Opinión

El origen maldito de los testigos protegidos

La figura procesal de testigo protegido tiene un origen maldito en los juicios de la Santa Inquisición

Carlos Murillo
Abogado

domingo, 22 diciembre 2019 | 06:00

La figura procesal de testigo protegido tiene un origen maldito en los juicios de la Santa Inquisición. Durante la época medieval, cuando alguien era acusado o acusada de brujería, el juez le daba la oportunidad de salvarse si denunciaba a otros brujos o brujas. Se trataba de un intercambio pragmático, si el acusado o acusada entregaba a más cómplices, entonces la Santa Inquisición podía castigar a más infieles; en esa lógica, los tribunales recibían testimonios que narraban con detalle el vuelo de una bruja por los aires, la cópula con el diablo o los rituales de sangre con animales. 

Hoy sabemos que los testimonios eran falsos, pero durante la Santa Inquisición eran verdades absolutas. Éste es un claro ejemplo del populismo punitivo que nace de una necesidad –tanto del Estado como de la sociedad–, de castigar a alguien; porque ese alguien tiene que estar mal para que todos los demás estemos bien, así comienza la cacería de brujas y esta dualidad entre el bien y el mal desde la mirada de la moral religiosa.

Los testimonios, por incomprensible que sea, eran la piedra angular del proceso judicial; los testigos protegidos ofrecían información suficiente para sentenciar a alguien a la hoguera. Nadie ponía en duda el dicho de quien confirmaba lo que el juez de antemano ya sabía: eran brujas y eran culpables. 

No tenemos que ir tan lejos. Hay un pasaje del siglo XVII, del padre Joseph Neumman que vivía en la Sierra Tarahumara, donde narra que un hechicero rarámuri provocó un eclipse, lo dice en su diario convencido de que existe la hechicería, porque precisamente ese es el principio de los juicios de la Santa Inquisición, hay una convicción en el juzgador de que existe el mal, eso ya nadie lo pone en duda, la cuestión es darle forma al castigo a través de un proceso, pero ya existe un prejuicio antes de iniciar.

Desde entonces, un testigo protegido dice lo que el tribunal quiere escuchar. Esta política judicial en el procedimiento, debilita la administración de justicia, la hace vulnerable frente al poder religioso o del poder político, que pueden manipular el sistema para usarlo como un arma, como se ha hecho tantas veces en regímenes totalitarios.

Hay ejemplos durante toda la historia de la humanidad sobre esta estrategia, los últimos cien años, en Europa, esta forma de populismo punitivo se presentó con más fuerza en el nazismo en Alemania que castigaba a quienes pertenecían a un grupo étnico y usaban a testigos protegidos, judíos señalando judíos por un trato diferenciado temporal; el Fascismo en España con el grupo que fundaron llamado La Falange que, al igual que en Italia, enaltecían los valores morales de la nación y perseguían a todos los liberales de la época, usaban a testigos protegidos para desaparecer a los opositores. Aquí, no se trataba de la mirada del bien y el mal desde la ortodoxia religiosa, era el discurso de un bien social por encima de todo desde la moral política.

Pero esto no es privativo de Europa, ni de los gobiernos de derecha o izquierda, en la exURSS, por ejemplo, fue la táctica usada por Stalin para perseguir y matar a millones, muchos de ellos inocentes, que eran acusados de traición al proyecto socialista, lo mismo sucedió con la dictadura de derecha que instauró el general Augusto Pinochet en Chile.

Una visión absoluta del mundo, donde solo hay culpables e inocentes, suele convertirse en fanatismo con apariencia de moral política, después se transforma en totalitarismo y, finalmente, en dictadura, que es la degradación total de la política.

Hitler, Franco, Mussolini, Stalin, Pinochet, en una lista muy larga, son gobernantes totalitarios que usaron el Poder Judicial y los une la misma estrategia en los procesos legales, los testigos protegidos como fuente de información para el proceso penal.

Los nuevos paradigmas procesales en el siglo XXI, intentan alejarse de los juicios de la Santa Inquisición, inclusive, en el caso de Latinoamérica, los nuevos juicios orales, de corte acusatorio adversarial, acusan al sistema anterior, el sistema escrito, de ser un sistema inquisitivo, para meterle más drama al asunto y desprestigiar por completo el sistema que cambió hace apenas tres años a nivel nacional y en Chihuahua comenzó a transformarse en 2008. 

Recientemente, AMLO hizo un pronunciamiento en contra de los Testigos Protegidos, porque considera que son “prácticas lamentables que se usaban contra quienes tenían posturas distintas al Gobierno”, esto es congruente con el discurso de la 4T que desea desmarcarse del populismo punitivo.

Hace poco revisaba un proyecto de investigación sobre el sistema penal en Chihuahua y el autor decía en su exposición que Chihuahua es famoso porque fue de los primeros estados en cambiar el sistema penal, pero también se había hecho famoso por ser el primero en corromperlo. Efectivamente, tras la reforma penal de 2008, hubo dos grandes contrareformas, la primera para evitar la puerta giratoria en 2011 y la segunda para adaptase al Código Nacional de Procedimientos Penales que entró en vigor en 2016.

A pesar de los esfuerzos, la sombra de la Santa Inquisición está presente en los juicios penales, más pronunciadamente en donde la acusación la hace un testigo protegido que, en la versión mexicana de esta figura procesal, supuestamente tiene el beneficio de una reducción en la penalidad y la identidad se mantiene en el anonimato, pero en realidad se usa como una negociación para lograr la impunidad y todos saben quién es el testigo protegido.

Es lamentable el retroceso del sistema de justicia penal cuando se usan estas prácticas medievales y se manipula el sistema de justicia con fines políticos. Este pasaje quedará en los libros de historia, como quedaron los juicios de la Santa Inquisición y los tribunales totalitarios del siglo XX.

En ese sentido, es importante el derecho a la memoria histórica, que no se nos olviden los nombres de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y su prima Abigail Williams, que juraron ante el tribunal haber visto actos de brujería lo que provocó la ejecución de mujeres inocentes en el pueblo de Salem.

Que no se olviden los nombres y apellidos de quienes testificaron en falso para sostener a un Gobierno podrido por el odio y que, con ello, debilitaron a las instituciones, perjudicaron a inocentes, destruyeron la democracia y fortalecieron el autoritarismo a cambio de impunidad.

close
search