Suman 4 meses sin identificar 11 muertos

Acuatro meses, las 11 osamentas localizadas en fosas clandestinas del ejido Guadalupe Victoria, municipio de Casas Grandes, continúan en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta frontera, bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo se convirtió en una esperanza, principalmente para las familias con una persona ausente en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, de conocer finalmente el paradero de su ser querido, pero también para los integrantes del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia de Ciudad Juárez, sin embargo no han logrado obtener ningún tipo de información.

Según datos del Gobierno federal, en Chihuahua existen al menos 3 mil 415 personas desaparecidas o no localizadas. Pese a los esfuerzos realizados por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) –asociación civil que les da acompañamiento jurídico a las familias de esta frontera– no han logrado tener respuestas sobre los restos y las evidencias localizadas en el municipio de Casas Grandes entre el 7 y el 12 de noviembre, por tratarse de un operativo federal.

De acuerdo con los habitantes del ejido ubicado en el noroeste del estado, justo entre los límites de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, el operativo de búsqueda y aseguramiento en el que participaron la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la FGR, la Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se llevó a cabo por aproximadamente dos semanas y concluyó el 12 de noviembre del año pasado.

De manera extraoficial se dio a conocer que dicho operativo comenzó tras la detención de Cruz Iván S. Z., apodado “Cholo” o “Cholo Iván”, un integrante del grupo delictivo ‘La Línea’ que delinquió en el municipio de Casas Grandes por al menos seis años, de 2014 a 2020, y quien era el encargado de enterrar a las víctimas de su célula delictiva.

Familiares se vuelcan en su búsqueda

Tras la noticia sobre el hallazgo, los habitantes del ejido aseguraron no haberse dado cuenta de los entierros clandestinos, mientras que familiares de ambos municipios comenzaron a solicitar información a través de redes sociales.

“Él es mi hijo, tiene dos años desaparecido”, escribió una mujer en redes sociales, junto a la pesquisa de Jorge Alejandro Lugo Zamudio, ausente desde el 10 de marzo de 2018, a los 28 años de edad, en Nuevo Casas Grandes.

“Él desapareció hace 10 años”, “Julio César Ortiz Quiroz tiene dos años desaparecido, es de Nuevo Casas Grandes. Fecha de desaparición: 20 de mayo 2018. ¿Dónde puedo pedir informes?, no tiene reporte de desaparición, nadie lo puso”, escribieron otros habitantes con la esperanza de que alguno de los cuerpos encontrados sea de su familiar.

Mucho movimiento, ninguna respuesta

Después de solicitar una unidad del Semefo a la Fiscalía General del Estado (FGE), el 12 de noviembre el Gobierno federal trasladó las osamentas localizadas a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de esta frontera, en donde de acuerdo con su vocera estatal, Jocelyn Guzmán, hasta el fin de semana pasado todavía permanecían “en depósito y resguardo, a disposición del Ministerio Público federal”.

El 17 de noviembre arribó un grupo de cerca de 10 peritos forenses pertenecientes a la FGR, quienes vinieron de la Ciudad de México para trabajar unos días en esta ciudad con los restos humanos localizados, pero no dieron a conocer resultados.

De acuerdo con personal forense estatal, aunque permanecen en sus instalaciones, la FGE no ha tenido acceso a ningún tipo de información sobre los restos y otros indicios localizados.

Al solicitar datos a la CNB a través de su área de Comunicación, se indicó que “la identificación no le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda, le corresponde a la Fiscalía General de la República”.

Por su parte, el área nacional de Comunicación de la FGR informó que “esa investigación está en trámite, está abierta (la carpeta de investigación). Por lo cual no tenemos acceso a ningún dato”.

Los familiares tampoco han logrado tener más información sobre los restos y el resto de los indicios que se localizaron, informó Carla Palacios Flores, abogada del CDHPN.

‘Única esperanza es la presión social’

“Nos queda claro que como colectivo tenemos que estar impulsando los procesos de identificación, que no podemos dejar a voluntad del Gobierno estos procesos, sino que tenemos que estar de la mano construyendo mecanismos para la verificación entre todos estos cuerpos que no se han identificado a nivel estatal y las personas que nosotros buscamos”, señaló.

Palacios Flores informó que tras los hallazgos, el CDHPN le solicitó el 26 de noviembre pasado a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR un informe detallado sobre el rastreo, ya que ellos fueron quienes lideraron la diligencia.

