Pólvora y balas en la lengua para atacar al crimen

La madrugada del martes pasado fue escalofriantemente ordinaria en el sur de Chihuahua. Al pie de un árbol grueso fueron dejados seis cuerpos de hombres, dos de ellos sin cabeza.

Los individuos fueron asesinados a 150 kilómetros de la ciudad de Chihuahua en un lugar conocido como Zapién, en el municipio de Zaragoza, en las márgenes de una carretera distante a solo 50 kilómetros de Parral, la populosa “capital del mundo”, centro comercial de una veintena de municipios.

De nuevo el estado alcanzó con esa noticia titulares estatales y nacionales aunque se tratara, por extraordinario infortunio para los chihuahuenses, de un suceso tan feroz como habitual. Multiejecuciones, desmembramientos, el pan de cada día.

El 27 de octubre del 2016 cinco hombres y una mujer murieron acribillados en el interior del motel Alfer, en la salida norte de la ciudad de Chihuahua.

Así era recibido el régimen estatal que se autonombró del “nuevo amanecer”. Sus logos empezaban a sustituir a los del duartista “Chihuahua vive”.

Otra masacre que reinauguraba una etapa nueva de terror para el estado ocurrió en septiembre del 2017. Una decena y media de jóvenes fueron acribillados y muertos en una casa de rehabilitación ubicada en el corazón político de la entidad, también de la ciudad de Chihuahua.

Los muertos quedaron esparcidos entre los distintos cuartos y pasillos de la vivienda localizada en la populosa colonia Santa Rosa, muy cerca de Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador en turno.

La región de Cuauhtémoc presentaba desde meses antes signos de violencia en ascenso. Luego se esparció hacia todos los municipios de la región. En junio del 2017 un comando ingresó a un populoso bar de la ciudad manzanera y ejecutó a seis personas. “El Chichos”, se llama el antro. Semanas después fueron acribillados otros tres en otra cantina de ahí mismo.

Apenas en marzo de ese mismo año había sido muerta de ocho disparos en la misma ciudad la colega periodista, Miroslava Breach. Sicarios bajo las órdenes de capos pertenecientes al Cártel de Sinaloa con territorio entre Chihuahua y Sonora urdieron el asesinato desde los límites de ambas entidades.

El operativo incluyó maniobras en avioneta para los traslados del grupo agresor desde el municipio chihuahuense de Chínipas y complicidades de familiares policías estatales y funcionarios del estado en distintos niveles, uno de ellos actualmente bajo proceso ya en prisión.

Aun cuando en las diligencias posteriores al crimen quedó al descubierto una larga planeación que llevó semanas, incluida la intervención de los servidores públicos, ninguna área de inteligencia de ningún nivel de gobierno pudo o quiso advertir e impedir el ataque. En primer orden de todo ese conocimiento aparece comprobadamente el mismo gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

En febrero del año siguiente, 2018, fue registrada otra masacre en Chihuahua, rumbo a la salida a Cuauhtémoc. Fueron asesinadas seis personas en el interior del Club Gallístico Santa María. Aparentemente los sicarios tenían como objetivo un pez pequeño, un charal, del narcomenudeo, pero mataron a varios inocentes, entre ellos a un adolescente de 15 años, a una mujer y a otras personas que asistían como meros espectadores.

En agosto del mismo año, pero en Ciudad Juárez, habían sido pacientemente torturados, amarrados con cables de energía eléctrica y ahorcados 13 jóvenes en el fraccionamiento juarense Praderas de los Oasis.

Los asesinos tuvieron toda una noche para ejecutar la macabra acción, derivada de una supuesta venganza que incluyó crímenes pasionales, descuartizamientos y narcomenudeo.

Toda esa zona de Praderas y buena parte de la periferia de la ciudad han representado una constante bomba de tiempo atendida cuando mucho y sin grandes alcances investigativos por la policía preventiva. Los investigadores del estado llegan después de ocurridos los crímenes, los federales no llegan nunca.

En el bar El Manantial, también en Juárez, fueron asesinadas cuatro meseras unos días antes de la Navidad del 2019. El crimen ocurrió poco después de las 12 de la noche cuando el negocio se disponía a cerrar sus puertas. En otra cantina, el Tres Mentiras, habían sido asesinadas a tres personas más en octubre del 2016.

Madera, el municipio serrano próximo a Cuauhtémoc, y que conforma una región amplia (Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grande...), golpeada tanto por sanguinarios grupos delictivos como por el inmisericorde abandono y complicidad de las fuerzas policiacas estatales ha sufrido un calvario estos últimos años.

