Juárez

Condenan supuestas agresiones de alcalde de Samalayuca vs activistas

Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen a los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de las agraviadas

Tomada de Internet

Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez

lunes, 30 septiembre 2019 | 14:50

Samalayuca.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron las agresiones que presuntamente hizo el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, en contra de las hermanas Lydia y Yina Lizzette Granados Corral a través de la red social Facebook, por lo que exigen a los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de las activistas agraviadas.

El pasado domingo Meléndez Cardona difundió en su cuenta el mensaje:

“Los principales activistas, las hermanas Granados Corral, que se escudan en el seudónimo GRACO y que lanzan consignas ‘no a la mina, sí a la vida’, también son las que están contra las corridas de toros y peleas de gallos, esto no tendría nada de malo, es su punto de vista y muy respetable, pero resulta incongruente que sean las mismas que apoyan el aborto y arguyen que truncar una vida humana, es un derecho”, compartió.

Luego de publicar el mensaje, fueron suscritos insultos contra ambas mujeres, ya que el mensaje fue compartido por familiares y seguidores del servidor público, que, aconsejado por sus amigos decidió eliminar la publicación durante el transcurso de la madrugada de este lunes.

Meléndez Cardona dijo a El Diario que él no está atacando a las hermanas Granados Corral en ningún sentido. 

“No es un señalamiento misógino de mi parte, simplemente estoy expresando una opinión que me parece incongruente que la consigna sea ´no a la mina, sí a la vida´ y por otro lado promuevan la legalización de la práctica del aborto”, insistió. 

“Ahí es donde, en mi punto de vista, digo que es una incongruencia, pero no las estoy señalando ni las estoy atacando por el hecho de estar en una posición contraria al proyecto minero de Samalayuca”, sostuvo. 

El servidor público y principal impulsor del proyecto minero en el ejido La Gloria dijo que él también es víctima de ataques en las redes sociales y la mayoría provienen de defensores de derechos humanos.

“Yo también he sido víctima de señalamientos dado que en México existe la presunción de la inocencia y a mí se me ha acusado, juzgado y sentenciado como ecocida, cuando no ha sucedido en términos reales ninguna situación que tenga que ver con el deterioro al medioambiente”, dijo Meléndez Cardona. 

Las organizaciones sociales y colectivos como “Hijas de su maquilera madre” han ofrecido su solidaridad a las hermanas Granados Corral, ya que han sufrido una serie de ataques y amenazas por su activismo social.

En la denuncia pública, las organizaciones acompañantes afirman que el funcionario publicó los rostros de ambas mujeres, acción que debe entenderse como una agresión directa pues con esto se produce y reproduce una exhibición y descalificación continua desde la autoridad sobre el trabajo que realizan las defensoras al pronunciarse en contra de la mina, colocándolas en una situación tanto de riesgo como de vulnerabilidad.

“Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que cesen los ataques hacia defensores de derechos, ya que al día de hoy suman 29 defensores y defensoras de la tierra y el territorio asesinados/as”, agregaron.

Las organizaciones civiles demandaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, piden el cese de agresiones por parte del presidente seccional, así como evitar que se ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas que defiendan los derechos ambientales y sancionar la constante descalificación y criminalización por parte del Estado mexicano hacia las personas defensoras.

“En este contexto, instamos al alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, así como los titulares del ejecutivo estatal y federal para que cesen este tipo de ataques y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos frente a cualquier tipo de agresiones realizadas por funcionarios públicos”, puntualiza el documento firmado por el Instituto Para la Ciudad y los Derechos Humanos A.C. y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.