¿Por qué hablamos de outsourcing?

La subcontratación laboral, también llamada outsourcing, es cuando una empresa contrata a otra para que ésta última realice parte de los servicios por los que la primera ha sido contratada directamente. Igualmente podemos decir que la subcontratación actualmente es el dolor de cabeza de algunos grandes empresarios gracias a la corrupción que imperaba sexenios atrás en este rubro comercial también significa en gran medida la esperanza de los trabajadores subcontratados para regular su situación laboral respecto de las prestaciones que les corresponde disfrutar según las leyes de la materia en este país. 

Por su parte el Gobierno mexicano ha puesto en la mira a los defraudadores del sistema que le han significado al país pérdidas de 21 mil millones de pesos anuales, afectación que no se ha atendido y que son recursos que se pueden usar en beneficio de todos, pues la subcontratación avanzó desde los años 80 de forma tan desproporcionada que ha generado conflictos que incluso pueden derivar, según palabras de la propia secretaria del Trabajo Luisa Alcalde, en delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. 

Todo indica que la 4T está resuelta a darle solución a dicha problemática pues los abusos por parte de los patrones derivan en la evasión del pago de utilidades, inestabilidad en los empleos por medio de contratos temporales, evasión de primas vacacionales, etcétera, impactando con ello los recursos que pudieran absorber los institutos de seguridad social y por supuesto el fondo de retiro de los trabajadores, que al no cotizar ingresos ciertos y estables, no tienen afore ni atención médica, cuando es todo su derecho como trabajadores el tener estos beneficios.

Es justo decir también que no todo es malo en el tema del outsourcing, de hecho este sistema laboral fue concebido con la idea de ser una herramienta en el apoyo al desarrollo de las empresas al permitir la subcontratación de personal especializado que realizara tareas especificas por tiempo determinado, sin embargo, la vaguedad de la ley, la complicidad de las autoridades y el abuso de los patrones generó que se afectara no sólo a sus empleados, sino a toda y todo aquel que labore en el país pues a final de cuentas, siempre somos las minorías quienes terminamos soportando la carga tributaria para mantener el sistema de salud público, por mencionarle un ejemplo.

El tema no es sencillo Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó que ocho millones 200 mil empleos se encuentran bajo este esquema, por lo que existe delante una gran responsabilidad del Poder Legislativo pues si no son cuidadosos al hacer la ley podrían resultar afectadas las personas subcontratadas y se busca la reivindicación de sus derechos, no que los dejen sin empleo. Por otro lado, la primera generación de afores será en el 2021 y los trabajadores recibirán el 30 por ciento de su salario, si los patrones los tienen registrados ante el IMSS con un sueldo de dos mil pesos (por poner un ejemplo) haga usted la matemática para resolver lo que el trabajador promedio en México estará percibiendo como jubilación después de haber entregado los años más productivos de su vida a un empleo donde el patrón por evadir impuestos y echárselos a su bolsa lo registró como empleado ante el Gobierno con un sueldo mucho menor.  Este tema también impacta al estado de Chihuahua, pues solamente la industria maquiladora subcontrata alrededor del 12 por ciento de su personal.

De hecho esta modalidad mal ejercida tiene un rostro en nuestro país, su nombre es Raúl Beyruti, un empresario poblano que en un año “factura” 34 mil millones de pesos pues el 98 por ciento de sus ingresos provienen de la tercerización de contratos de trabajadores. Presuntamente ya está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el propio Sistema de Administración Tributaria, sin duda una cara del período neoliberal al que la 4T del país no dejará salirse tan fácilmente con la suya.

De primera mano sé que en el Senado de la República es un tema de prioridad para este período ordinario, y que ha habido foros donde se han escuchado diferentes voces, como la empresarial, gobierno, Poder Legislativo, sectores laborales, entre otros. Todos coinciden en que la idea es legislar para erradicar la subcontratación abusiva en el país, veremos qué pasa.

Estemos pendientes de que se garantice una regulación lo más cercano posible a la justicia social. Desde esta columna exigimos la protección a los derechos de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. La unidad del país sólo puede ser a través del respeto a la dignidad humana. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.