OPINIÓN

Así serán los ofensivos seguros para policías

Lejos de darles los seguros como prestación se los quieren cargar a su precario sueldo con primas insignificantes

LA COLUMNA
De El Diario
sábado, 30 noviembre 2019 | 07:07

Así serán los ofensivos seguros para policías


Desempolvan expediente vs magistrado


Un profundo devoto de Maru en Poder Judicial


Cuarta caída seguida en gasto de seguridad


Con la amenaza de que no podrán conducir patrullas, los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación han comenzado a ser presionados para que entren a un fideicomiso que incluye seguros de vida y accidentes.

Lejos de darles los seguros como prestación se los quieren cargar a su precario sueldo con primas insignificantes si se comparan con el riesgo al que están expuestos. Nunca como ahora los policías estatales han sido tratados tan mal.

Eso sí, los altos funcionarios que mensualmente reciben sumas cercanas o mayores a los 100 mil pesos, por módicos descuentos y aportaciones patronales, gozan de seguros millonarios; a los agentes, en cambio, les pegan en la cartera por sumas hasta ofensivas que su familia obtendría en caso de que el asegurado pierda la vida.

Desde la llegada del aún nuevo director administrativo de la Fiscalía General del Estado, el exsubsecretario de Hacienda, Eduardo Fernández, comenzó una especie de reordenamiento del gasto en todo el ramo de la seguridad.

Ahora el funcionario está enfocado en limitar el desorden financiero que encontró, pero en ese afán comenzó a hostigar a la tropa que ni idea tiene de cuáles negocios hacen con el dinero que se destina a los seguros.

Un cargo de 250 pesos por quincena por agente es mucho si se agrega a todos los demás descuentos que les hacen por servicio médico y otros, pero deben aceptarlo, si no tendrán prohibida la conducción de unidades oficiales.

Ésa fue la condición que les impusieron, por la que todos los elementos con vehículo a cargo han tenido que firmar pese a estar inconformes.

Lo peor es que ya se comienza a generar la idea de que alguien dentro de la FGE o la Secretaría de Hacienda está haciendo negocio con alguna aseguradora, justo ahora que está en marcha la licitación para renovar más de 16 mil pólizas de agentes y burócratas... ésa que propone tres millones para seguros de Corral, Peniche y otros altos funcionarios pero sólo de 400 mil pesos para policías.


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Aunque ya fue derrotado sonorosamente en las máximas instancias del Poder Judicial federal, hemos sabido que el gobernador Javier Corral Jurado sufre de picazón permanente contra su señoría, el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

Apenas arrancó su administración lo que hizo Corral hace tres años fue retirar del Tribunal Superior de Justicia a los magistrados Ramírez y a Gabriel Sepúlveda, dos duartistas purasangre sólo comparados con los también togados con salas en Juárez, César Ramírez y Filiberto Terrazas.

El mandatario se solazó durante casi un año. Tenía castigados a dos de sus acérrimos enemigos y la lección sería tomada por el resto de ellos. Pronto el gozo se fue al pozo. En febrero del 2018 ambos magistrados destituidos por el poder de la fuerza corralista fueron reinstalados en sus cargos y recuperados millones de sus sueldos y prestaciones caídas.

Ha desempolvado de nuevo el viejo expediente el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés. Se trata de las mismas razones: posible corrupción cuando manejó diversas supuestas proveedurías para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en el estado. Ahora lo involucran también en irregularidades por la construcción de la Ciudad Judicial en la ciudad de Chihuahua.

El magistrado tiene fuero y antes de iniciar cualquier proceso en su contra, Corral debe pedir al Congreso del Estado lo retire del cargo. Debe contar con el apoyo de al menos 22 de los 23 diputados.

Si cuando estaba en la cúspide de su autoritarismo fue derrotado Corral por Ramírez,  es claro que ahora sería peor. Al dolor del fracaso habrá que agregar la risa por el segundo ridículo en cinco años.


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Nomás porque en las líneas anteriores abordamos el tema que involucra a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, aprovecharemos para sorprendernos del insólito manifiesto político-electoral lanzado en público por otro magistrado del mismo órgano judicial, quizá hasta amigo de Jorge Abraham: Luis Villegas Montes.

El jefe de la sexta Sala Civil ha sacado en un artículo la cara por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, y literalmente la ha colocado en su calendario santoral a partir del plebiscito por el alumbrado público desarrollado el domingo. Perdió el sí promovido por la presidenta pero en la visión profundamente devota, de credulidad dogmática... de un soldado dispuesto al martirio, Villegas lo definió como éxito en palabras inclusive de enojo y reprimenda hacia los críticos. “Tontos”, les grita.

Algunas de sus palabras: “Así de simple. Sin titubeos, sin aspavientos, sin gazmoñerías, con singular entereza, la presidenta municipal, dejó en claro quién es y qué se puede esperar de ella...Quien vea en el domingo una derrota (de cualquier tipo) es porque no sabe, ni puede, ni quiere pensar en victorias; solo un espíritu envilecido puede celebrar o festejar, en términos de ganar o perder, lo que ocurrió el pasado domingo. Sólo un débil mental, un impotente (en la acepción más genérica del término), puede identificar, o confundir, la suma de voluntades orientadas a un fin común, con un ejercicio de índole político partidista. Para hacerlo, hay que ser muy miserable, o muy, muy, muy tonto”.

Si alguien conoce a través de casi cinco décadas de pragmatismo político, es su señoría el magistrado. Fue y sigue siendo activista en esa interminable autopista de retos electorales.

Su lealtad a proyectos y personas lo hace parecer adulador como ahora. No. Lo dice con plena convicción. A nadie quepa duda que hacia el 2021 cargará la imagen de Maru igual que los creyentes católicos realizan hoy sus peregrinaciones hacia los altares de la Guadalupana.

Tampoco tenemos duda que, una vez puesto el punto final a su texto y colocado en calidad de enviado a sus contactos, el magistrado no se fue a dormir sin antes reír para sus adentros por el coraje que haría pasar a los calificados como tontos y esas otras bagatelas.

Su sentido del humor es algo negro revuelto con gris. Así adelgaza su sangre para convertirla en fluida a través de sus venas.


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La reducción del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), contra la que se ha manifestado en contra el alcalde Armando Cabada, es tal vez la mayor señal del nocivo centralismo regresivo de la administración federal.

A principios del año actual se estableció como obligatorio explorar las opciones de compras consolidadas a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir adquisiciones por volumen a nivel federal para obtener precios más bajos, destinados a equipamiento de policías municipales.

La limitante fue impuesta por el secretario ejecutivo del SNSP, Franco Gerardo Fabbri Vázquez, a todos los presidentes municipales contemplados en la aplicación del subsidio. El resultado fue de cero beneficios en el año que termina.

El Fortaseg es el producto de la reestructuración del anterior Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), que cambió a partir del año 2016. En ese entonces Juárez recibió 79.3 millones de pesos por dicho concepto.

En 2017 se ajustó a la baja hasta los 71.3 millones de pesos, para tener una segunda caída en 2018 a 70.3 millones. El año corriente bajó un 37.5 por ciento, para ubicarse en 43.8 millones de pesos y el próximo caerá por cuarta ocasión consecutiva hasta quedar en los 35 millones de pesos.

Son cuatro caídas seguidas, las dos más drásticas como obra de la administración federal actual, justificadas con el argumento de que habrá inversiones centralizadas que para colmo nunca llegan.

La desinversión pública en seguridad en momentos de una crisis como la que se vive es algo muy serio, pero más graves son esas promesas paternalistas del centro, ideales para quedarse con el dinero.