Recicla AMLO estrategias de seguridad fallidas

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en campaña cambios en la estrategia contra el crimen organizado, fuentes consultadas observan que el actual Gobierno repite, con el despliegue de las fuerzas federales y la futura Guardia Nacional, estrategias de sexenios anteriores.

En el caso del Plan Especial Juárez, presentado durante la reunión de autoridades locales con el secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Alfonso Durazo, se mencionó incluso el control de los vehículos sin placas o “chuecos”, similar al que propuso en 2010 Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón.

“El proyecto en términos generales es el mismo que se utilizó aquí en Juárez durante el Gobierno de Calderón, como que este tipo de modelos son estándar para la contención de la violencia”, dijo Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado local con licencia por Morena y, en 2010, parte del primer grupo ciudadano que participó en la Mesa de Seguridad de esta frontera.

Despliegue de fuerzas, la estrategia de seguridad

Guardia Nacional es el nuevo jugador en el partido pero no se ve un cambio drástico en el plan, advierten especialistas 

Investigadores consultados plantean también que, a nivel nacional, si bien el discurso oficial e incluso el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo ofrecen modificaciones como la despenalización de las drogas y la aplicación de modelos de justicia transicional, en los hechos sólo se continúa con despliegue de las fuerzas federales. 

“Hasta el momento no se han visto cambios significativos en la estrategia”, dijo Octavio Rodríguez, del proyecto Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego. “Consiste todavía en el despliegue. Si bien la Guardia Nacional es un nuevo jugador en el partido, no sé qué tan diferente sea a lo que en su tiempo era la Gendarmería o la Policía Federal; hasta el momento no se ve que haya un cambio drástico en la estrategia”.

Durante su campaña presidencial, de gira por Madera –uno de los municipios más afectados por la delincuencia organizada en Chihuahua–, López Obrador anunció que atacaría el crimen organizado a partir de las causas, con oportunidades y becas para los jóvenes.

En el mismo mitin –30 de septiembre de 2017–, López Obrador cuestionó la estrategia de seguridad vigente entonces basada en el uso de la violencia y aseguró que, de ganar, no recurriría a las fuerzas armadas para enfrentar al crimen organizado.

“Debemos de plantear el problema abiertamente, que haya un debate, y no querer resolver el problema con el uso de la fuerza. No querer apagar el fuego con el fuego. Desde hace diez años se viene aplicando esta política fallida y ha habido masacres; en 10 años, cada mes hay una masacre”, dijo entonces el hoy mandatario.

“El próximo comandante de las fuerzas armadas no va a dar la orden ni al Ejército ni a la Marina de reprimir al pueblo”, agregó.

Al tercer día de su toma de posesión en diciembre pasado, sin embargo, en esta frontera inició el despliegue de 70 elementos de la Policía Militar que, en los siguientes dos días, aumentaron a 350.

“Hay cambios significativos, sí, en el discurso, ahora el gran reto es completarlos”, dijo Carlos Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y autor de un estudio que documentó cómo las “operaciones conjuntas” basadas en despliegues militares durante el gobierno de Calderón aumentaron la violencia.

En entrevista, Galindo agregó que si bien el nuevo gobierno ha incluido en su plan de desarrollo la despenalización y el fin de la “guerra contra la drogas”, falta que se concreten diversas modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a diversas leyes secundarias sobre el fuero militar y la Guardia Nacional.

“Mientras no cambien las leyes, el Ejército y la Guardia Nacional tendrán que seguir persiguiendo los cargamentos de drogas; mientras tengamos militares en activo con fuero militar, tendremos esta dualidad entre esta justicia civil normal a la que aspiramos y la opacidad de la actuación militar”, agregó Galindo.

Durazo Montaño estuvo en reuniones con autoridades locales en esta frontera el pasado 3 de mayo, luego de que abril fue el mes más violento en Juárez este 2019.

“Por eso se asignó un estado de fuerza para apoyar a policías, debo decir que esta fuerza no es suficiente. Dejamos el compromiso de que en la medida de que vayamos preparando a los elementos de la Guardia Nacional se fortalecerá la presencia policial. Al final del año podremos ver los resultados y hablar de tú a tú con el crimen”, dijo Durazo.

También se informó –aunque sin detalles debido a que es “confidencial”– que el Plan Especial Juárez incluye la operación de programas sociales, colaboración en materia de inteligencia y el registro de vehículos irregulares.

Hugo Almada, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y también parte del primer grupo que integró la Mesa de Seguridad, planteó que es comprensible que el presidente haya creado una nueva corporación en la que tuviera confianza. 

Sin embargo, añadió, abatir la violencia en localidades como Juárez sólo con el despliegue de fuerzas armadas no va a resolver el problema. 

En 2011, dijo, la disminución de la violencia implicó la salida de la fuerza federal entonces desplegada –la Policía Federal, “que sólo agravaba el problema”–, acuerdos entre fuerzas políticas y policiacas del Gobierno estatal con el federal y el refuerzo de la investigación federal.

“Yo no le apostaría demasiado a la Guardia como la presencia de militares y federales en las calles, no, eso no es lo que va a resolver. Pretender que el ‘control territorial’, como le llamaba García Luna, es lo que va a resolver, es un error terrible”, indicó. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

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