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Estado
jueves, 06 febrero 2020 | 12:43
Ciudad Juárez— La contratación en Gobierno del Estado de Luis Carlos Casiano Corral, sobrino del gobernador Javier Corral, se registra mientras la misma administración ejecuta una política de despidos que, de acuerdo con archivos periodísticos, ha afectado a cientos de trabajadores.
El caso más reciente fue la desocupación de alrededor de 50 personas de la Subsecretaría de Desarrollo Social, cuyo titular, Ramón Galindo, argumentó que obedecía a la intención de ahorrar 6 millones de pesos en 2020 a través de este tipo de recortes.
Antes, a finales de 2018, el representante del gobernador en Juárez, Mario Dena, había señalado que 150 personas despedidas en esta frontera eran parte de más de 2 mil trabajadores del Gobierno cuyos contratos habían sido concluidos en toda la entidad.
“Es debido al desfalco que el Gobierno anterior nos dejó; hay un déficit presupuestario muy amplio”, dijo Dena entonces, de acuerdo con lo que reportó El Diario.
Casiano Corral, que es hijo de Patricia Corral Jurado, fue contratado el 6 de enero de 2020 por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), con un sueldo superior a los 25 mil pesos mensuales, reportó El Diario el pasado 4 de febrero.
La publicación agregó que funge como coordinador del Centro de Servicio, que opera la línea de atención al cliente 071, ubicada dentro de la planta Conejos-Médanos, según la respuesta de Transparencia con folio 009702020.
Desde enero de 2017, al difundir el denominado “decreto de austeridad”, el Gobierno del Estado anunció la intención de reducir el gasto en salarios como parte de una política de ahorros. “Las dependencias y entidades se abstendrán de contratar personal adicional eventual, por honorarios o cualquier otra modalidad, para desarrollar funciones no sustantivas”, indicó el decreto.
“Así también, se procederá al ajuste de personal en aquellas áreas en donde la reducción se justifique plenamente y no afecte el funcionamiento sustantivo de las dependencias”, agregó el texto.
En septiembre de 2018, el gobernador anunció además un “proceso de adelgazamiento de la nómina estatal con el objetivo de hacer la administración más eficiente” y que, se reportó, reduciría la plantilla laboral en un 20 por ciento.
Una petición de información difundida por este medio en ese contexto mostró que el Estado había acumulado para diciembre de ese año 339 demandas por despidos injustificados.
Los ceses, sin embargo, no derivaron en adelgazamiento de la nómina ni en ahorros, como también documentó este medio, que en junio pasado publicó que, entre diciembre de 2016 y ese mes, el Gobierno estatal había sumado 628 posiciones nuevas a su personal.
“De tener 13 mil 103 empleados a finales de 2016, las distintas áreas de la administración acumulan, para este año, 13 mil 731 trabajadores en todo el estado”, reportó El Diario, que agregó que la Coordinación de Comunicación Social había aumentado el personal hasta un 35 por ciento.
El gasto en salarios tampoco ha disminuido y, como indica el Presupuesto de Egresos, este 2020 se destinarán 220 millones 853 mil pesos más al renglón de servicios personales.
“Lo que decían los compañeros del área de administración es que iban a meter más gente afín a sus ideas políticas; yo entré sin participación de ningún partido”, comentó Jazmín Cano, que trabajó como reportera para el área de Comunicación Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social y que fue despedida el 31 de diciembre.
“Lo que me molestó es que fue una forma injusta de sacarnos, porque hay compañeras que son cabeza de familias y dependían otras personas de ese sueldo”, agregó la exempleada.
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