerca de 300 sanciones son las que Sedue ha aplicado tanto a manejadores como a generadores de residuos especiales en esta ciudad, sin especificar qué tipo de infracción se giró contra estas empresas. Sin embargo, se dio a conocer que en los últimos dos años la mayoría de las multas habrían sido contra compañías recicladoras, principalmente por no realizar su regularización con base en los períodos marcados en la ley. 

“Es muy importante continuar con las campañas de prevención y capacitación, porque hay aspectos que van más allá de un simple programa. Siempre lo que se busca es evitar repercusiones por estos tiraderos clandestinos y proteger el medio ambiente, pero también es fundamental que las empresas respeten estos lineamientos y tengan todos sus permisos en regla, así que es una labor compartida”, comentó Barragán Flores.

“Tenemos que buscar soluciones conjuntas porque el problema va más allá del ámbito de competencia de cualquier autoridad. Es necesario informar a la comunidad de los riesgos y los problemas que hay por generar basura en predios no destinados para eso; por nuestra parte hay que reforzar las acciones para vigilar que se cumpla la ley y actuar en donde haya huecos”, agregó. 

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