Piden a Corte que se pronuncie sobre consulta

Ciudad de México— El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del titular del Ejecutivo Federal para realizar una consulta popular sobre la viabilidad de abrir procesos legales en contra de los expresidentes en los pasados cinco sexenios. 

Con fundamento en la fracción I, del artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, el parlamentario tabasqueño envió la petición, junto con la propuesta de pregunta formulada, a la Suprema Corte, para que este órgano resuelva la constitucionalidad de la materia de la consulta con un plazo de hasta 20 días naturales para responder.

De acuerdo con la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, el Ejecutivo propuso la siguiente pregunta:

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?"

En las consideraciones de la petición, López Obrador afirmó que este ejercicio es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.

El presidente también consideró que la petición no contraviene la limitación establecida en el numeral tres, fracción VIII del artículo 35 constitucional, en el sentido de que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.

La consulta, apuntó, tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso.