Liberan a presos de guerra por el agua

Chihuahua— Un juez federal otorgó anoche la libertad condicionada a los tres agricultores de La Cruz presos durante la “guerra” por el agua de la presa La Boquilla: Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, informó su abogado defensor, Maclovio Murillo Chávez.

Fue alrededor de las ocho de la noche cuando formalmente la Fiscalía General de la República (FGR) desistió del delito de acopio de armas, por lo que en una audiencia fijada a última hora se les dictó sentencia a los tres y se ejecutó horas después, cerca de la medianoche.

El pasado 23 de octubre, después de 13 meses de conflicto, la gobernadora Maru Campos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y productores chihuahuenses de la región centro-sur del estado, firmaron un acuerdo para concluir la confrontación por el agua de la presa La Boquilla. 

Campos Galván y López Hernández firmaron el convenio para establecer un marco de paz y canales de comunicación con el fin de fijar por las vías legales la preliberación de los productores que se mantienen presos por el problema del agua, así como retirar el bloqueo de las instalaciones de La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos.

El licenciado Murillo dio a conocer ayer que, al desistirse la FGR, como se le había solicitado semanas atrás, del único delito que ameritaba una pena mayor, de inmediato se dictó la libertad por el juez de Control penal federal que estaba de guardia ayer por la noche.

Los tres agricultores fueron sentenciados a dos años con tres meses de prisión por los delitos de posesión de cartuchos y obtención de uniformes del Ejército Mexicano, derivado por el conflicto del agua suscitado el año pasado.

Presos desde el 9 de septiembre de 2020 en la vieja penitenciaria del estado de la avenida 20 de Noviembre de la capital, al no actualizarse el delito de acopio de armas, se les otorgó el beneficio de la libertad condicionada.

Apenas el pasado 22 de noviembre, la jueza del Centro de Justicia Penal Federal, Cristina Lozoya difirió para el próximo 13 de diciembre a las 10:15 horas la celebración de la audiencia intermedia de los acusados bajo la causa penal 186/2020.

Los primos Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera comparecieron ese día en los tribunales federales de la avenida Mirador y Washington representados por el abogado Maclovio Murillo, quien en esa ocasión solicitó a la jueza tiempo para esperar una respuesta de la FGR en la ciudad de México.

Lo anterior a la petición que hicieron al Gobierno federal para que uno de los tres delitos que les fue formulado y por el que permanecen en prisión (acopio de armas) fuera retirado.

En la diligencia, los fiscales federales no mostraron inconveniente al diferimiento de la audiencia intermedia, por lo que se abrió una posibilidad para que los agricultores pudieran obtener su libertad.

“Estamos muy contentos de esta resolución de la justicia federal, nos da mucha esperanza de que pronto tengamos en libertad también a Andrés Valles”, expresó Murillo momentos antes de la liberación de los acusados de La Cruz.

Explicó que en la audiencia celebrada anoche, “atendiendo al deber de lealtad de las partes y tras que la FGR mostró su voluntad por procurar justicia con respeto a los principios de objetividad y legalidad”, el juez federal, Javier Antonio Mena Quintana, decretó el sobreseimiento parcial de la causa, con efectos de sentencia absolutoria en favor de los acusados.

Esto en lo que se refiere al delito que implica la posesión de más de cinco armas de uso reservado a las fuerzas armadas.

“Previamente, la defensa de los imputados había demostrado fehacientemente ante la FGR que los 18 artefactos que les fueron encontrados en su poder, no tenían técnicamente la condición de ‘granadas’, pues se trataba de contenedores o latas de gas, no letales, que se usan para controlar masas en disturbios civiles que obviamente no son aptos para la guerra y, por ende, no son de uso reservado a las fuerzas armadas”, aseveró. “Y debido a eso, su posesión, aunque en este caso eran en un número de 18, no constituye el delito de acopio de armas”.

Antes de concluir la audiencia, informó, pudo pactarse la celebración de un juicio abreviado donde a los acusados se les sentenció sólo por la posesión de cartuchos de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, así como la recepción de uniformes para esas instituciones, con lo que pudieron obtener una pena mínima de solamente dos años con tres meses, logrando la suspensión de esa pena a virtud de que se consiguió el otorgamiento de la condena condicional mediante el pago de una fianza de mil pesos, tomándose en cuenta su condición económica y todo el tiempo que llevaban presos.

El abogado Murillo señaló que, en el caso del otro preso por la guerra del agua, Andrés Valles, es muy posible que prosperen los recursos presentados para lograr algo similar, es decir, el retiro de cargos parcialmente y la posibilidad de que mediante un procedimiento abreviado recupere su libertad en las próximas semanas. (David Piñón Balderrama / El Diario)