Narcoguerra vacía comunidades

Chihuahua.- Debido a la disputa de los grupos del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, comunidades serranas como Atascaderos, Baborigame, Coloradas de la Virgen en Guadalupe y Calvo, Las Varas en Madera y El Manzano en Uruachi, entre otras, se están quedando sin habitantes, muchos de ellos obligados a dejar sus tierras y casas por la delincuencia y otros simplemente por el temor a que un día lleguen las amenazas, señaló la titular del Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas del Estado, Concepción Cruz.

Reconoció que aunque se brinda atención, se encuentran rebasados ante las solicitudes de los líderes indígenas que piden ayuda, “No tenemos ni la infraestructura, ni el personal, pero poco a poco se han diseñado estrategias de atención comunitaria que han iniciado a dar resultados”.

En el Caso de El Manzano, más de 100 personas fueron desplazados por la violencia tras un enfrentamiento que se dice duró más de un día, en el que grupos rivales querían quedarse con sus propiedades, con las mejores tierras y con el agua para el cultivo de drogas.

Los integrantes de esta comunidad, que tiene medidas cautelares, han sido apoyados con vivienda, trabajo, servicios y alimentos, situación que ha generado un gasto importante para Gobierno estatal y federal.

Explicó que una práctica común de muchas personas que prefieren quedarse y no abandonar sus casas, es que se unen al crimen organizado, “no les queda otra opción más que trabajar para ellos, aunque los más jóvenes son los que prefieren irse para no ser reclutados”.

Además, comentó que el problema no sólo es la falta de recursos y la incapacidad de sacar a toda la gente de sus comunidades, sino que muchas de las personas no quieren salir y no ven como opción vivir en otra parte que no sea el campo.

“Lamentablemente muchos de los afectados habitan el triángulo dorado. Son corredores de droga que están en las fronteras con Sonora, Sinaloa y Durango, zonas de difícil acceso y de vulnerabilidad altas para la población”.

Cruz dijo que otro de los problemas que se presentan es que las propias instituciones tienen miedo de ir a este tipo de comunidades, por lo que se hacen esfuerzos importantes para llevar algunos programas de gobierno.

“Hay personas que aún no están registradas; también se batalla para que el propio Ministerio Público vaya a estas regiones, porque se identifica a quien entra y sale. No podemos sacar a las familias porque las ponemos en un riesgo mayor”.

Otro de los casos que generó un impacto social importante, fue el de una familia desplazada por violencia de Meoqui y Delicias en el año 2009.

En total, alrededor de 90 personas dedicadas a la producción de nuez fueron sacados de su lugar de residencia por varios homicidios y secuestros de los que fueron víctimas, además de saqueo y pérdida propiedades.

Ellos están representados directamente por la CNDH. En este caso, varios de los integrantes han regresado, pero la mayoría se encuentran residiendo en otros estados del país.

“En muchas comunidades ya no hay posibilidad de regresar, porque además la delincuencia quema y daña las propiedades, cercan y se apoderan del poco o mucho ganado que tenían”.