Ya se cansaron de ser nanas de la fiscal

• Ya se cansaron de ser nanas de la fiscal

• Lo que sea pero algo quieren los Polos

• Golpiza inmisericorde a Redes Sociales

• Para el magistrado la trampa sigue puesta

Da la impresión al observar de golpe la fotografía que ella y su acompañante participan en alguna solemne reunión escolar de padres de familia... o escuchan alguna conferencia sobre el cuidado de los bebés, pues ella escucha atenta mientras sostiene a un niño en su regazo cuando mucho de un año de edad. El gesto de él es adusto. Casi lo contrario a alegre. A un lado de ella se alcanza a observar parte del portabebé. (Foto en versión digital).

Todo queda felizmente aclarado de inmediato al leer el texto que acompaña la imagen y observar otras fotos. Es una reunión de trabajo en la que participaron varias personas. Ella, la fiscal especializada de la Mujer, Wendy Paola Chávez Villanueva; él, César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado.

Ni para qué repetir lo que es sabido de nuestros lectores sobre la inseguridad en el estado, y particularmente, la imparable violencia contra las mujeres.

Escribió Peniche: “continuamos trabajando en atender los casos de violencia de género contra la mujer en conjunto con las instituciones, las agencias de seguridad y la sociedad civil en las mesas de trabajo ‘Reto 100 días’, donde se busca, principalmente, agilizar los procesos y resultados de las denuncias”.

Creemos que la foto de la licenciada Wendy cargando a su bebé en plena reunión fue mensaje de Juan para que entiendas Pedro. Una travesura de Peniche. 

Él y sus funcionarios, e inclusive policías y escoltas, ya piden esquina. Llevan tres años no solamente con ése y otros bebés de la señora fiscal en los encuentros de trabajo, sino que también extienden su función a nanas.

Sin la menor consideración acude a su trabajo la funcionaria estatal cargando primero a uno, después a otro, y después al tercero de los bebés, con lo que ello implica por la distracción laboral.

Desde luego tampoco son las oficinas gubernamentales los lugares más adecuados para la atención de los niños con todo y el infinito cariño que les sea dispensado. Entre la consideración y el abuso hay mucha diferencia, pero algunos prefieren ignorarla.

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Los Canizales-Loaeza (Polo y Alejandro) no quitan el dedo del renglón político. A como dé lugar se quieren colar a las finales del 2021 en lo que sea, alguna regiduría, alguna diputación... alcaldía, o hasta la gubernatura.

El problema es que de tanto usar sus armas ya les carcomieron la mira y no tienen claridad ni a dónde dirigir sus disparos. Sus uniformes mismos están más raídos y descoloridos que aquellos usados por policías y tránsitos en tiempos de Reyes Ferriz.

Antenoche se reunieron los expriistas y exindependientes de la corriente cabadista con el doctor Alejandro Díaz, un empresario y médico respetado pero ignoto en el feroz mundo del activismo electoral. Está convencido que puede ser candidato y después gobernador... y si es por las siglas de Morena, mejor.

Canizales y Loaeza presidieron la encerrona-cena en El Arrancadero, restaurante del primero, donde igual se comen algunos buenos guisados que cortes de medio pelo. Esta vez le agregaron a la merienda bastante prójimo con cargo precisamente al alcalde Cabada. Fue el plato fuerte.

Pero así como ahora se reunieron con el Doc. Díaz, ayer hicieron lo mismo con la alcaldesa panista de Chihuahua, Maru Campos, y antier lanzaron ojitos a “El Caballo” Lozoya... y le dieron la vuelta al profe Mario Tarango, el tricolor atrapado ahora también en la indecisión sobre su participación en el 2021.

Entre los asistentes a la cena de prójimo aparecieron el exteto Arcadio Serrano, el excandidato priista a la alcaldía Roberto Barraza... Ricardo Tudda y otros más, la mayoría relacionados al Revolucionario Institucional.

