Ese iPhone robado sube a otro nivel

• Ese iPhone robado sube a otro nivel

• Un amparo que llama la atención

• Para repartir culpas es muy bueno 

• Siempre sí hay negocio por millones en Morena

El robo de un teléfono celular iPhone no ha quedado en mero incidente, broma o materia de memes y hasta chistes de calidad diversa.

Ayer ese hurto cometido el sábado por el gobernador del estado Javier Corral y sus escoltas a un periodista de la ciudad de Chihuahua llegó hasta la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y subió también al Congreso del Estado en calidad de “exhorto” a Corral para devolver el aparato de comunicación.

“El Congreso del Estado de Chihuahua acuerda hacer un exhorto al Ejecutivo estatal para que en uso de sus atribuciones y facultades tenga a bien devolver el teléfono celular que le fue arrebatado a Gabriel Venzor...”, señala la petición firmada por los diputados Marisela Sáenz, Omar Bazán y Rosy Gaytán.

En la conferencia de prensa matutina presidencial tuvo un plus extra el tema al ser abordado por un periodista extranjero, no por él o los afectados. AMLO respondió que abordará el asunto de la libertad de expresión en general con todos los gobernadores en próxima reunión. La excepción no es regla, aseguró.

De un asunto cuantitativamente pequeño ocurrido cuando el periodista pretendía tomar fotos del gobernador jugando tenis, ha ido el tema en ascenso como la espuma con esos nuevos agregados como ejemplo.

Son dos razones las que han elevado el rango en la importancia de esa conducta desplegada por el gobernador: una, el atentado contra el ejercicio periodístico; dos, la recurrencia, la facilidad, con la que Corral agrede peligrosamente a sus críticos.

Desde el inicio de su gobierno hace ya más de tres años exhibió aquella lista de “periodistas peligrosos” que incluía a colegas de diversas empresas informativas tanto electrónicas como de prensa; luego llamó extorsionadores a varios –incluidos medios nacionales–, hasta ahora que se ha apropiado del teléfono de un colega molesto al ser sorprendido en la jugada de tenis.

Sin duda el punto es ése, va casi terminando su régimen y no ha dado su brazo a torcer en materia de falta de tolerancia ni respeto a quienes le señalan desde cualquier trinchera. Impredecible y peligrosa la llegada al 2021.

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13 amparos de 10 inconformes con el Consejo de la Judicatura, la mayoría de actuales jueces del Poder Judicial del Estado, son los que se acumulan para su resolución final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decena de amparados son aspirantes a una plaza definitiva de juez penal, civil o familiar. Son de Juárez, Chihuahua, Delicias y Guerrero los que han alegado irregularidades en el proceso de selección que todo mundo supo fue obra de la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela “Lucha” Castro.

Pero al último de los amparos debe prestársele especial atención sobre los demás. Se trata del caso del abogado José Luis Contreras Cruz, quien sin ser juez provisional aplicó para ingresar como tal en aquel polémico procedimiento.

El alegato que le valió el amparo en el juicio 1476/18 del Juzgado Primero de Distrito está dirigido contra el examen psicométrico y la entrevista psicológica aplicados por la comisión de la Judicatura a cargo del proceso.

Al aspirante le dieron sin explicación alguna una calificación muy baja. No hubo criterios definidos en la selección, más que un valor arbitrario asignado a cada etapa del procedimiento.

“No se le hicieron saber los motivos que tuvo el evaluador para llegar a la conclusión de la evaluación, con el fin de controvertirla, toda vez que desconoce si el evaluador incurrió en error o en su caso se evaluó mal, únicamente le dieron el resultado final, dejándolo en indefensión”, señala la sentencia.

“Se concluye que la tercera etapa de la convocatoria de oposición para jueces reclamada, resulta violatoria del derecho fundamental de legalidad jurídica, en virtud de que carece de fundamentación y motivación”. 

La importancia de la resolución radica en que establece un cerco más al procedimiento de selección de 56 jueces. 

Los amparos han ido de lo individual a lo general, de violaciones concretas contra participantes a señalamientos genéricos del proceso. El examen psicométrico y la entrevista psicológica era lo que faltaba para cerrar la pinza, de lo que habrá de encargarse la SCJN a comienzos del año próximo.

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Sobre la baja en el gasto federalizado para Chihuahua, los diputados federales de Morena en realidad no andan tan preocupados en explicar lo que ocurrió con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Es real que el presupuesto decreció un 0.2 por ciento en términos reales, en particular por una disminución en los renglones de aportaciones y el régimen de protección social en salud, lo que era el Seguro Popular antes de convertirse en el nuevo instituto que es ahora.

Eso se ha tomado como pretexto en el Gobierno del nuevo amanecer para enderezar un golpeteo a través de los legisladores panistas como Miguel Riggs, Mario Mata y Patricia Terrazas, quienes han tomado la bandera federalista de la que nunca se han acordado los del albiazul en sexenios pasados.

Lo que no se dice por los diputados y la administración de Javier Corral –aseguran los morenistas– es que el gasto federal directo vía la Secretaría de Bienestar se ha incrementado 20, 30 y 60 por ciento en algunos programas.

Duele a la estructura estatal que ahora los recursos no se bajen vía la burocracia del Gobierno del Estado, donde se quedaban muchos de los apoyos. Pero en el análisis general la inversión federalizada, sobre todo en materia social, es la mayor en muchos sexenios.

Desde luego es más fácil poner de pretexto al presupuesto federal, como en el pasado puso la situación financiera que le heredó la administración de César Duarte. 

Ha optado por pretextar en vez de asumir un compromiso verdadero con la priorización del gasto social y la austeridad en el aparato burocrático.

La administración estatal se encamina, con tanto rollo federalista y la promoción de ambiguos foros en los que se cataloga al sistema federal como simple ente recaudador e inútil, a encontrar las excusas ideales para no dar resultados.

De hecho tiene el expertise suficiente para repartir culpas por su ineficiencia, cuando ya debería pensar en dejar verdadera obra de gobierno ahora que ha entrado en su recta final.

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Resulta que ni la exhibida en redes sociales y grupos internos de Whatsapp frenó el interés de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, de hacer un negocio inmobiliario con el partido en Chihuahua.

Aunque la dirigencia estatal de Martín Chaparro se negó a la compra de un inmueble propiedad de Augusto Javier Terrazas, que se haría a través de la tesorera Martha Laguette Lardizábal, resulta que cuando menos ya hubo un enganche depositado a la cuenta del particular. Se habla de una cantidad que supera los dos millones de pesos de abono inicial.

La transacción no ha sido concluida, pero el trato sigue en pie, pues se ha impuesto el interés de adquirir un local propio cuyo avalúo muestra algunas incongruencias. 

Se trata de un viejo inmueble en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Chihuahua, que antes fue una sucursal pequeña de BBVA, banco que se cambió a otro más funcional y atractivo.

El costo que se pretende cubrir es de 13 millones de pesos, aunque el edificio no los valga; el negocio va en el sobreprecio pactado.

Curiosamente hace medio año Morena buscaba un local propio para su sede estatal que se tasó en siete millones de pesos, con espacios amplios para oficinas y estacionamientos.

Ahora el que se ha instruido comprar vale casi el doble, no tiene cajones de estacionamiento y para ser funcional requiere además de una inversión adicional.

Para colmo se pretende dejar el pasivo a la siguiente gestión de Morena, que se supone comenzará entre marzo y abril del año próximo. Hasta ahí va la novela de la dichosa adquisición que se quiere disfrazar como una gran inversión para el partido.