Opinión

Más del desafuero

Hoy hace exactamente tres semanas escribía en este espacio en relación con la declaración de procedencia que se discute...

Sixto Duarte
Analista

martes, 25 febrero 2020 | 06:00

Hoy hace exactamente tres semanas escribía en este espacio en relación con la declaración de procedencia que se discute actualmente en el Congreso de Chihuahua, en contra del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez. En aquella edición sostuve que el Congreso de Chihuahua tenía en sus manos una decisión por la cual se les juzgaría históricamente, como un poder que reivindicaba la mayor convicción democrática, o se iban al resumidero de la historia desaforando a Ramírez (y manteniéndole el fuero al fiscal César Peniche) y por tanto, poniéndose de tapete del gobernador Javier Corral.

En ese momento sostuve que el Congreso debería de actuar en el mismo sentido retirándole o no el fuero tanto a César Peniche, como a Jorge Ramírez, de otra forma, habría incongruencia en su proceder.

Apenas la semana pasada la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, presidida por la diputada panista Georgina Bujanda, resolvió no proceder con la declaración de procedencia contra Ramírez, por mayoría de cuatro votos de cinco: el de Rocío Sarmiento del Movimiento Ciudadano, Rosa Isela Gaytán del PRI, Misael Máynez del Partido Encuentro Social, y René Frías del Partido Nueva Alianza, estos dos últimos, curiosamente, partidos sin registro.

Considero que, fuera de filias y fobias partidistas, la decisión de la comisión fue la correcta. Prueba de que es una decisión desapegada a intereses de carácter político, y a favor de la justicia, es que todos los diputados integrantes de la misma provienen de distintos partidos políticos. Lo que se evidenció con esta votación fue precisamente el respeto al estado de derecho, cristalizándose así una efectiva división de poderes. Corral, hasta este momento, no mandó en el Congreso, y los diputados se lo hicieron valor. A esos cuatro representantes populares, la historia les juzgará como aquellos que hicieron prevalecer la división de poderes en Chihuahua. Incluso, en relación con lo expresado por la diputada Sarmiento (quien por su experiencia, es especialista en temas penales), lo que se hizo prevalecer fue el debido proceso, mismo que en el caso de Ramírez ha sido violado de forma reiterada por Javier Corral y sus huestes.

El único voto a favor de desaforar a Ramírez fue precisamente de quién preside esa comisión, la diputada Bujanda. Su voto, sin embargo, se debe entender como un voto poco reflexionado, disciplinado a los mandatos de Palacio de Gobierno, y dócil ante la embestida vengativa del gobierno del Nuevo Amanecer. Bujanda, por un lado, no tiene calidad moral para acusar ni para darse baños de pureza, siendo parte del equipo político de Carlos Borruel, el más corrupto alcalde que ha tenido la capital de Chihuahua, mismo que por sus tropelías, escándalos familiares, pleitos de cantina, e incremento patrimonial, no requiere mayor presentación.

Lo que sigue ahora es que el Pleno del Congreso del Estado discuta precisamente la declaración de procedencia, teniendo en este caso la última palabra de retirar o no el fuero al magistrado.

Actualmente, no se sabe qué compromisos han hecho los diputados con el gobierno de Corral, y por ende, de qué forma votarán. Los partidos tienen la oportunidad de deslindarse de Javier Corral, a poco más de un año que éste deje el poder.

Dentro del PAN es muy probable que la mayoría sigan la línea dictada por Corral para retirar la protección constitucional a Ramírez, pues es parte de su discurso. Sin embargo, deben de considerar que en lo personal, cada uno de ellos, no tiene por qué asumir las luchas internas de Corral, ni cargar con consecuencias de carácter político o jurídico en lo sucesivo. En pocas palabras, como dice el dicho, no tienen por qué sudar calenturas ajenas. 

Es justamente en este punto donde Miguel Colunga, y la fracción de Morena que él encabeza, tienen la oportunidad de reivindicar y demostrar que no existen acuerdos con Corral, y que verdaderamente son diputados independientes, no alineados a los intereses del gobierno de Corral.

El PRI tendría que votar en contra del desafuero. Sería lo lógico. De Alejandro Gloria, del Partido Verde, Ramírez no puede esperar mucho porque ya sabemos cómo se las gastan en ese partido. Y en relación con Rubén Aguilar del PT, seguramente venderá su voto al Gobernador, como lleva décadas haciéndolo con quien en ese momento gobierne. En el caso de estos dos últimos, sus votos casi siempre tienen precio en numerario o en concesiones. Ojalá me equivoque en esta ocasión.

Aquí, estimado lector, desafortunadamente lo último que se busca es justicia.

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