Video: Aseguraron 600 mil verdes, reportaron la mitad

• Aseguraron 600 mil verdes, reportaron la mitad

• Hasta ruboriza Maru a un casi excorralista

• Revienta caso del magistrado en Congreso

• Importa más negocio del transporte que feminicidios

Hasta La Columna fue reenviado un video manejado en redes sociales que de nuevo pone a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en severos aprietos.

Varios elementos integrantes de esa corporación creyeron haberse sacado la lotería el viernes casi cayendo la noche al detener a una pareja, hombre y mujer, en las calles López Mateos y Del Ejido.

Los agentes aparecen descendiendo de una camioneta Ford cuatro puertas color gris placas ZUF035A e ingresando a un domicilio de donde se llevaron algo así como 600 mil dólares pero habrían consignado menos de la mitad.

Los agentes detuvieron a la pareja en la citada camioneta, les hallaron una pistola calibre nueve milímetros y los anduvieron paseando por varias calles aledañas hasta que obtuvieron su domicilio, ubicado en ese mismo sector.

Los policías usaron la misma camioneta de los detenidos para llegar hasta el domicilio, ingresaron al mismo y sacaron el efectivo y otros valores.

Obviamente toda la información es del conocimiento del jefe de las CES en Juárez, Ricardo Realivázquez, y del secretario de Seguridad Pública –de donde dependen las CES–, Emilio García Ruiz.

Los agentes y sus mandos están metidos en otro lío gordo tanto si el dinero tiene origen lícito como ilícito.

Conforme termina el régimen de Javier Corral es cada vez más evidente la corrupción que impera en su Policía estatal. Sus agentes en Juárez están involucrados en desapariciones, robos y asesinatos.

No hay quién controle a la corporación. En otra imagen que presentamos en La Columna aparece una camioneta RAM blanca tripulada por agentes estatales con las placas ocultas.

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La pena de muerte se encuentra expresamente prohibida en la Constitución. ¿Qué pasaría si una ley secundaria, en un artículo transitorio, la estableciera en un albazo legislativo cualquiera? La respuesta es obvia, no pasaría el control constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué, entonces, el ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, permite que una ley secundaria, en un artículo transitorio, le extienda su período dos años, cuando la Constitución contiene expresamente la duración que debe tener?

De ese tamaño es el disparate que aprobó el Senado de la República, de mayoría morenista, el pasado jueves por la tarde. Derivó en una crisis política en el país por la interpretación, muy lógica, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanece atrás de semejante decisión.

Resulta increíble a estas alturas de la evolución moral, ética y política de los organismos judiciales, que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea haya aceptado la ampliación. Y de paso haya dejado sepultar la imagen del alto tribunal, como si México fuera Cuba, Venezuela o Rusia.

Está muy lejos Zaldívar, por ejemplo, del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno. El aliado de Nicolás Maduro comenzó como matón y escolta de los Servicios Venezolanos de Inteligencia.

Subió en la escalera judicial en medio de acusaciones de todo tipo, incluso de homicidios, hasta que terminó de magistrado del más alto tribunal de su país. En esa condición es hasta buscado y acusado por Estados Unidos, la Unión Europea y tribunales internacionales por fomentar el deterioro democrático de la empobrecida nación ‘bolivariana’.

Desde luego no se parece el perfil del lacayo de Maduro con el del jurista mexicano, académico, investigador y escritor de obras emblemáticas del derecho. Por ese solo hecho personalísimo el mismo Zaldívar debió renegar de la decisión del Senado.

No lo hizo y ello provocó que escalaran los señalamientos de que se trata del preámbulo de un complot contra la democracia mexicana.

Con toda la judicatura en contra, Zaldívar debería rechazar abiertamente ese transitorio que dará tumbos en San Lázaro.

Si no, cuando menos deberá excusarse de revisar la previsible acción de inconstitucionalidad que promoverán las otras fuerzas políticas. De suyo eso ya es un mal precedente.

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“¡Hasta que me invitaste! Porque ya llevas 10 programas de La Cita y apenas me invitas”, así reprendió veladamente, con una sonrisa de oreja a oreja, la candidata panista a la gubernatura Maru Campos a su compañero de partido Luis Aguilar.

El legislador camarguense hasta se ruborizó por el reclamo de la alcaldesa de Chihuahua con licencia. La imagen en la versión digital de La Columna.

