Las obras de relumbrón en Juárez

A propósito de lo recién acontecido en la línea dorada 12 del metro en la Ciudad de México y lo que estamos experimentando en nuestra ciudad, con la construcción del Transporte Rápido de Autobuses o BRT por sus siglas en inglés, conduce a reflexionar en torno a lo que conocemos como obras de relumbrón y que forman parte del glosario de términos de una compleja cultura política en nuestro país. 

Salvo honrosas excepciones, es muy característico en los tres niveles de gobierno de México, que los proyectos de infraestructura queden inconclusos y sin garantía de su futura operación. Ejemplos del pasado y del presente son abundantes, por insuficiencia de tiempo, presupuesto, así como incumplimiento de compañías privadas constructoras. Este sobrevenir lleva a dos reflexiones. Una, la falta de continuidad en la planeación y ejecución de los compromisos establecidos, y la segunda, servidores públicos involucrados. Respecto a la primera, no obstante que existe una vasta normatividad respecto a la obligatoriedad de elaborar planes de gobierno, sexenal o trienal, y se apruebe normatividad que garantice la continuidad en el período siguiente, el gobierno recién electo simplemente lo evade. Lo referente al personal, se relaciona a los espacios para cumplir con compromisos de campaña, familiares, compadres y amistades. Por ejemplo, el BRT de Juárez es un proyecto que rescata y refina la administración estatal en turno, sin duda es un proyecto que los juarenses merecemos. Sin embargo, la majestuosidad que adquirió el proyecto, en cuanto a beneficio, tiempo y presupuesto, corre el enorme riesgo de que forme parte del glosario de términos que aludo. Su planeación cumple con el requisito de normatividad para garantizar su continuidad en el siguiente período de gobierno, por lo que se pudo concluir únicamente una parte del proyecto, por ejemplo una troncal más y operarla satisfactoriamente, pero la tentación fue privilegiada, se abrieron prácticamente todos los frentes y ahora nuevamente los juarenses pagaremos las consecuencias de una obra no planeada cabalmente. Ese riesgo quedará en manos del gobierno que resulte electo en las próximas elecciones y que por no ser su responsabilidad, en el mejor de los casos, tardará en tomar rumbo. 

En países como Canadá, este tipo de intrepidez no se presenta. La obra a ejecutar NO es responsabilidad de una compañía privada que puede desaparecer en cualquier momento, tampoco es responsabilidad del gobierno en turno, sino de los servidores públicos expertos en la materia, ingenieros e inspectores. Prevalecen criterios de seguridad, estabilidad y durabilidad, y hay intervención constante de personal de sus tres niveles de gobierno.  Si ocurre algún siniestro, se responsabiliza a quien lo diseñó e inspeccionó en sus diferentes etapas de construcción. Este proceso garantiza, que no haya cabida a acuerdos truculentos, que de fondo los recursos públicos no se politicen, que no se busquen culpables y menos que se utilicen en los procesos electorales. En su glosario de cultura política son importantes dos conceptos, planeación y profesionalización de la administración pública.