Diario
Juárez
viernes, 20 septiembre 2019 | 11:01
Ciudad Juárez— Aun cuando el narcomenudeo ha sido mencionado por las autoridades como la principal causa de los asesinatos en el estado, particularmente en Ciudad Juárez, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre delitos contra la salud se ha concentrado en la posesión simple de drogas.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que desde el 2017 el 55 por ciento de las carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público federal por delitos contra la salud son por la posesión y sólo el 12 por ciento por narcomenudeo.
Es decir, de mil 249 indagatorias iniciadas de enero de 2017 a julio de 2019, 690 son por posesión simple de drogas y 152 por narcomenudeo, según muestra el reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa.
Las estadísticas también reflejan un decremento en el número de carpetas de investigación por posesión simple y un mínimo aumento en las investigaciones que realiza la FGE por narcomenudeo en Chihuahua.
El archivo periodístico indica que la delegación estatal cuenta con 36 peritos y 94 agentes del Ministerio Público distribuidos en toda la entidad, situación que puede incidir en estos resultados, planteó el abogado penalista José Miramontes Caro.
“Aquí en Juárez ni conocemos a los agentes federales porque nunca salen a investigar. La gran indagatoria que ellos hacen es porque hacen propio el trabajo de consignación de la Policía municipal”, aseguró.
Un reporte mensual de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) establece que de enero a julio del año en curso turnaron ante el Ministerio Público federal (MPF) a 582 detenidos por la probable comisión de delitos del fuero federal.
En tanto, la información oficial del SESNSP muestra que la delegación estatal de la FGR inició sólo seis carpetas de investigación por delincuencia organizada y tres de ellas corresponden al 2019.
Los expedientes son integrados por el mismo personal que indaga la posesión simple y el narcomenudeo, ya que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) carece de personal adscrito a la Delegación Chihuahua.
La ausencia de investigación a la delincuencia organizada favorece a los grupos delictivos asentados en el estado y disputando violentamente territorios para cometer diversos delitos, explicó el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, consultado en torno a los datos estadísticos de la delegación que él encabezó años atrás.
“Las estructuras de la delincuencia organizada siguen vigentes porque las autoridades del fuero común sólo pueden imputar delitos como homicidio, narcomenudeo, robo de vehículo… es decir, delitos en lo individual al sujeto que comete el delito”, dijo.
Expuso que los que se benefician en la parte alta de la estructura delincuencial, los grandes distribuidores, se encuentran atrás de esos detenidos, los cuales no son imputados por delincuencia organizada.
“O sea, nunca llegan a ser siquiera objeto de investigación”, dijo el fiscal.
De acuerdo con cifras del SESNSP disponibles hasta el mes de julio, en Chihuahua se cometieron mil 426 homicidios.
“Entre el 60 y 70 por ciento de los homicidios dolosos están vinculados a delincuencia organizada. Esto se sabe por la información de inteligencia, el dicho de los propios detenidos, por las entrevistas de familiares o vecinos que refieren antecedentes de las víctimas, por la forma de ejecución, pluralidad de agresores, uso de armas de alto calibre y porque se logra establecer que los agresores forman parte de un grupo o célula con pertenencia a una organización criminal”, dijo el fiscal general.
Aseguró que esto supondría que habría un número importante de casos iniciados por delincuencia organizada, pero la realidad es que esto no ocurre por parte de la FGR.
Las cifras
Los delitos contra la salud contemplan la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, narcomenudeo y delincuencia organizada.
Sólo por producción de drogas el MPF abrió 113 carpetas de investigación: 47 en el 2017, 30 el 2018 y 36 en el 2019.
Por posesión simple fueron iniciadas 690 averiguaciones: 289 el 2017, 214 el 2018 y 187 este año; mientras que por narcomenudeo se abrieron 152 carpetas: 45 en el 2017, 48 el 2018 y 59 el año en curso.
El fiscal general del Estado explicó que muchos detenidos vinculados a delincuencia organizada son arrestados con armas, con droga o vehículos robados.
“Sólo son procesados por esos delitos, que ahora con el sistema acusatorio pueden obtener beneficios y bajas condenas, donde la prisión es poco frecuente y cuando se las llegan a imponer alcanzan rápidamente su libertad”, planteó.
Esto implica que los delincuentes entran y salgan con facilidad, destacó.
“Y además la amenaza legal de la prisión ya no es efectiva. Si se les vinculara por delincuencia organizada tendrían que cumplir sanciones de prisión efectiva y más largas, lo que podría suponer que se desactiven y desarticule la delincuencia organizada, pero no ocurre”, apuntó.
Carecen de herramientas contra la delincuencia
De acuerdo con los datos aportados por el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, esta institución carece de herramientas de investigación de la delincuencia organizada, ya que no pueden judicializar por este delito.
El Ministerio Público del fuero común no puede ordenar o solicitar escuchas, intervenciones telefónicas o utilizar agentes encubiertos, precisó.
“Pero la FGR tiene a la Seido que tiene pocas investigaciones y si las dividimos entre 32 entidades federativas es mínimo lo que se hace en contra de la delincuencia organizada”, expuso.
Hasta ahora, dijo el exdelegado de la PGR, las delegaciones de la FGR no han recuperado las capacidades por falta de personal y de recursos para investigar la delincuencia organizada, con lo que los esfuerzos no son suficientes.
Mencionó que la Agencia de Investigación Criminal (antes AFI y antes Policía Judicial Federal) cada vez tiene menos presencia y tiene apenas unos cuantos elementos en los estados que no tienen capacidades para investigación.
“La principal consecuencia es que la delincuencia organizada crece y se fortalece y se involucra en otras actividades delictivas para poder sostener las crecientes estructuras delictivas que las conforman. Se han involucrado en la piratería, en el robo de combustible, en la pesca de especies marítimas en veda, la tala ilegal, incluso el robo a casa habitación y a bancos”, puntualizó.