Opinión
OPINIÓN

Parece que hay más testigos desaparecidos

Tal como ya se especulaba en la víspera, ayer fue diferida la audiencia inicial contra la candidata a la gubernatura, Maru Campos, por la causa que ahora instruye la Fiscalía Anticorrupción, que fue bateada de jonrón por el juez de Control, Ramón Gerardo Holguín

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 17 abril 2021 | 06:00

-Parece que hay más testigos desaparecidos

-Los sumisos de Corral al golpeteo vs Maru

-‘La Güera’ va a la ofensiva en dos frentes

-Datos biométricos y violación a datos personales

Tal como ya se especulaba en la víspera, ayer fue diferida la audiencia inicial contra la candidata a la gubernatura, Maru Campos, por la causa que ahora instruye la Fiscalía Anticorrupción, que fue bateada de jonrón por el juez de Control, Ramón Gerardo Holguín.

Por deficiencia o intento de trampas ya conocidas, los acusadores que responden a la fiscal, Gema Guadalupe Chávez, fueron regresados por donde llegaron tras la petición del defensor de la alcaldesa con licencia, Paco Molina, basado otra vez en amparos por no recibir el expediente completo.

Dos detalles jurídicos saltaron a la vista en la nueva diligencia que solo le hicieron perder tiempo a Campos Galván -conectada por teleconferencia- y a Molina Ruiz.

El primero es la anexión de más y más documentos a un expediente que supuestamente tiene años armándose. Resulta increíble que todavía hasta la fecha la acusación no se haya terminado de integrar y se haya pasado copia a la representación legal de la candidata para que prepare una defensa adecuada.

En este punto también resulta claro que si el gobernador Javier Corral tuviera evidencia de actos ilegales de Maru, ya la habría aplastado desde hace meses.

Además, el expediente que asegura tener la Fiscalía extrañamente se basa en licitaciones previamente revisadas por la Auditoría Superior del Estado y aprobadas en el Congreso en 2019, con la mayoría panista y hasta con aval morenista.

Hay además un segundo punto que hace pensar que el Ministerio Público de la “autónoma” Fiscalía Anticorrupción va a seguir los pasos de los acusadores de la Fiscalía General, en el otro proceso iniciado contra Maru.

Cuando menos un par de testigos acusadores, algunos incluso muy cercanos a altos funcionarios del corralismo, desde ahora ya están desaparecidos. Por ello serán usados para sustentar las acusaciones contra la alcaldesa, pero no los dejarán ser contra interrogados por la defensa.

Dicha irregularidad de los testigos, sumada al expediente escondido y al hecho de que el municipio de Chihuahua reclama participar del proceso penal, da para meses de diferimientos. Así, igual que la primera causa.

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No desaprovecha spot o discurso alguno el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, para atacar a Maru Campos con los procesos que le ha iniciado la administración estatal. Imposible que se le crea al abanderado que no depende de Javier Corral.

A partir de los contratiempos jurídicos que la defensa de Campos Galván le ocasiona al casi agotado régimen corralista, es previsible que esa andanada crecerá. Y no solo será por parte del abanderado que niega su alianza con Palacio, sino con todos los sumisos de Corral.

La estrategia de golpeteo que se diseñó en Palacio tenía como plan A una segunda vinculación a proceso contra la alcaldesa con licencia de la capital; a partir de eso se buscaría tanto la prisión preventiva como la suspensión de los derechos políticos de la abanderada de la alianza PAN-PRD.

Quienes van a sufrir las presiones para lograr esa segunda vinculación serán el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, y su área de Gestión Judicial, la dependencia más caliente del Poder Judicial estos días.

Los ataques a Maru serán ahora por haber buscado la protección de sus garantías mediante el amparo, así hasta que se realice la audiencia inicial, lo que bien podría llevarse toda la campaña y hasta después de la jornada electoral.

El interés político y no jurídico del corralismo quedará más que evidenciado en el trayecto, aunque ayer el Estado se haya quedado casi sin palabras tras el diferimiento.

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En memes, chistoretes de mal gusto y hasta caricaturas se dice ahora que el gobernador tiene debilidad por las güeras.

