Corral, 4 años de ataques al periodismo

La relación del Gobierno estatal de Javier Corral con la prensa ha incluido enfrentamientos y constantes descalificaciones al trabajo periodístico, práctica que, de acuerdo con fuentes consultadas, limita el debate público y vulnera el derecho a la libertad de expresión.

Entre lo registrado en los poco más de cuatro años de administración se cuenta un “análisis de medios y reporteros” elaborado por el Gobierno estatal en la Zona Norte, la revisión y retención de su teléfono a un fotógrafo del portal La Opción, una demanda contra El Diario y cuestionamientos en redes sociales a medios y periodistas, entre otros hechos.

“Sin duda alguna es parte del patrón seguido por el gobernador Javier Corral en cuanto a señalar a los medios de comunicación, estigmatizar y tratar de anular al mensajero sin discutir el mensaje. Esto evidentemente anula cualquier posibilidad de debate, de confrontación de ideas”, dijo ayer Leopoldo Maldonado, director en México de la organización internacional Artículo 19.

“Es una relación sumamente tensa que, sin lugar a dudas, pone en cuestionamiento las garantías que puede haber para un ejercicio de la libertad de prensa robusto y desinhibido, y que en un contexto de suma violencia contra las y los periodistas evidentemente no abona”, agregó el abogado.

Un caso reciente son los cuestionamientos a la cobertura del canal de televisión Adn40 sobre el cierre de negocios en Chihuahua por la pandemia, que incluyó críticas y la difusión de un desalojo de una sucursal bancaria.

“El viejo sello de la casa. La actual campaña de desinformación de @adn40 sobre nuestro protocolo sanitario para contener la pandemia, reitera una conducta indebida, de práctica común en TV Azteca: el uso de sus noticieros como cañón de defensa de sus negocios”, fue uno de los comentarios de Corral en Twitter.

De acuerdo con las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, sin embargo, la posición de los altos funcionarios los sujeta a críticas que son parte del ejercicio democrático.

“De acuerdo con los principios de libertad de expresión, cualquier funcionario está expuesto a la crítica”, dijo Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras.

“La actitud que debería tomar cualquier alto funcionario del Estado, llámese gobernador, presidente, alcaldes, es la de reconocer la labor periodística y reconocer la crítica como parte de una construcción democrática con base en la pluralidad de opiniones, informaciones e ideas”, señaló Maldonado.

El titular de Artículo 19 insistió en advertir los riesgos de que la tendencia entre los gobernantes a generar “animosidad contra la prensa” se confunda con permisos de agresión.

“Y en un país como México, donde tenemos como telón de fondo que se comete cada 11 horas una agresión contra la prensa, siempre estas declaraciones por parte de altos funcionarios del Estado, abonan, imponiendo un efecto inhibidor”, dijo.

Otros cuestionamientos de la actual administración han sido contra el periodista del semanario Proceso Álvaro Delgado, a quien un texto en el medio oficial Cambio 16 señaló de “incurrir en ‘malicia efectiva’, en términos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal”.

Esto, luego de que el periodista publicara en noviembre de 2017 un artículo en el que cuestionó la falta de castigo a la narcopolítica evidenciada alrededor del crimen de la corresponsal Miroslava Breach, entre otras críticas.

En marzo de 2018, Corral también se negó a responder preguntas del periódico La Jornada –para el que trabajaba Breach–, luego de que el medio le atribuyó haber dicho que la periodista “fue asesinada por pisarle los callos al diablo”.

En diciembre de 2019, el reportero gráfico Gabriel Venzor, del portal digital La Opción de Chihuahua, denunció haber sido intimidado y despojado de su teléfono celular cuando tomó fotos del mandatario jugando tenis, según se reportó entonces.

También ese mes, Corral emitió un emplazamiento legal para que El Diario corrigiera, aclarara o se retractara de la información publicada sobre la adquisición de una propiedad en Juárez.

Esta relación con la prensa ha motivado que, en diferentes ocasiones, organizaciones relacionadas con la defensa de la libertad de expresión emitan posicionamientos convocando, como el 26 de septiembre de 2019, a “un umbral mayor” de tolerancia.

“Tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ‘los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”, indicó un mensaje de Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras.

“La propia naturaleza pública de sus funciones que desempeña como gobernante de un estado, le sujeta a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica”, agregó el texto, generado ante el anuncio de demanda contra El Diario.

En el mismo texto, como también ha hecho Artículo 19, las agrupaciones recordaron que el marco internacional suscrito por México exige a los representantes del poder público abstenerse de calificar la información aun cuando les resulte contraria.

“Esta es una obligación para todas las autoridades, especialmente para aquellas que ocupan las más altas posiciones del Gobierno, pues tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses o posturas”, agregó el escrito.

De acuerdo con el Principio Séptimo de la Declaración sobre Libertad de Expresión adoptada por la Organización de Estados Americanos, “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Una de las interpretaciones del principio, agrega la información de la OEA, es que, “al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable”. 

‘Relación tensa’

Febrero 2017

El Gobierno del Estado en la Zona Norte hace un “Análisis de medios y reporteros” e incluye “reporteros de mayor cuidado”.

Noviembre 2017

La coordinación de Comunicación Social dice en un comunicado lamentar que El Diario se convierta en “portavoz del crimen organizado”, por difundir un video con un presunto interrogatorio de un grupo criminal que señala protección política.

Noviembre de 2017

El medio oficial Cambio 16 cuestiona el trabajo del periodista de la revista Proceso, Álvaro Delgado, sobre la investigación del crimen de la periodista Miroslava Breach.

Marzo 2018

Corral se rehúsa a responder preguntas del periódico La Jornada. Lo acusa en Twitter de mentir, difamar y les pide dejarlo de hacer “si les queda poquita vergüenza”.

Agosto 2018

Corral anuncia que irá a “uno de los juicios civiles más importantes” del estado contra el portal laopcion.com.mx, que publicó que el mandatario acudió a una fiesta en una zona protegida en Mazatlán, lo cual negó.

Noviembre 2019

Fotógrafo de La Opción de Chihuahua denuncia intimidación y despojo de su celular y material fotográfico luego de captar a Corral jugando tenis.

Diciembre 2019

Presenta emplazamiento a El Diario a corregir, aclarar o retractarse de la información publicada sobre la adquisición de una propiedad en Juárez, o atenerse a una eventual demanda por calumnia y difamación.

Febrero 2020

En conferencia de prensa, Corral rehúsa responder preguntas de El Diario en materia de inseguridad.