Diario
Reforma
Ciudad de México.- Un grupo de ahorradores que denunciaron a Famsa por la pérdida de 800 millones de pesos solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) el reconocimiento como víctimas de violaciones a los derechos humanos y su eventual reparación del daño.
En un escrito enviado a la CEAV, 24 de los afectados señalan que el procedimiento y la decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de revocar la autorización a Famsa para operar como institución de banca múltiple violó sus derechos de audiencia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y disposición de recursos.
"En nuestro carácter de víctimas, tenemos derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que hemos sufrido por las violaciones de nuestros derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", dice el texto suscrito por Enrique Ostos Garza, representante de los afectados.
Los solicitantes son parte del grupo de 200 afectados que denunciaron a Famsa y su Consejo de Administración ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las pérdidas de alrededor de 800 millones de pesos de sus ahorros con la liquidación de la institución financiera.
En el escrito dirigido a la comisión, los afectados solicitaron su inscripción al Registro Nacional de Víctimas, así como todas las diligencias necesarias para lograr la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral.
Su planteamiento es que la decisión que tomó el pasado 30 de junio la CNBV, de revocarle a Famsa el permiso para seguir prestando servicios de banca múltiple, no sólo carece de fundamentación y motivación, sino que pasó por alto los daños materiales de los ahorradores.
Acusa que la CNBV ilegalmente cerró el procedimiento administrativo que liquidó a Famsa, cuando aún no había vencido siquiera el día hábil que concedió a dicho banco para el reintegro de capital, un índice que estaba en cifras negativas y que fue una de las causas de la revocación.
Lo dicen porque cuando dicha comisión retiró la autorización al banco, todavía estaba vigente la suspensión de plazos para audiencias, trámites o procedimientos, establecido del 23 de marzo al 15 de julio de 2020 por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
Para los ahorradores, el banco tenía hasta el 16 de julio para resolver el problema de su índice de capitalización, que al cierre de marzo equivalía a la cifra de -6.02 por ciento, sin embargo, desde el último día del mes previo la CNBV resolvió el procedimiento.
"El acto revocatorio de la autorización sin duda les genera un perjuicio directo e inmediato con motivo de dicho acto de autoridad, pues además de que se les priva de manera inmediata del derecho humano a la propiedad y disposición de los recursos", señala el escrito firmado por Ostos.
"Se les arroja a un destino incierto en su recuperación, agravada por el deterioro y distorsiones que supone el acto revocatorio en el valor de los activos y de la cartera de operación activas del banco".