Deben resolverse los casos que fueron dejados sin atender: TSJ

Chihuahua, Chih.- La presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández, expresó que los casos que dejó sin atender o resolver la exfiscal anticorrupción Gema Chávez, tienen que resolverse. “Son asuntos que nos interesan a todos y que deben agotarse hasta las últimas consecuencias”.

La gestión de Gema Guadalupe Chávez Durán al frente de la Fiscalía Anticorrupción estuvo marcada por diversas denuncias en las que se decidió no ejercer acción penal, que no han sido resueltas o quedaron archivadas, por lo que fue señalada como una persona protectora de la administración de Javier Corral, según legisladores.

Entre los casos casos más recientes que no han sido resueltos, está la denuncia presentada el viernes 28 de enero por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el presunto desvío de 4 millones 846 mil 596 pesos del fondo de ahorro de los diputados locales, en el cual se vieron involucrados el exsecretario de Administración del Poder Legislativo, Jorge Luis Issa González, y el exdirector de Finanzas, Manuel Soledad Villanueva, así como el exjefe de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Luis René Villarreal Pérez, quien fue asesinado.

Otro de los casos cuestionables se dio el 28 de marzo de 2019, cuando el exconsejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción diversas irregularidades dentro del proceso de selección de 54 jueces, responsabilizando directamente a la también exconsejera Luz Estela Castro Rodríguez por manipular los exámenes de oposición.

Tras abrir la carpeta de investigación, la Fiscalía concluyó que no había delito qué perseguir. El 12 de julio de 2021, el diputado Omar Bazán acudió ante este órgano para presentar una nueva denuncia, esa vez en contra del gobierno de Javier Corral Jurado, a fin de que se investigaran posibles desvíos tras las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 8 mil millones de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se negó a recibir el documento, argumentando falta de competencia al tratarse de recursos federales.