Han sido registrados “topones” entre grupos delictivos, levantones, acribillamientos, etc., pero la población civil ha sido la mayor perjudicada con secuestros de empresarios, funcionarios públicos, mujeres jóvenes, y un sin fin de acciones que han hecho de aquella ciudad una de las más peligrosas del estado.

Todavía le restan al presente régimen estatal cinco meses y medio; puede ocurrir cualquier cosa en este volcán de sangre que sufre Madera, pero su clímax lo tuvo en abril del 2020 con un enfrentamiento entre brazos de los Cárteles de Sinaloa y Juárez que arrojó 19 muertos. Francamente una zona de guerra entre agrupaciones delictivas con efectos devastadores para la población civil.

Sin ninguna oposición enfrente, con toda la libertad del mundo, una de esas facciones ejecutó la masacre de la familia LeBaron en noviembre del 2019 con nueve mujeres y niños como víctimas. Ocurrió el atentado en Bavispe, Sonora, perteneciente a la misma región limítrofe con Chihuahua (Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Ascensión).

¿A quiénes correspondían los restos de 11 cuerpos descubiertos en diciembre del 2020 en una fosa clandestina de Casas Grandes? Han transcurrido casi cuatro meses del hallazgo y ninguna autoridad ha revelado un solo dato al respecto.

Eso confirma en manos de quién permanecen grandes territorios del estado, desde los municipios menos poblados de la entidad hasta las grandes urbes como Juárez y la capital del estado.

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No es Javier Corral quien levantó a los últimos seis ejecutados de esta semana en Zapién. No es quien disparó las armas, tomó filosos cuchillos y cercenó a dos las cabezas.

No. Tampoco es quien ha encabezado los asesinatos de casi 11 mil personas ocurridos precisamente desde que inició su administración en octubre del 2016.

En cambio, su pólvora, su metralla y su cañoneo han sido verbales solo para justificar precisamente su fracaso de principio a fin en el combate a los grupos delictivos organizados y a la delincuencia común general.

La esperanza de sus disparos retóricos durante su campaña empezó a morir prácticamente desde que tomó protesta como gobernador. Ni cosquillas le ha provocado a las grandes, medianas y chicas facciones.

“Estamos enfrentando a la delincuencia organizada con toda decisión. Este tipo de ataques tampoco van detener la acción de la Fiscalía General del Estado, ni de los objetivos que tenemos en torno a delincuentes que están acechándose entre bandas delincuenciales”, dijo tras la masacre en el centro de rehabilitación Uniendo Familias.

Se quedó en bla, bla, bla como ocurrió a lo largo del quinquenio. Tomó la gubernatura para satisfacer complejos de aristócrata prohijados desde la temprana adolescencia y usó la falsa retórica para justificar cada día, cada falta de resultados en materia de seguridad, salud, educación, obra pública, finanzas... de todo.

“Los familiares de los agentes pueden tener la certeza de que no descansaremos hasta encontrar a los criminales, llevarlos ante la justicia e imponerles la sanción y la pena por este cobarde ataque”.

“Puntualizo que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de este ataque, todas las corporaciones policiacas de los distintos niveles de gobierno iniciaron un operativo conjunto para dar con los responsables materiales e intelectuales de este acontecimiento”.

Así dijo Corral en un comunicado de prensa girado por Gobierno del Estado tras asistir el pasado 6 de abril a un homenaje por la masacre de policías estatales registrada una semana antes en el lugar conocido como La Concha, ubicado nada menos que entre Temósachic y Madera. Fuego de principio a fin en aquella región.

“No descansaremos”. La desvergüenza y el cinismo fueron insultantes en esas palabras. El “homenaje” se llevó a cabo en martes, pero la masacre ocurrió una semana antes.

Se debió la tardanza a que Corral y su secretario de Seguridad, Emilio García, tomaron vacaciones de Semana Santa y ordenaron esperar a los honores hasta su regreso, incluida la tétrica decisión de preservar en la morgue uno de los cuatro cuerpos para tenerlo en la ceremonia.

Quedan indelebles para la negra memoria histórica del nuevo amanecer otros múltiples crímenes emblemáticos como el del estadunidese Patrick Braxton, el del dirigente de Coparmex, Uriel Loya, el de Blas Godínez, el querido médico de Gómez Farías, varios abogados, líderes sociales indigenistas... Y una estela muy larga, tremenda, de masacres y muertes de policías.

Si por pólvora y balas en la lengua fuera, la paz del sexenio anterior hubiera continuado durante los últimos cinco años, pero Javier Corral Jurado no pasó de las amenazas a los hechos.