Proceden demandas civiles por masacre

La tienda Walmart, sede del tiroteo  en El Paso, podría ser sujeta a demandas civiles por parte de las víctimas, por daños y perjuicios, al no tomar las medidas de seguridad necesarias en su entrada, destacó el abogado juarense Jorge Vázquez Campbell.

“No tomar medidas de seguridad es penado en lo civil en el Estado de Texas y sus seguros deben cubrir eventos violentos o lesiones dentro del establecimiento, por lo que el seguro de la plaza comercial también debe hacerse responsable por las víctimas del estacionamiento”, señaló el jurista, que calculó la reparación de los daños en millones de dólares.

Esto debido a la cobertura de los gastos de hospitalización y rehabilitación, daños morales y afectaciones al no poder trabajar, apuntó.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo el lunes que el caso de la masacre –en la que murieron ocho mexicanos y seis más permanecen heridos– será la primera carpeta en la historia de México “sobre terrorismo en territorio de los Estados Unidos”.

Vázquez Campbell dijo ayer que el proceso de la demanda por daños llevaría al menos un año habiendo un acuerdo, pero lo más probable es que la tienda responda positivamente porque el negarse a cubrir los daños a sus clientes “sería una publicidad muy negativa y muy agresiva que afectaría sus ventas”.

Para la también abogada juarense Silvia Delgado, la tienda fue también víctima del tiroteo, por lo que los sobrevivientes y los familiares de quienes perdieron la vida deben organizarse para pedirle al Gobierno mexicano que le exija a Estados Unidos responder por los daños del “acto terrorista”.

Ebrard también calificó como terrorismo el ataque en el que 18 de las 22 personas que perdieron la vida eran hispanos.

“Vamos a iniciar acción legal por el acceso al arma con la que se perpetró esta barbarie. Participaremos en la investigación y juicio por terrorismo en contra de mexicanos en el EEUU. La petición de extradición será decidida por la Fiscalía General de la República”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter la tarde del lunes.

Vázquez Campbell explicó que el Código Penal mexicano permite juzgar los delitos cometidos fuera del país por extranjeros contra mexicanos.

El Gobierno de México debe “coadyuvar con el Ministerio Público como representante de los ofendidos, comparecer a juicio para reclamar justicia y pedir la reparación de los daños”, explicó.

Mientras que EU pedirá la pena de muerte para el presunto responsable, Patrick Crusius, de 21 años, originario de Allen, Texas, México podría castigarlo con una condena de hasta “mil años de cárcel”, dijo el abogado.

El canciller reiteró ayer la condena del Gobierno de México a los hechos y dijo que le proporcionaría a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los elementos con los que contaban, para que pudiera integrar la carpeta de investigación que abrió desde que tuvo conocimiento de los hechos.

“Decimos que es un acto de terrorismo porque así está establecido en el Código Penal de México. En Estados Unidos procede, pero es una decisión de las autoridades norteamericanas el terrorismo denominado doméstico, que hoy por hoy es el principal riesgo, según nos dijeron diversas autoridades en los Estados Unidos, dentro del territorio de Estados Unidos”, comentó.

Israel Torres, especialista en derecho penal, explicó que es necesario investigar si el responsable del tiroteo contaba con una licencia para portar armas y de ser así, verificar que hubiera cumplido con todos los requisitos que la ley estadounidense establece, ya que de no hacerlo, el Estado de Texas tendría responsabilidad en ello.

En el caso de la tienda departamental, el entrevistado dijo que si bien es cierto no estaría obligada a contener amenazas de ese tipo, sí lo está para contar con medidas de reacción ante hechos de violencia.

El abogado Óscar Castrejón coincidió en que los familiares de las víctimas pueden interponer una demanda de responsabilidad civil en contra de la empresa Walmart ya que la obligación de ésta es contar con normas de seguridad para los consumidores. 

“Es una demanda de responsabilidad civil porque estaban adentro del inmueble y ellos deben atender los daños porque tenían que haber establecido las normas de seguridad necesarias”, enfatizó.

El abogado Héctor Villasana especificó que las familias podrían para solicitar una indemnización por las posibles omisiones en el cumplimiento de requisitos para la venta de armas al presunto responsable de la masacre. 

Añadió que podrían demandar a la tienda e intentar demostrar su responsabilidad por no tener personal de seguridad –o el adecuado– para evitar el ingreso de una persona armada.

De igual forma procedería litigio contra la institución bancaria que cerró sus puertas e impidió el resguardo de un menor que fue asesinado, tal y como lo relató una de las víctimas.

Además las víctimas serían acreedoras de las indemnizaciones que la justicia declare en la sentencia contra el presunto autor del delito.