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Legisladores de Oposición aseguraron que la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, es un manotazo para darle la vuelta a las sentencias que diversos jueces federales e incluso la SCJN han emitido para dejar sin efectos diversos acuerdos y memorándum para frenar la entrada de compañías de energías limpias al País.
Diputados y senadores advirtieron que la iniciativa con la que el Ejecutivo federal hizo uso por primera vez su facultad de iniciativa preferente generará un incremento de precios, pone en riesgo las inversiones en el País y afectará el medio ambiente.
El secretario de la Comisión de Energía, el panista Hernán Salinas, lamentó que el Mandatario federal busque poner en la ley lo que ha sido cuestionado y frenado por el Poder Judicial, y advirtió que, de ser aprobada la iniciativa, impugnarán ésta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Lo que no pudo la 4T a través de los acuerdos que la Corte suspendió, pretenden ahora hacerlo a través de cambios a ley, pero sin considerar que para hacer esos cambios era necesario primero hacer una reforma constitucional", indicó.
El panista consideró que el Presidente decidió presentar una reforma legal, porque no cuenta con los votos suficientes para modificar la Constitución.
Afirmó que la propuesta presidencial regresa el monopolio de la generación de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y supedita ésta a la planeación del Gobierno.
Lo anterior, aseguró, implica riesgos porque es contrario a la competencia que genera menores precios y una mayor calidad en el servicio.
Además, advirtió, el Gobierno federal no tiene la capacidad económica para generar la energía que México necesitará en los próximos años y provocará incertidumbre, lo que alejará inversiones en materia energética.
"De concretarse (la aprobación de la iniciativa), vamos a pagarla todos los mexicanos con energías más caras y, evidentemente, la posibilidad de que falte energía, porque el Gobierno no tiene capacidad económica para generar la energía que México necesitará", sostuvo.
El diputado del PRI, Enrique Ochoa, advirtió que la propuesta presidencial plantea la creación de un Sistema Eléctrico Nacional basado en energía generada a partir de combustóleo, la cual es más cara, más ineficiente y más contaminante.
Esto, advirtió, encarecerá el costo de la energía eléctrica, lo que afectará a las familias, a los comercios y las empresas que brindan servicios públicos.
"El corazón de la iniciativa es cambiar el orden en el que se despachan las centrales de generación. En México y en el mundo, antes de esta iniciativa, la energía se despacha bajo un principio de despacho económico, es decir, que la energía eléctrica más barata se utiliza primero, son de las reglas principales de cualquier sistema eléctrico, y esta iniciativa cambia el orden del despacho, y pone a despachar adelante la energía más cara y contaminante, como es la de combustóleo", explicó.
El legislador puso como ejemplo que en agosto del año pasado, el precio de generación de energía eléctrica con combustóleo era de 2 mil 49 pesos por megawatt, la generada con gas natural o de ciclo combinado era de 966 pesos por megawatt, en tanto que el costo de energía solar y eólica era de 500 pesos.
Ex director de la CFE, Ochoa Reza advirtió que la iniciativa cambia el llamado "despacho económico" para crear un "despacho artificial" caro y contaminante, ya que plantea que el principal abastecedor del Sistema Eléctrico Nacional será la energía generada en las centrales de la empresa productiva del Estado.
"Ningún sistema energético moderno funciona de esta manera", reiteró.
En su turno, el senador con licencia, Víctor Fuentes, coincidió en que la iniciativa preferente busca darle vuelta a las sentencias del Poder Judicial en materia energética.
"Todo lo que la Corte le va a rasurar al Decreto Nahle, Andrés Manuel López Obrador lo va a poner en la ley: preferencia total a la CFE y a los dictados de Nahle", señaló.
Fuentes aseveró que, de aprobarse, las modificaciones serían inconstitucionales.
"La ley será inconstitucional, pero Zaldívar se encargará de que la Corte resuelva el asunto dentro de dos años o más", afirmó.