Piden anular leyes de Guardia Nacional

Ciudad de México— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar en su integridad las tres leyes principales en materia de seguridad impulsadas por el actual Gobierno.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez presentó apenas el 26 de junio tres acciones de inconstitucionalidad, para solicitar la nulidad de la Ley de la Guardia Nacional (GN), de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, y de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, publicadas el 27 de mayo.

En todos los casos, la CNDH alega que el Congreso de la Unión incurrió en "omisiones legislativas relativas en ejercicio obligatorio", es decir, no generó las normas necesarias para reglamentar Íntegramente estas materias, como mandata la Constitución.

Las demandas del organismo responsable de velar los derechos humanos no suspenden la vigencia de las leyes y el trámite de los juicios tomará varios meses, pero de ser exitosas, dejarían a la GN sin fundamento jurídico para su actuación.

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite dos acciones de la CNDH.

La Corte notificó la admisión de la acción 62/2019, que es la que impugna la Ley de la GN, y de la acción 66/2019, que cuestiona un artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Con la admisión, se emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que rindan informes a la Corte en quince días hábiles.

Está pendiente la admisión de las acciones 63 y 64/2019, sobre las leyes de Registro de Detenciones y de Uso de la Fuerza Pública.

Además de pedir la invalidez general de las leyes, González Pérez planteó la nulidad de artículos, fracciones y párrafos en particular.

De la Ley de la GN pidió declarar inconstitucionales 25 apartados, entre ellos los que facultan a esta corporación para solicitar a los jueces la geolocalización de teléfonos celulares o la información almacenada en ellos, y para la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros

También se cuestionan facultades como "realizar investigación para la prevención de delitos", "requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación", y "recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva".

Todas estas eran atribuciones de la Policía Federal, cuyas más de 40 facultades fueron transcritas casi textualmente en la Ley de la GN, que es integrada por policías Militares, Navales, y aquellos de la PF que quieran sumarse y pasen ciertos controles.

En la otra acción admitida hoy, el ombudsman demandó la invalidez del artículo 110 de la Ley General del SNSP, que clasifica como reservada toda la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información.

Esto es, el público tiene vedado el acceso a datos sobre detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, sentenciados, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, lo que a juicio de la CNDH es una reserva excesiva sobre temas que no en todos los casos deben ser secretos.