Javier Corral ahora agarró tiro cantado con Adriana Fuentes. Esta semana la candidata del PRI acudió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar la brutalidad policiaca con la que fueron tratados ella y los opositores a la ruta troncal.

Pero esto es apenas el comienzo de un rally judicial, porque los abogados de la candidata a la alcaldía ya trabajan en dos temas jurídicos; por una parte, están metidos en la defensa contra una probable imputación de la Fiscalía General del Estado y, la otra agenda, es comenzar una batalla legal porque resulta que las constructoras no tienen permiso para la obra, lo que puede constituir varios delitos.

Es evidente la irregularidad tremenda inclusive tapada por el buen doc presidente municipal, Carlos Ponce Torres, que ha salido bastante flojito en este aspecto. No ha salido a defender a los juarenses con la enjundia que las circunstancias ameritan.

Adriana Fuentes tiene todo listo para colocar en el banquillo de los acusados a Corral Jurado por esa documentada falta de permisos.

No hay duda, la omisión del Gobierno estatal es síntoma del abuso de poder, el autoritarismo y el desprecio por la autoridad municipal que prefirió soltar el tema.

Pero en política no hay vacíos. El BRT ya se convirtió en una bandera político-electoral que Adriana Fuentes está aprovechando para encaminar su proyecto y no va a soltar el discurso antiBRT por nada del mundo, menos ahora que fue un buen empujón en la percepción de los juarenses que aplaudieron la defensa de la Gómez Morín.

Rodolfo “El Güerito” Martínez y Cruz Pérez Cuéllar, los candidatos a la alcaldía por el MC y Morena, respectivamente, todavía no saben cómo reaccionar. Y eso que andan supuestamente por encima de los números de “La Güera”.

A súperMocken, el postulado al mismo cargo por Acción Nacional, lo salvó la campana precisamente de la otra “Güera”, la candidata a la Maru Campos, que no perdió un solo minuto para deslindarse del batidero vial que su compañero de partido, Corral, tiene en Juárez y deplorar el feroz ataque policiaco contra la Fuentes.

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Existe el temor fundado en usuarios de la telefonía celular y en organizaciones de la sociedad civil sobre todo las que observan, critican y son oposición de la Cuarta Transformación por la aportación obligatoria de datos biométricos.

El tema en boga tiene que ver con la reforma en materia de telecomunicaciones que obliga a quien posea un teléfono móvil a entregar sus datos. Así lo aprobó hace tres días el Senado de la República.

Implica de entrada que, quien compre un celular, deberá proporcionar a la empresa telefónica de su preferencia, su  nombre, domicilio, nacionalidad, edad, la CURP, una fotografía, la firma, prueba de voz, la huella y escaneo del iris ocular.

Para quienes ya cuentan con un teléfono, la ley aprobada ordena que habrá un plazo de dos años para entregar la información. En caso contrario habrá multas, incluso se podría cancelar el servicio.

El argumento del Gobierno federal, ponderado por la mayoría de Cámara de Diputados y ratificada por la mayoría en el Senado, es la garantía de la seguridad de los mexicanos. Es decir, desalentar (o desaparecer) delitos como el secuestro, la extorsión, los asaltos y otros en donde se utiliza un teléfono móvil.

En México existen 120 millones de usuarios que utilizan estos aparatos para la interacción, uso lúdico y hasta como cámaras fotográficas.

Crear un padrón de este tipo, equivale a realizar una concentración hípermasiva de información. Más que desalentar las actividades delictivas, las puede incrementar.

Nadie ofrece una sola garantía de que no se dará mal uso a los datos y mucho menos, que conocedores informáticos, por ejemplo, puedan acceder.

Hay, por si fuera poco, una violación constitucional al derecho humano de protección de datos personales y atenta contra la libertad de expresión, al libre tránsito de las personas.

Prácticamente sería como traer un sensor capaz de proporcionar ubicación, voz e imagen.

La reforma ya está en la cancha del Ejecutivo, en los próximos 30 días el presidente López Obrador puede hacer modificaciones e incluso ejercer la facultad de veto, lo que se antoja muy complicado.