Exigen senadores renuncia de Garduño

Este miércoles fue presentado el informe final del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo 2023 en la Estación Migratoria Lerdo–Stanton, del que surgen como recomendaciones a la Secretaría de Gobernación la elaboración de una nueva política migratoria en el país.

“Porque la que se está aplicando no está funcionando y ha costado la vida de muchos migrantes”, dijo la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Benavides Cobos.

“Para nadie es ajeno que las personas migrantes en nuestro país son víctimas de la delincuencia, objeto de trata, secuestro y además de ello violaciones a sus derechos humanos por parte de diversas autoridades y es una realidad que nos debe avergonzar”, planteó

Los senadores coincidieron en que los graves hechos son vergonzosos para el país y se pudieron haber prevenido, pero no fue así, por lo que Emilio Álvarez Icaza y Beatriz Paredes coincidieron en exigir la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, “sin menoscabo de las responsabilidades penales en su contra”, dijo Paredes.

El senador Rafael Espino de la Peña presentó el informe final y confió en que se llegará a un consenso para que en el documento se incluya una recomendación para que, de manera temporal, Francisco Garduño Yánez se separare de su cargo como titular del INM, en tanto se lleva a cabo la investigación por el incendio donde murieron 40 migrantes.

“En lo que todos coincidimos es que no puede estar desempeñando las labores de titular del instituto, mientras esté sujeto a un proceso de responsabilidad personal que lleva la Fiscalía General de la República, porque hay un evidente conflicto de interés”, expresó Espino de la Peña, quien es presidente del Grupo de Trabajo.

Crimen de estado

El documento final al que se le dio lectura aún tendrá algunas modificaciones que solicitó Álvarez Icaza, sean incluidas en los anexos como el hecho de que se le finquen responsabilidades a las autoridades municipales por ser las responsables de las redadas y quienes llevaron a los extranjeros a la estación migratoria. 

“Claro que hay elementos, las autoridades municipales tienen responsabilidades que asumir”, dijo el senador, quien insistió que la tragedia del 27M sea mencionada como crimen de estado y que se ponga en uno de los anexos el informe “No nos dejen morir aquí”, elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil como Fundación para la Justicia y DHIA. Y finalmente que se le exija la renuncia al cargo al comisionado Francisco Garduño Yáñez.

“El nivel del suceso lo obliga, no tendríamos que discutirlo”, dijo, al tiempo de cuestionar el hecho de que el servidor público sujeto a proceso ajusta su agenda para viajar a la ciudad con costo al erario y además trae consigo a la directora del Centro de Control y Confianza, Norma Alicia Hernández García, lo que cuestionó.

Este hecho lo documentó El Diario desde que inició el proceso penal contra el comisionado.

Espino de la Peña precisó que dicho informe contiene un resumen de las reuniones que se llevaron a cabo, así como la información que enviaron las organizaciones involucradas y los representantes de algunas víctimas y familiares.

Agregó que el documento se enviará a la Mesa Directiva y se solicitará que se publique en la Gaceta Parlamentaria. Además, confió en que sirva como información para que no se repitan estos hechos y para que los nuevos legisladores lo tomen en cuenta para crear políticas públicas que eviten situaciones como estas.

El senador calificó como “lamentable” que, a más de un año de haber ocurrido esta tragedia, y de que esta instancia haya girado las invitaciones correspondientes, los senadores no se pudieran reunir con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

“En diferentes ocasiones expresamos esta problemática, que sin duda afectó la profundidad de nuestro análisis e incidió en el reporte que estamos presentando”, indicó.

Señaló que el objetivo del Grupo, el cual era analizar y dar seguimiento puntual a los mecanismos de apoyo que se implementarían para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, las víctimas y sus familiares, se vio “obstaculizado por la falta de asistencia de las diversas autoridades encargadas de dar seguimiento a estos hechos”.

Pese a que reconoció la buena voluntad de las instituciones que accedieron a responder sus preguntas, aseguró que es necesario que cada autoridad cumpla con su deber y “lo menos que podemos hacer ante un caso tan lamentable –dijo– es hacer frente a la reparación del daño e investigar las causas que originaron esta tragedia”.

Consideró que “es increíble” que antes de que se registraran estos hechos, donde murieron 40 migrantes, ocurrieron ocho incidentes de incendios en otras estaciones migratorias, pero “lo más grave” es que se tenga el registro de uno en el mismo lugar en 2019 y que a pesar de haber contado con esos precedentes no se hayan fortalecido las labores necesarias para evitar que estos hechos ocurrieran.

“Es lamentable, también, que, a pesar de la muerte de 40 personas y 27 personas heridas, y de la petición por parte de la Fiscalía General de la República, de que el titular del Instituto Nacional de Migración pida licencia o sea removido del cargo, para hacer frente a los procesos, este siga al frente”.

Enfrentan obstáculos las personas en movilidad

Mencionó que el informe que hoy presentan no sólo ayudó a los y las senadoras a conocer lo que pasó, antes y durante el incendio, sino que les permitió conocer de otros obstáculos que enfrentan las personas en situación de movilidad.

Como ser víctimas del crimen organizado, discriminación, detenciones que duran más de 36 horas en las estaciones y estancias migratorias, presentación indebida de niñas, niños y adolescentes en centros de detención, ausencia de traductores, falta de agua, de comida.

“Esto debe de parar ya, es por eso que con el propósito de mejorar la tutela y protección de los derechos humanos de los migrantes, este Grupo de trabajo emitió diversas recomendaciones a diferentes instituciones, dependencias, órganos de gobierno y Poderes”, apuntó.

El Grupo de trabajo realizó observaciones a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General de la República, a los jueces de Control Judicial de la Federación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión.