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Juárez

Gómez Morín

Ataca protesta Corral con golpes, policías y cárcel

Gobernador recurre a la violencia para reprimir a manifestantes contra la troncal y candidata priista; fueron 11 los detenidos

Eduardo Lara
El Diario de Juárez

martes, 13 abril 2021 | 07:42

El Diario de Juárez | Agentes someten y esposan a Adriana Fuentes, quien fue golpeada y arrastrada Omar Morales / El Diario de Juárez | Con collarín y una mano vendada, tras ser liberada la tarde de ayer

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Ciudad Juárez— Con uso excesivo de la fuerza, decenas de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) sometieron y arrestaron a un grupo de ciudadanos que se manifestaban contra la construcción de la ruta pretroncal en la avenida Manuel Gómez Morín.

Los detenidos, entre los que se encontraba la candidata del PRI a la Presidencia municipal, Adriana Fuentes Téllez, fueron agredidos por agentes armados que para dominarlos los golpearon, tiraron al suelo y arrastraron, según denuncias.

Mientras esposaban a los manifestantes, los oficiales les pusieron la rodilla sobre la espalda y una vez inmovilizados los subieron a patrullas.

Fuentes Téllez fue liberada por la tarde, sin embargo fue trasladada en ambulancia a un hospital privado ya que resultó con lesiones en cuello, ambos brazos y una pierna.

En total fueron 11 los detenidos por obstruir las obras, delito contemplado en el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Desde hace casi tres semanas los manifestantes montaron un campamento sobre el camellón de la avenida Gómez Morín para impedir que se construya el carril confinado, obra que a decir de los inconformes no cuenta con permisos de construcción ni los estudios de impacto ambiental.

Cerca de las 05:30 horas de ayer, apoyados por un grupo de policías estatales que llegó a bordo de 12 patrullas, trabajadores de la constructora encargada de la obra comenzaron a excavar el camellón central de la avenida Manuel Gómez Morín, pese a la presencia de los opositores al proyecto de transporte colectivo Bravobús.

Esto provocó la molestia de los manifestantes y posteriormente la confrontación con las autoridades.

Ricardo Melgoza, uno de los integrantes del grupo “No al carril confinado” recriminó el actuar de los elementos policiacos tras la detención de varios de sus compañeros, obligando a los manifestantes a retirar los campamentos instalados sobre la Gómez Morín.

“El gobernador gasta dinero que podía usarse en otras cosas, bastaba con que se hubieran modernizado las unidades de transporte. ¿Por qué no lo hizo?, ¿por corrupción? Eso lo tiene que contestar él”, afirmó.

Agregó: “Nos traen la fuerza pública para agredirnos, en vez de usarla para combatir a la delincuencia. Además la obra no tiene permisos, esto es una ilegalidad por parte del gobernador, quien ahora sí se lleva la etiqueta de opresor. Vamos a buscar alguna parte donde podamos manifestarnos y decirle a Corral lo que es”.

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, indicó que la intervención de los elementos de la CES fue a petición de las empresas encargadas de la obra, que requiere ser terminada antes de que concluya la actual administración estatal.

“Esta conducta desplegada por diversas personas para exponer su oposición a la ruta pretroncal encuadra una serie de disposiciones legales a las que no hubiéramos querido llegar porque hemos estado abiertos al diálogo. Se procedió al retiro de los manifestantes y todo se llevó a cabo conforme a derecho, es lo que teníamos que hacer, después de meses de intentar hacer entender a estos grupos”, dijo.

El gobernador Javier Corral aseguró que los trabajos iniciados para la ruta pretroncal Gómez Morín cuentan con todos los permisos para su realización.

Sobre los detenidos, dijo que todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, en donde se les abrió una investigación por “varios delitos”, en tanto que el Ministerio Público comenzó las diligencias de ley.

De acuerdo con el artículo 280 del Código Penal del Estado, el impedimento de ejecución de una obra o trabajos públicos puede conllevar a condenas de seis meses de trabajo comunitario, mientras que si el delito es cometido sin violencia por varias personas de común acuerdo, la sanción puede ser de tres meses a un año de prisión; pero de existir violencia, la pena puede alcanzar los dos años de cárcel.

La subcoordinadora ejecutiva de Gabinete, Alejandra de la Vega, expresó que desde hace meses el Gobierno del Estado ha sostenido diálogo con diferentes sectores para explicar los avances de las obras, asegurando que existe un compromiso no sólo por terminar los proyectos, sino también con la Federación por los recursos implicados.

Jesús Salayandía, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez, lamentó los hechos ocurridos ayer, señalando que la confrontación con las autoridades reflejaba una “falta de socialización” de los proyectos, pidiendo que se dejen de politizar temas como la obra pública. “El Gobierno no ha tomado en cuenta a la sociedad, no hay ese proceso de integración, hicieron muy tarde ese trabajo, y estaremos muy atentos a esa situación en las próximas semanas y meses”, dijo.

elara@redaccion.diario.com.mx

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