Cumplen partidos con representantes de casilla capacitados

Los partidos políticos y coaliciones que participan en el proceso electoral ya capacitaron a la mayoría de los ciudadanos que serán representantes de casilla de partidos políticos en la jornada electoral del 2 de junio.

Por ejemplo, la coalición PRI-PAN-PRD prevé la inscripción de al menos 10 mil ciudadanos como sus representantes en las urnas que se colocarán en esta frontera, de los cuales el 70 por ciento ya se encuentra capacitado.

Cifras similares presentará la coalición MORENA-PT-PVEM, con otros 10 mil representantes que vigilarán las casillas en la próxima jornada electoral.

Solamente en Juárez se instalarán 2 mil 349 mesas de recepción de votos que también incluyen la presencia de hasta 9 funcionarios de casilla en cada una. En el distrito 01 se instalarán 533 casillas en el que se prevé la participación de 4 mil 797 ciudadanos como funcionarios de casilla; en el distrito 02, serán 543, con 4 mil 887 funcionarios; en el distrito 03, se habilitarán 645 casillas con 5 mil 805 ciudadanos integrados y en el distrito 04, 628 mesas, con 5 mil 652 funcionarios de casilla.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Modelo para la Operación del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representaciones Generales y ante Mesas Directivas de Casilla (MDC) de los partidos políticos y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Este modelo fija las directrices para el registro de representantes, marca las premisas de cada etapa y garantiza el cumplimiento de los plazos legales, al optimizar el cruce de información y facilitar a los partidos políticos y a las candidaturas independientes conocer el estatus de cada una de las solicitudes registradas, lo que permitirá fortalecer la eficiencia de este proceso.

El Consejo General del INE estableció un modelo para que el proceso de registro de representantes de casilla sea más eficiente. El modelo establece medidas para inhibir la injerencia y/o participación de servidores públicos operadores de programas sociales, así como de las denominadas personas servidoras de la nación.