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La golpiza política fue inmisericorde; si mucho 500 personas asistieron a la “asamblea estatal” de las arriba de tres mil que necesitaba Redes Sociales de la maestra Elba Esther Gordillo para avanzar en la constitución de su segundo partido político (el primero fue Nueva Alianza).

Mientras los operadores de Gordillo en el estado sufrieron la inmisericorde derrota, el dueño de la plaza, Alfredo “El Caballo” Lozoya, exhibía el control de su territorio partiendo ya entrada la tarde de ayer al mar de Mazatlán.

Quedó claro que el proyecto de partido en Chihuahua ya hizo agua. Su primer intento de quórum fue justo en Ciudad Juárez, el ocho de diciembre pasado en el gimnasio ‘Neri’ Santos, porque ni el gimnasio del Colegio de Bachilleres quiso prestar el gobernador Javier Corral.

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Para que vean que la 4T va en serio, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las leyes de ingresos de todos los municipios de Chihuahua aprobadas en el Congreso del Estado el pasado mes de diciembre. 

Sin mucho problema el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que cuestionan el impuesto universitario como sobretasa del impuesto predial, así como cobros adicionales por alumbrado público.

En el paquete de municipios impugnados van incluidos hasta los más importantes y desarrollados, Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, que podrían verse afectados si la sentencia de la Corte favorece a la Presidencia de la República.

No fue algo personal contra los alcaldes o los diputados que les aprobaron las normas en las que se basan los ayuntamientos para recaudar dinero. También se incluyeron municipios de Veracruz, Guerrero, Coahuila y otras cuantas entidades.

Por si fuera poco, todo apunta a que se habrá de sumar Rosario Ibarra de Piedra desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto por tarifas desproporcionadas en las leyes de ingresos como por posibles violaciones a las garantías individuales.

Y es que hay casos que de plano se pasan, como algunos que pretenden sancionar con cárcel el “dormir en la vía pública” o “participar en grupos que hagan escándalo y alboroto”. 

La CNDH actuaría por probables afectaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, tanto por cobros desmedidos como por castigos “a la ranchera” y arcaicos contemplados en los bandos de policía y buen gobierno.

Las acciones de inconstitucionalidad de la Consejería Jurídica ya fueron admitidas en la Corte y está por correr la misma suerte la que, englobada como el asunto 92/2020, promueve la CNDH.

El impacto financiero a los municipios, de resultar inconstitucionales las normas como acusan las instancias nacionales, todavía no se ha calculado.

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Fue el diputado presidente del Congreso, René Frías Bencomo, quien frenó provisionalmente el desafuero del magistrado duartista Jorge Ramírez.

Supuestamente fue por la previsión de un ridículo que podría hacer en la justicia federal el Legislativo, no por una línea en concreto del Palacio de Gobierno o por una reorientación de la estrategia política para llevar a Ramírez a juicio penal.

En primer término la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, la panista Georgina Bujanda, no pudo lograr la mayoría con el resto de los integrantes, incluido Frías, por un presumible deficiente papel del Ministerio Público que sustentó la acusación.

En segundo lugar estaba el hecho inobjetable de que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en la que sustentó el proceso fue impugnada por 11 legisladores, entre ellos el mismo Frías. La acción de inconstitucionalidad de la norma aguarda sentencia en la Suprema Corte.

Pese a ello el magistrado no se fía. No se la cree porque una cosa es el dictamen de la Jurisdiccional y otra la que vote el Pleno del Congreso del Estado. Y la línea está muy marcada con la insistencia del fiscal César Augusto Peniche, que nomás pide le retiren el fuero para proceder en su contra con orden de aprehensión de por medio.

Para el magistrado la trampa sigue puesta, pues con un dictamen contra su desafuero se da por hecho que no impugnará la decisión, y todo el peso recaería en una resolución soberana del Pleno prácticamente inatacable.