El lema debe ser ayudar, no estorbar

• El lema debe ser ayudar, no estorbar

• Anda el chaperón sentido con el gobernador

• Negocio de Ceresos será ‘autónomo’

• Asambleas para asignación de 200 millones

La capacidad militar en acciones civiles es tan escasa que frecuentemente un simple retén como el instalado en el área de Samalayuca se sale de control y ocasiona más problemas de los que busca resolver.

Ocurrió ayer de nueva cuenta pero seguido recibimos fuertes críticas ciudadanas, fotos y hasta videos al respecto. 

De sur a norte se forman hileras interminables de autobuses de pasajeros y vehículos más pequeños en el kilómetro 315, justamente del Precos, porque los militares apostados en ese lugar carecen del criterio organizacional más básico.

Los soldados de más bajo rango son ubicados en ese lugar. Son dos carriles al llegar a ese embudo. Una de las vías debe ser para camiones, la otra para unidades más chicas. Es muy común que ambos carriles sean ocupados por autobuses y trailers, lo cual provoca tremendos embotellamientos, desesperación y esperas hasta de dos horas si alguno de los camiones es revisado más de lo normal.

Los conductores de vehículos chicos quedan literalmente atrapados entre el desorden ocasionado por el desconocimiento y falta de criterio de los militares. Y una vez pasado el filtro de los soldados, inmediatamente enseguida ha sido apostado un grupo de policías federales ahora con brazalete de la Guardia Nacional para inspeccionar las unidades pequeñas.

Adultos mayores desesperados, niños llorando, enfermos al punto del colpaso... muchísima gente enojada prácticamente sin más razón que la falta de criterio para manejar esos retenes.

El sábado publicamos en El Diario el desperfecto mecánico de uno de los llamados camiones piratas. Se quedó “tirado” durante la noche del viernes a menos de 10 kilómetros de la caseta de peaje de Villa Ahumada, también de sur a norte. 

Ahí estuvieron abandonadas mujeres, adultos mayores y niños con clima bajo cero. No fueron atendidos ni por policías federales, ni por militares en sus constantes patrullajes por la zona, ni policías estatales, ni tampoco por los vehículos de auxilio carretero.

Es ahí donde realmente debieran las corporaciones de seguridad llevar a cabo su trabajo. Es un auténtico contrasentido que se amontonen soldados y policías en un retén para fastidiar a los viajeros y no haya uno solo que ayude a quienes sufren percances a lo largo de los caminos chihuahuenses.

Ayudar no estorbar, debe ser el lema.

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En verdad Óscar Alberto Aparicio Avendaño albergó esperanzas hasta el último minuto de que sería convertido en dueño absoluto del nuevo negocio en Palacio de Gobierno llamado Secretaría de Seguridad Pública.

Se mostró inquieto, incómodo y con cara de pocos amigos durante la encerrona en Pueblito Mexicano la noche del lunes. Horas antes Corral había anunciado el nombramiento de Emilio García Ruiz ante los medios de comunicación.

Aparicio fue enterado de dicho movimiento sólo por los periódicos. No fue invitado siquiera a la comida que tuvo con varios de sus colaboradores el gobernador en el chino Shangri La. De ahí se trasladaron  al Pueblito a la encerrona de “coordinación de seguridad”.

Tenía motivos el cada vez menos jefe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para presentarse atufado. Así permaneció también ayer en la “reunión privada de gabinete” que el gobernador tuvo en la ciudad de Chihuahua, en Palacio de Gobierno.

Es evidente que Aparicio ya no cabe en la administración corralista. No solamente lo dice la llegada de quien ahora es su jefe inmediato, García Ruiz, sino su pobrísimo desempeño a lo largo de tres años. 

Nada tienen qué agradecerle los chihuahuenses, sí bastante que cobrarle: inseguridad y violencia por todas partes. Sólo sus méritos como chaperón del gobernador lo sostuvieron en el círculo más próximo de Corral.

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El gran negocio de las cárceles no quedará totalmente en manos de los nuevos dueños de la Secretaría de Seguridad ni de los jefes de la Fiscalía General del Estado.

Viene toda una reestructura que implicará mayor burocracia de la que se tiene. El nuevo organigrama ayer fue deslizado tanto al fiscal como al encargado de la naciente Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los dos protagonistas de la reunión de gabinete a la que convocó Javier Corral en el Palacio de Gobierno.

Actualmente los Ceresos se manejan a través de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, área a cargo de ocho penales varoniles, dos femeniles y dos para menores de edad. 

Inicialmente se proyectaba la transferencia completa de dicha área de la FGE a la nueva Secretaría, pero para seguir con el modelo federal, como si fuera eficiente, se planteó ahora la creación de un organismo desconcentrado para la administración de los penales.

La nueva estructura burocrática tendrá un comisionado como titular, no propiamente subordinado al secretario de Seguridad, aunque sí dentro de la estructura de dicha dependencia. Su funcionamiento y operación se espera hasta febrero. 

Estará además desligado del fiscal general, por lo que será otro punto de conflicto entre la Fiscalía y la Secretaría, dado que tendrá una corporación adicional –una reactivada Policía Procesal– a la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva.

Teóricamente el modelo busca manejar con mayor eficiencia y orden las cárceles bajo responsabilidad del Estado, que son territorios bajo dominio criminal, al menos las más grandes de Juárez y Chihuahua.

Pero la realidad es que esos terrenos son altamente productivos para los mandos policiacos que negocian con las bandas delincuenciales. Así que la transformación pretendida puede traer reacciones y consecuencias violentas una vez que se ponga en marcha.

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Hoy se realizarán nueve asambleas vecinales en Juárez en los centros comunitarios de las colonias Centro, Kilómetro 20, Felipe Ángeles, Aztecas y Manuel Clouthier.

Serán reuniones durante la mañana y la tarde, con horarios entre las 9:00 y las 19:00 horas, vigiladas y sancionadas por las Contralorías Sociales Comunitarias. 

Así comienza el procedimiento de asignación de los 208 millones de pesos del fondo del Presupuesto Participativo, que el director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz, debe entregar el día 15 de enero.

El novedoso proceso que se realiza en la frontera muestra algunas ventajas frente al que se ejecuta en la capital, ambos obligados por la nueva Ley de Participación Ciudadana. 

De entrada en Chihuahua hubo cierto madruguete con las definiciones en plena temporada vacacional de diciembre y los primeros días de enero. Aquí, en cambio, el procedimiento se aplazó hasta la semana actual con dichas asambleas y con una votación en los mismos centros comunitarios el día 14 de enero.

Mediante este mecanismo de democracia directa, la población podrá elegir algunas de las obras públicas a ejecutarse durante el ejercicio fiscal actual, de entre un listado de propuestas emanadas de la propia ciudadanía juarense.

Podrán plantearse y votarse proyectos que correspondan a la Dirección de Obras Públicas, de Servicios Públicos y de la Secretaría de Seguridad.

Terminado el proceso la administración municipal deberá dar a conocer los resultados a finales de la siguiente semana.