La exoneración del General

El General Salvador Cienfuegos fue detenido en octubre pasado cuando aterrizaba en Los Ángeles, California, en un viaje familiar. Le imputaban cargos por narcotráfico y lavado de dinero, a partir de supuestos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cartel de los Beltrán Leyva. Una corte federal del Distrito Este del Estado de Nueva York era la que lo requería.

Un mes después, en noviembre de 2020, los cargos fueron sorpresivamente desechados por parte de la Fiscalía norteamericana, y el General fue enviado de regreso a México para enfrentar acá los cargos que allá se le imputaban. Desde que llegó a México, Cienfuegos no fue molestado, y se retiró a su residencia.

En el caso concreto, vimos cómo el gobierno mexicano operó para traer de vuelta al General a México, demostrando que México, cuando quiere, puede presionar a Estados Unidos en temas de interés binacional. Lástima que esa fuerza de negociación no sea usada para defender la dignidad de los migrantes.

El viernes pasado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que, en la supuesta investigación de presuntos hechos delictivos por parte del General Salvador Cienfuegos, no había elementos para ejercer acción penal, y mandó archivar el expediente. Este proceder, naturalmente, generó muchísimas inconformidades de este lado, y al otro lado del Bravo, a unos días de la transición de poderes allá.

Es importante recalcar lo que el que esto escribe ha venido sosteniendo en este espacio por años: la justicia no se procura ni se imparte a partir de mayorías o del pensamiento colectivo. El hecho de que mucha gente piense que Cienfuegos está vinculado con el crimen organizado, de ninguna manera se traduce en la culpabilidad del acusado.

La presión de la cúpula militar a López Obrador trajo como consecuencia que al General no se le molestara ni con un citatorio. En lo personal, me parecía muy inverosímil la teoría del caso de la Fiscalía norteamericana. Hablo desde la frivolidad de conocer los datos que han trascendido a los medios de comunicación. El General, al parecer, no tenía una vinculación directa con las organizaciones criminales.

Estados Unidos ha asumido, bajo el principio de extraterritorialidad de su ley, un rol que muchas veces es cuestionable. Todos recordamos cuando una Corte de Nueva York mandó arrestar en Suiza a distintos directivos de la FIFA por haber recibido sobornos en Zúrich. Igualmente, cuando mandaron detener en Guadalajara al Doctor Humberto Álvarez Machaín, vinculado con el homicidio de Enrique Camarena Salazar, un agente de la DEA encubierto en México, y lo trajeron hasta El Paso para posteriormente, ponerlo a disposición de un juez federal de California (United States v. Alvarez-Machain).

Es decir, en el caso anterior, Estados Unidos mandó arrestar a un ciudadano mexicano (Álvarez Machaín) por el homicidio de otro ciudadano mexicano (Enrique Camarena Salazar) en territorio mexicano (Guadalajara).

Todos los días vemos casos de extradición a Estados Unidos de delincuentes que, incluso, nunca han puesto un pie en Estados Unidos. Distintos personajes de la localidad vinculados a organizaciones criminales que aquí tienen su asiento, (y algunos que pasaron transitoriamente por aquí, como “El Chapo” Guzmán) han sido extraditados a Estados Unidos. De ahí que surja nuevamente el debate, y resurja la postura nacionalista de que, ante los crímenes cometidos en México, se debe juzgar a los presuntos criminales en México.

La molestia de Estados Unidos es fundada. Aquí más valía haber llevado a juicio al General Cienfuegos. Si como dice el gobierno mexicano, no había elementos suficientes para sentenciarlo en Estados Unidos, debieron dejar correr el procedimiento. Finalmente, bajo esa lógica, saldría absuelto. Aquí en México, nos perdimos de la posibilidad de que fuera un juez quien declarara la inocencia de Cienfuegos. Ante esta omisión, siempre quedará una sombra de duda de qué fue lo que realmente pasó.

En este caso, México pierde en todos los sentidos: pierde credibilidad el gobierno ante los mexicanos, pues ni siquiera se le citó a declarar al General. Pierde el gobierno ante Estados Unidos, pues acusó a la DEA de fabricar un expediente, además de ventilar la carpeta de investigación. Pierde México, porque las fuerzas armadas consolidan su poder, teniendo en el Presidente a su principal gestor.