Procesan a 4 invasores de casas; se arreglan con 9

Chihuahua.- Trece personas que invadieron viviendas del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado comparecieron ayer ante un juzgado local. Estuvieron acompañados por decenas de vecinos que llegaron en marcha hasta la Ciudad Judicial. Además trascendió que hay más personas citadas para audiencias próximas.

Sólo cuatro se mantuvieron para atender la acusación de despojo simple, que contempla sanciones de 6 meses a 5 años de prisión, y regresarán el martes para conocer si son vinculados o no a proceso penal.

Ellos son Claudia Ivonne G. N., y Miguel Alberto M. M., quienes habitan el número 2233, y Juan Manuel A. V., y Guadalupe P. B., del número 2241, ambos en la calle Derechos Humanos de ese fraccionamiento, construido en la administración del hoy prófugo de la justicia César Duarte y que sería destinado a trabajadores del Estado sin que se haya concretado ese plan.

Los otros nueve aceptaron dejar las casas el próximo 30 de septiembre para evitar la acción penal, pero deberán acudir nuevamente ante el juez el 1 de octubre a las 8:45 de la mañana para verificar que hayan abandonado los inmuebles. En caso de no haber cumplido, se reanudará la acusación en su contra, les advirtió la juez Delia Valentina Meléndez Olivas.

Éstos últimos entregarán las viviendas marcadas con los números 2222, 2221, 2239, 2247, 2250, 2221, 2213, 2250 y 2239.

La audiencia duró 5 horas, tiempo en el que se llegó al acuerdo abreviado para quienes aceptaron devolver las casas, y para leer los datos que tiene el Ministerio Público para presumir el delito contra las personas que seguirán el proceso.

Debido al alto número de presentados, tuvieron que cambiar a una sala más grande, a la que no ingresó público ni prensa. Ahí se dio a conocer que Pensiones presentó demanda formal el 23 de enero tras darse a conocer públicamente que habían invadido esas casas.  

Entre los presentados hay personas con escolaridad de secundaria y preparatoria terminada, una pensionada del Issste, un trabajador de tianguis, varias amas de casa, un electricista y una empleada doméstica, entre otros, con salarios que van de los 800 a los 5 mil por semana, según le indicaron a la juez al dar a conocer sus datos.

Todos ellos son señalados por despojo al habitar viviendas que legalmente no les pertenecen, propiedad del Gobierno del Estado, construidas en la administración pasada para ser vendidas a burócratas.

Durante la audiencia se congregaron en el exterior del juzgado decenas de manifestantes en apoyo a los detenidos y que estaban en proceso, y exigir precios y plazos accesibles para adquirir las viviendas.