Días después les contestaron que no les podían brindar información porque se encontraba toda en procesamiento y además porque la información tenía que solicitarse a través de una carpeta de investigación, en términos de pertinencia.

Ante la respuesta de la Fiscalía, la organización católica le solicitó datos a la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual “comentó que quien tenía la facultad de proporcionar esa información era la FGR y que también se encontraba en sigilo la información”.

Ante el hermetismo de las autoridades federales, “la única esperanza es la presión social”, lamentó la abogada el 18 de noviembre.

El 9 de diciembre, la misma organización y el colectivo que representa exigieron públicamente a las autoridades federales la información sobre dichas víctimas localizadas.

“Una vez que nosotros hicimos el pronunciamiento, la CNB nuevamente se comunicó con nosotros para decirnos cuántos eran los cuerpos que se habían localizado, que correspondían a 11 personas y que ellos no estaban facultados para dar información”, informó Palacios Flores.

“Hasta el día 12 de noviembre de 2020, fecha en que concluye la participación de esta Comisión Nacional, se exhumaron 11 restos humanos y diversos indicios, los cuales se deben encontrar bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, institución que debe elaborar el catálogo de objetos e indicios encontrados, así como proceder a ordenar las pruebas periciales correspondientes a efecto de obtener la identidad de los restos”, detalla la respuesta enviada de la CNB al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Proceso largo y complicado

En enero de este año el CDHPN presentó dos solicitudes más, una en una carpeta de investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada en Chihuahua, y otra a través de una carpeta que se lleva en Nuevo Casas Grandes.

“Se le solicitó (a la FGE) y al director de Servicios Periciales en el Estado que se giraran solicitudes a la FGR, porque también en las respuestas de la FGR estaba que una vez que realizaran todas las diligencias de identificación o los procesos que ellos llevan iban a pasar esa información al Estado, para que el Estado lo pudiera utilizar para los casos en específico”, explicó la abogada.

El CDHPN solicitó también, a través del portal de Transparencia, datos de los cuerpos no identificados a nivel estatal con el fin de tener mayores datos sobre los hallazgos de Casas Grandes, sin embargo, éstos no se incluyeron.

“No obran en los listados, porque como dice la FGR, esa evidencia está en su poder y no ha sido hasta ahorita, o lo que nosotros tenemos entendido, remitido al Estado para su análisis”, apuntó.

El que sea un proceso federal lo vuelve más complicado para las familias que buscan una respuesta, dijo la abogada.

“Sí es un proceso largo… esto se complica más cuando las autoridades no se encuentran en la localidad y tienen que hacer una mayor triangulación de información. Y nosotras estamos convencidas de que si no impulsáramos, si no incidiéramos a las autoridades para que dieran esta información, quizá el Estado no la solicitaría, es decir, quedaría en el olvido, quedaría en manos de la FGR. Por eso es que nosotros tenemos que estar impulsando, para que esa evidencia obre dentro de los listados del Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres aquí en Chihuahua o del Forense, para nosotros hacer su estudio”, destacó.

El trabajo de la asociación es incidir políticamente para que las autoridades den respuestas a las personas que tienen a sus seres queridos desaparecidos en la localidad o sus alrededores.

“Usualmente los procesos no son tan largos para que nos den informes sobre hallazgos cuando son a nivel estatal, porque podemos recurrir a ellos a través del Semefo, quienes siempre piden que triangulemos la información, es decir, que todas las solicitudes se hagan ante el Ministerio Público para que Servicios Periciales tenga la facultad de mostrarnos esa evidencia”, pero el que sean federales los hace más complicados, apuntó.

Lidera Juárez desapariciones

De acuerdo con datos del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el estado de Chihuahua existen 3 mil 415 personas desaparecidas o no localizadas.

En el municipio de Juárez son 734 hombres y 147 mujeres; 495 varones y 32 mujeres en Cuauhtémoc; 405 hombres y 90 mujeres en Chihuahua; 165 varones y 32 mujeres en Casas Grandes; 151 hombres y 20 mujeres en Hidalgo del Parral; 121 hombres y tres mujeres en Madera; 107 varones y ocho mujeres en Ojinaga, 60 hombres en Ascensión; 58 hombres en Delicias y el resto en los otros municipios.

En Nuevo Casas Grandes existe el reporte de 193 personas desaparecidas, 190 de ellas de 2008 a la fecha, 159 hombres y 31 mujeres; mientras que en Casas Grandes se tiene el reporte de 14 personas más no localizadas en el mismo período.