Diario
Opinión
viernes, 21 febrero 2020 | 06:00
El 7 de noviembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos emitió sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México sobre el cumplimiento del pacto, en donde establece sus principales motivos de preocupación y recomendaciones.
La violencia contra las mujeres es una de sus preocupaciones, y bueno, no sólo del comité, sino de toda la sociedad, preocupación que venimos cargando desde los años 90 a la fecha, sin que el Estado cumpla con su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Incluso el comité señala que continúa preocupado por el aumento progresivo de este tipo de violencia, y que le preocupa la falta de armonización de la tipificación del delito de feminicidio entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y los códigos penales estatales, así como sus protocolos de actuación para la investigación criminal del feminicidio.
En este sentido resulta oportuno resaltar que el Código Penal del Estado de Chihuahua incorpora el tipo penal de homicidio por razones de género hasta el 28 de octubre de 2017, que por cierto bastante tardía su incorporación, pues la recomendación de tipificar este delito viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del Caso Campo Algodonero desde el 2009, aunado a que Ciudad Juárez es uno de los municipios que se ha posicionado con más feminicidios del país; así lo indica el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, el código no lo define como “feminicidio”, y en lo que respecta a la penalidad, ésta varía, por ejemplo, en el Código Penal Federal se establece una pena mínima de 40 años y en el caso del Código Penal del Estado, la mínima es de 30 años.
Otras de las preocupaciones del comité es sobre los desafíos en la implementación del mecanismo de alerta de violencia de género, incluyendo la falta de recursos financieros y de información por parte de las autoridades encargadas de su coordinación. Que por cierto en Chihuahua aún permanece inconclusa, a pesar de que fue solicitada a principios del año pasado, sin a que a la fecha se tenga razón.
Por otro lado, al comité le preocupa la falta de un mecanismo efectivo y accesible en todo el territorio del Estado mexicano que implemente las órdenes de protección establecidas en la LGAMVLV; y es que es muy usual que las víctimas queden desprotegidas por la autoridad y se simule que se les protege. El caso emblemático de Abril es uno de ellos, quien después de ser agredida con un bat en la cabeza por su esposo Juan Carlos García ex Ceo de Amazon México, meses después fue asesinada con dos disparos en la cabeza después de salir de los juzgados, pues enfrentaba un juicio de la custodia de sus hijos. Feminicidio que permanece impune ¿y las órdenes de protección? Nunca fueron reales.
Y así puedo seguir sumando casos en donde las órdenes de protección no son efectivas y conllevan a la muerte violenta de las mujeres.
La falta de investigación de los feminicidios lanza un mensaje de impunidad, en donde la violencia feminicida se normaliza por el propio Estado. Y los pocos feminicidios que se investigan no se hace con perspectiva de género, de manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial.
Y no se hace por falta de formación del personal de las instituciones judiciales, de la Policía y expertos forenses (peritos), destinados a eliminar los estereotipos de género y a evitar la doble victimización de las víctimas.
La erradicación de la violencia contra las mujeres está lejos de alcanzarse si el Estado no se esfuerza en sumar recursos financieros y humanos suficientes y debidamente capacitados.
Y como bien lo dice mi buen amigo Javier “El Pato” Ávila, a nosotros nos toca sumar voces, sumar señalamientos, sumar inconformidades, porque son muchos los dolores que se han ido sumando.