Luego procedió a la especie de entrevista que, por cierto, le levantó el rating a la transmisión vía redes que tiene el también aspirante a la reelección por el distrito con cabecera en Camargo.

A Aguilar Lozoya, quien fue secretario de Desarrollo Social en el gabinete de Javier Corral y luego se reincorporó al Congreso, le ha dado por la moda de hacer programas que transmite en vivo. Eso es La Cita, que en efecto tenía ya una decena de emisiones con temáticas variadas.

Aunque obviamente Aguilar usa la plataforma para su promoción personal y política, todavía no está en campaña, al menos no oficial, y ahí no tiene mayores restricciones.

Lo que llamó la atención de los panistas es la invitación a Maru proveniente de un candidato, exfuncionario y diputado, que hasta hace poco era de los fieles aliados de Corral, con fuerte influencia e intereses en la región sur del estado.

Ahora lo ven casi como excorralista, porque si no estaba en camino de dejar el barco de la administración a la que perteneció, tras la “entrevista” a la candidata seguro ya le van a cerrar las puertas en Palacio de Gobierno.

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Desde marzo del año pasado la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado no se ha reunido. La última vez fue para emitir un dictamen que negaba la procedencia del desafuero del magistrado duartista Jorge Ramírez, por considerar inconsistente la petición de la Fiscalía General del Estado.

La comisión está integrada por los diputados Georgina Bujanda (PAN), René Frías (Nueva Alianza), Rosa Isela Gaytán (PRI, aunque en la orillita de integrarse a otro partido), Rocío Sarmiento (prácticamente fuera de Movimiento Ciudadano) y Misael Máynez (sin partido y exaliado panista).

Ahora, cuando un amparo protege al magistrado de la decisión de desaforarlo y ordena su todavía negada reinstalación en la Primera Sala de lo Penal, nomás no hay acuerdo para enterar a la comisión de la decisión judicial.

Tampoco lo hay para que revise el espinoso asunto la Junta de Coordinación Política o la Presidencia del Congreso del Estado, de la que se encarga la panista Blanca Gámez.

No hay, pues, conducción alguna en el Legislativo para conocer del amparo y tomar decisiones, como la de responder al juez federal que amparó a Ramírez por qué procedió el desafuero cuando el dictamen de la Comisión Jurisdiccional lo determinaba inviable.

El asunto jurídico se le ha complicado al coordinador de la mayoría panista, Fernando Álvarez Monje, al grado de que no ha podido dar una respuesta al juzgado federal, ante el que seguramente el magistrado depuesto habrá de pedir que se declare el desacato.

Si el corralismo se impone sobre el Congreso, como ha sido en buena parte de la legislatura, las consecuencias irán creciendo cada día que pase.

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Aunque desde el año pasado se presume como una de las grandes obras del quinquenio, el edificio para la Fiscalía Especializada en Delitos de Género (FEM) sigue sin terminarse. El compromiso era tenerlo en funcionamiento en el primer trimestre de este año.

Con una inversión de apenas 60 millones de pesos, el inmueble sería el cuartel de los investigadores de los feminicidios y delitos contra las mujeres, así como el refugio de las víctimas, el lugar seguro al que podrían acudir a denunciar. Demasiado bueno para ser verdad.

Un pellizco a los miles de millones de pesos destinados al negocio de las obras para el transporte que tienen devastada a la ciudad, hubiera bastado para tener el edificio de la FEM no en marzo de este año, mucho antes.

Lejos de frenarse, los feminicidios han crecido en toda la administración corralista, no se digan las otras expresiones “menores” de la violencia contra las mujeres.

Pero es más importante hacer la transa en el ‘Año de Hidalgo’ con las rutas del transporte, que han levantado en contra a los juarenses por la mala planeación y peor ejecución, que atender el añejo problema que cuesta vidas todos los días, que enluta hogares y deja huérfanos contados por miles.

El edificio de la FEM es claro ejemplo de dónde están las prioridades gubernamentales. Poco tienen que ver con las necesidades sociales.

Porque además de las innecesarias y costosas obras que se hacen a costillas de otros rubros castigados, un inmueble nuevo de poco va a servir mientras la política que promueve el odio, la misoginia y el crimen siga imperando como hasta ahora.