Obligatorio para policías de Nuevo México, llevar cámaras corporales

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó el miércoles una legislación que exige a los oficiales de Policía de Nuevo México portar cámaras corporales como elemento disuasorio contra el uso ilegal de la fuerza y para que se establezcan medidas de responsabilidad reforzadas en casos de fuerza excesiva inapropiada.

Lujan Grisham agregó la legislación policial a la agenda luego del asesinato del 25 de mayo de George Floyd en un intento por detener el abuso del poder de los policías, según el comunicado emitido por el Gobierno de Nuevo México.

El requisito de la cámara se aplica a la Policía de la Ciudad, a las agencias del Sheriff del Condado, así como a la Policía Estatal y al Departamento de Seguridad Pública, según el informe. 

Las agencias de aplicación de la ley deben mantener el metraje de la cámara corporal durante al menos 120 días. La Policía que interfiera con los dispositivos o que no cumpla con el requisito de la cámara podría enfrentar sanciones por retener evidencia.

Además, el Proyecto de Ley del Senado establece que la Junta de la Academia de la Aplicación de la Ley ahora revocará permanentemente la certificación de cualquier oficial de Policía que sea declarado culpable, se declare culpable o no se oponga a un delito que involucre el uso ilegal o el uso amenazado de la fuerza en el cumplimiento del deber, o si él o ella no intervino en una acción policial que implica el uso ilegal de la fuerza.

La medida patrocinada por el senador Joseph Cervantes pasó el Senado 31-11 y la Cámara 44-26 en la sesión especial de junio, que se centró en reparar un agujero de 2 mil millones en el presupuesto del estado, dañado por la pandemia del coronavirus.

Esta legislación policial surgió luego del asesinato del 25 de mayo de George Floyd, quien murió mientras suplicaba que lo dejaran respirar cuando un oficial de Policía de Minneapolis se arrodilló en su cuello durante más de 8 minutos.

El proyecto de ley 8 del Senado se combina con otro proyecto de ley firmado por la gobernadora después de la sesión especial que establece una Comisión Estatal de Derechos Civiles, que proporcionará recomendaciones a la Legislatura sobre otras reformas de seguridad pública, así como inmunidad calificada.