Le hacen el feo a juarenses para ruta troncal

• Le hacen el feo a juarenses para ruta troncal

• Dejan solo al presidente ante las fake news

• En Turismo se les olvidó la austeridad

• Se impuso la rapiña sobre el gasto racional

Ya empezó a caminar la maquinaria del Gobierno estatal para desacreditar política y técnicamente la posibilidad de someter a plebiscito la anunciada ruta troncal para Ciudad Juárez, que iría de la Panamericana a la Tecnológico, Paseo Triunfo y 16 de Septiembre.

Desde Palacio se dice que hay dos trabas que se le ponen en frente al instrumento solicitado. La primera tiene que ver con la obras en sí que pondrían a circular al EcoBus por las citadas arterias; la segunda está relacionada con el origen de la inversión.

En primer término se considera que el proceso para ejecutar el proyecto ya comenzó. Está por ser lanzada una licitación correspondiente y eso ya cuenta como una obra en proceso.

Eso es debatible, pero le dan sustento en la Ley de Participación Ciudadana que da origen al plebiscito. Dicen, es una obra en proceso, supuestamente no sujeta a la herramienta. Absurdo. Es una imposición plena y llana como pocas en la vida de esta frontera.

Dicen que el otro aspecto es más difícil de atacar en un organismo electoral. Se trata de una inversión en la que no sólo hay recursos estatales y municipales, sino federales, con la intervención del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Se vacunan argumentando que al IEE no le alcanza la jurisdicción sobre dependencias federales, lo que constituiría el mayor dique a vencer por quienes buscan que el proyecto sea socializado mediante el instrumento que se estrenó con la fallida pretensión de renovar el alumbrado público de la capital del estado, donde ganó la negativa al plan presentado por una autoridad municipal.

Así perfilan los operadores corralistas desde ahora la no admisión del IEE. Pero será oficial hasta después del 10 de enero próximo, pues los días hábiles que tiene para responder de forma oficial a la petición se contabilizan al regresar del periódo vacacional oficial.

Desde ahora no están dejando otro camino a los proplebiscito que el amparo en los tribunales federales.

Evidentemente el corralismo operó contra el alumbrado público para Juárez y Chihuahua; en la capital del estado metió la mano hasta el codo para que fracasara el 'NO' en el ejercicio correspondiente. Hoy no quiere saber nada del mecanismo popular porque el negocio de la ruta troncal está en sus manos.

Hará cualquier cosa por que no haya plebiscito.

***

Una de las mayores fake news de los últimos días ha sido la supuesta reforma para fiscalizar el gasto mediante tarjetas de crédito, ante la que han surgido infinidad de acusaciones maliciosas de terrorismo fiscal y otros términos similares contra la 4T.

Se ha pintado dicha disposición como un ataque directo al contribuyente cumplido. Hasta se ha manejado la distorsionada versión de que el Servicio de Administración Tributaria tomará la deuda como un ingreso que gravará con impuestos. Nada más lejos de la realidad.

Ni es reforma –está en la ley desde 1978, con antecedentes desde la creación en los años 30 del impuesto sobre la renta– ni se orienta a gravar el crédito.

Simplemente es la aplicación del convenio que el SAT puede hacer con los bancos para facturar de forma automática los pagos con tarjeta bancaria. Es un convenio, con algunas actualizaciones, que está vigente desde hace más de 30 años.

Claro que vigilará la discrepancia fiscal –término existente desde los años 80–, a la vez que facilitará la declaración de impuestos para quienes deban hacerlo, con la vinculación del Registro Federal de Contribuyentes al chip bancario, con lo que se emitirá la factura correspondiente a la transacción, sin más trámites.

Sirva o no a esos fines, la medida está creada para combatir la corrupción, la elusión fiscal y el lavado de dinero. Imposible que grave el crédito, la deuda, como si fueran ingresos adicionales. Eso no cabe ni en la cabeza del más neoliberal recaudador de impuestos.

Lo que resulta difícil de creer es que no hay representantes federales, senadores, diputados, funcionarios, militantes de Morena... en fin, nadie capaz de salir a explicar la falsa reforma.

Dejan solo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante una evidente noticia falsa que desde luego prende por tener ciertos toques razonables que se le dan, en un país donde, por lo general, se castiga al contribuyente cautivo y se premia la informalidad.

***

El polémico Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado, que maneja en la opacidad sus recursos, se puso en la mira de la Auditoría Superior del Estado.

Integrado por la directora de Turismo, la viajera Natalhie Desplás Puel, la Secretaría de Hacienda y Comunicación Social del Estado, el comité que lo dirige trae unos gastos irregulares por más de 30 millones de pesos.

Nomás 11 contratos diversos, sobre todo para publicidad y servicios en Juárez y Chihuahua, suman 25 millones de pesos, todos sin contar con el visto bueno del Comité de Austeridad, que se supone debería revisar erogaciones generales de la administración estatal, desde aquel famoso decreto de Javier Corral de enero de 2017, convertido en letra muerta.

A eso se suman 1.4 millones de pesos en publicaciones impresas en la revista V de Volaris y 1.3 millones de pesos gastados en páginas de la revista Interjet. Ambas se distribuyen sólo en los vuelos de dichas aerolíneas. Los dos casos fueron sin licitación y sin dictamen de excepción.

También se olvidaron de la austeridad con otras adjudicaciones directas para la producción de videos promocionales del estado, que quizás nomás los integrantes del comité vieron, porque ni siquiera se sabe dónde los difundieron.

Los hoteleros de Juárez y Chihuahua son los que recaudan, mediante el cobro de un impuesto sobre hospedaje, más del 90 por ciento del gasto del fideicomiso.

Obviamente tienen razones para estar molestos y sospechar sobre el destino del dinero que le aportan al organismo paraestatal, que se ha negado a darles asientos en el comité a municipios y otros actores sociales, a fin de vigilar lo que se hace con los recursos que recibe.

***

Los casi 6 mil millones de déficit en el presupuesto que planteó el gobernador Javier Corral fueron aprobados en el Congreso del Estado por la mayoría albiazul y sus aliados.

Los recortes que se hicieron a organismos autónomos, al propio Poder Legislativo, al Tribunal Superior de Justicia, fueron meramente cosméticos. Unos cuantos millones insignificantes en proporción al gasto global aprobado, de 78 mil millones de pesos, con un ingreso de 73 mil millones.

Por eso tuvieron cero impacto en el cálculo de los egresos, ante el monumental endeudamiento presente y futuro por el que va la administración corralista.

Las minorías representadas por los priistas Rosy Gaytán, Omar Bazán y Marisela Sáenz, así como pocos de los morenistas que coordina Miguel Ángel Colunga, fueron quienes se pronunciaron en contra de un presupuesto deficitario y nada austero.

De nada sirvió que los opositores se desgañitaran con sus argumentos, porque las bancadas alineadas traían premarcada la línea de Palacio.

Nadie en su sano juicio, visto a nivel microeconómico, gasta mil 300 pesos si sólo tiene mil. Pero eso se pasó por alto a nivel macro con las finanzas estatales.

Al final se impuso la rapiña –sobre todo de las dependencias del Ejecutivo– sobre el gasto racional exigible a cualquier administración pública.

La factura terminará siendo cobrada. Pero por mientras la administración le dará rienda suelta a su elevado gasto.