Video: Ahora los consignados serán las policías

-Ahora los consignados serán las policías

-Realivázquez promete mil 200 votos

-Esconden los muertos pero siempre brotan  

-El Tribunal tiene más retos que una elección

Todo mundo paró antenas con el operativo de las “fuerzas estatales” que generó ganancias por muy buenos 200 a 300 mil dólares. Debieron rayarse los mandos y policías involucrados.

Es el caso comentado ayer aquí y documentado en video casero. Los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) detuvieron el viernes a una pareja (hombre y mujer), les hallaron una pistola calibre nueve milímetros, los trasladaron a su domicilio en su propio vehículo y de ahí sacaron cerca de 600 mil dólares. Se habrían quedado con la mitad. Ocurrieron los hechos en una vivienda de López Mateos y Del Ejido.

Esos policías y muchos delincuentes son medio tontos aparte de malhechores. Al momento de hacer sus fechorías buscan cámaras de vigilancia, las ubican y proceden a destruirlas o desactivarlas sin imaginar siquiera que los videos son grabados automáticamente en distintos servidores.

Bueno, pues los agentes fueron captados por cámaras exteriores e interiores. Las imágenes llegaron de inmediato a varias manos, incluidos los propietarios de la casa que las hicieron circular convenientemente.

Ayer ese equipo de policías, cuyo jefe en Juárez es Ricardo Realivázquez, fue objeto de todo tipo de comentarios e inicio de indagatorias por parte de la Fiscalía General del Estado, y del más sorprendido al enterarse de los hechos, Emilio García Ruiz, secretario de Seguridad Pública Estatal y jefe máximo de las CES, solo por debajo del patrón de todos, Javier Corral.

Supo Emilio del operativo realizado y de los aseguramientos, pero no de los “apetitosos” montos”. Hay molestia, desde luego.

Paralelamente la Fiscalía General de la República (FGR) amplió sus investigaciones. Recibieron la consignación del efectivo... pero no de todo. Ni quién se fije ahora en la nueve milímetros de menos de 200 dólares. Usada.

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Otra de la CES en esta frontera. Nos aseguran que el jefe de la corporación anda con un ojo al gato, pero también el otro al garabato.

Quiere decir que anda Ricardo Realivázquez atendiendo asuntos policiacos, algunos de ellos extradelicados como ese “aseguramiento” de efectivo, pero también anda en operación política electoral.

Nos aseguran que hizo contacto tanto con los equipos del PAN a la alcaldía como a la gubernatura para ofrecer “al menos” mil 200 votos hacia la jornada comicial del primer domingo de junio próximo.

Desde luego la intención clara es ir posicionándose entre las eventuales nuevas autoridades para subir en la escala policiaca por los tres o por los seis años venidos o de perdis mantenerse donde está. Actualmente no es gran cosa la jefatura de las CES en Juárez, pero no deja de ser mando y presentarse extra “oportunidades” como la descrita en el bloque anterior.

Algunos policías bajo su mando informaron a La Columna sobre las intenciones de su jefe porque ellos andan en otros proyectos; de hecho, no saben de dónde sacaría Realivázquez mil 200 votos si muy apenas controla a sus tres o cuatro comandantes.

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Casi mil 500 muertos -que eran padres, hijos, madres, abuelos, vidas truncadas más allá de la frialdad de los números- han sido escondidos en la contabilidad oficial de un régimen como el corralista, que ya rebasó las 10 mil ejecuciones.

Acaba de terminar la agrupación México Evalúa, que dirige Edna Jaime, su Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal. Es todo un recuento de 2015 a 2019 que evidencia la ineficiencia y la manipulación de la autoridad estatal en materia de homicidios.

Si así es con las cifras, cómo andará con las estrategias de contención del crimen. Nomás eso busca evidenciar para presionar un cambio de rumbo.

“Tras hacer el ajuste por volumen de homicidios que se cometen en cada estado, las cinco entidades que presentaron un peor puntaje en su contabilidad de homicidios son: Chihuahua, Nayarit, Hidalgo, Guanajuato y Sinaloa”, es una de las conclusiones que arroja el fundamentado trabajo académico.

La investigación es un comparativo entre las cifras reportadas por las fiscalías de los estados y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), que encontró un desolador panorama ya no se diga en materia de investigación de los delitos, sino en el simple registro de los mismos.

En 2015, que no corresponde al gobierno actual, fueron ocultados 390 homicidios dolosos; en 2016, de solo una fracción de tres meses es del corralismo, los que se escondieron fueron 325.

En 2017 la discrepancia fue menor, hasta podría interpretarse como un avance, al contabilizar 156 casos y únicamente 80 en 2018. Pero en 2019 se disparó de nuevo la manipulación, hasta sumar 509. En total en esos cinco años se contabilizaron mal, y seguramente no por error, sino convenientemente para maquillar las cifras, mil 460. El 2020 deberá ser producto de una evaluación este mismo año.

La diferencia relativa entre lo reportado por la Fiscalía estatal y el Inegi es del 13.4 por ciento, una de las más altas del país. Parte del reporte que así lo establece puede verse en la edición digital de La Columna.

“Si un asesinato intencional quiere mantenerse oculto o fuera de las estadísticas de homicidios dolosos, lo más sencillo sería reportarlo como un homicidio culposo”, infiere México Evalúa en dicho estudio que comenzará a publicitarse.

Aunque se escondan siempre brotan los muertos. El índice desnuda y le pone números a ese maquillaje con el que trata de ocultarse, sin éxito desde luego, el rotundo fracaso del gobierno, sea por complicidad o ineficiencia.

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Tiene el Tribunal Superior de Justicia del Estado retos más allá del actual o el siguiente gobierno. Así que no acaba su tarea con una elección o un juicio con el que corralismo pretende aplastar a la candidata panista María Eugenia Campos.

Eso lo dicen y lo sostienen los magistrados que conforman el Poder Judicial, con Pablo Héctor González Villalobos a la cabeza, ante las embestidas desde el Ejecutivo y las fuerzas políticas que no ven más allá de la elección de junio y las campañas en marcha.

La pronunciada crisis presupuestal que padece y la próxima incorporación de la justicia laboral a las tareas jurisdiccionales, lo que debe estar en marcha en mayo de 2022, son preocupaciones reales de los magistrados. No quién gana en las vencidas electorales, llenas de venganzas y pasiones personales.

El solo hecho de incorporar las juntas de conciliación y arbitraje laboral, en manos del Ejecutivo, a los tribunales del Poder Judicial, es una labor titánica de la que parecen olvidarse tanto gobernantes de todos los niveles como los actores políticos.

Esa debería ser prioridad independientemente de la elección, pero ha quedado sepultada la obligada transición que debe acelerarse porque un año se va volando cuando se trata de reformas de este tamaño.