Diario
Nacional
miércoles, 29 enero 2020 | 21:04
Ciudad de México— El Ministro Alfredo Gutiérrez pidió hoy a sus colegas ejercer su facultad de atracción para revisar, como última instancia, la sentencia que ordena a Sergio Aguayo Quezada pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila.
El Ministro de la Suprema Corte de Justicia hizo suya la solicitud de Moreira para que la Corte atraiga el caso, en sesión privada de la Primera Sala.
Los particulares no están legitimados para solicitar a la SCJN el ejercicio de su facultad de atracción, por lo que necesitan que dicha petición sea "adoptada" por algún Ministro para que sea tramitada por el máximo tribunal.
La petición de Gutiérrez no implica que la Corte necesariamente atraerá el amparo directo que Aguayo presentó en noviembre para impugnar la sentencia condenatoria que dictó en su contra la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
El Ministro tendrá que presentar en las próximas semanas un proyecto justificando la importancia y trascendencia jurídica excepcional del caso y convencer al menos a dos de sus cuatro colegas de la Sala para que el expediente sea atraído.
Si la Sala rechaza atraer, el amparo directo será resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, al que ordinariamente corresponde el asunto.
Moreira solicitó la atracción a la Corte desde noviembre, incluso antes de que el amparo de Aguayo fuera turnado al tribunal colegiado.
El columnista tuvo que exhibir esta semana una garantía por 450 mil pesos para evitar la ejecución de la condena de 10 millones luego que un juez civil autorizó el embargo de sus bienes a raíz de una petición
del ex Gobernador de Coahuila.
La garantía suspende la ejecución de la condena de la Sexta Sala Civil mientras el amparo directo es revisado por la justicia federal.
Moreira demandó a Aguayo por un artículo publicado en REFORMA cuando el ex Gobernador estaba detenido en España.
En la última década, la Primera Sala ha establecido varios precedentes sobre las personas con proyección pública, entre ellos los funcionarios, aclarando que deben soportar un mayor escrutinio sobre sus actividades y, por tanto, tienen menores márgenes para reclamar daño moral u otro tipo de reparaciones.