Ni modo de paralizar el trabajo: alcaldía

El Municipio seguirá difundiendo información de programas y eventos, cuidando los lineamientos de lo que permite la ley electoral, afirmó el director de Comunicación Social, Carlos Nájera Payán.

Lo anterior, luego de que el INE iniciara un procedimiento especial sancionador contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y diversos funcionarios municipales por la difusión en sus redes oficiales y medios de comunicación de un “magno evento” de entrega de becas y uniformes escolares celebrado a principios de marzo.

“De hecho ya sabemos que andan a gorro sobres de nosotros, pero ni modo de paralizar el trabajo del Gobierno”, afirmó ayer Nájera Payán.

Una de las denuncias que fueron interpuestas ante el Instituto Nacional Electoral –por los particulares Carlos Rodrigo Pérez Bustillos y Jesús Gabriel Sandoval Rodríguez–, radica en la publicidad que se le dio en redes sociales oficiales del Gobierno municipal y medios de comunicación a un evento de entrega de becas y uniformes escolares, esto durante el período de veda por el proceso de revocación de mandato.

“Estos hechos constituyen una flagrante falta y violación a las normas constitucionales y legales que regulan los procedimientos de revocación de mandato”, acusaron los quejosos.

Derivado del procedimiento iniciado por el instituto, en el caso de las publicaciones del DIF, el Gobierno municipal ya cumplió con las medidas cautelares, bajando las publicaciones de sus medios oficiales, afirmó Nájera a El Diario.

“Se cumplió de inmediato, en menos del plazo indicado… tres horas después de la notificación”, aseguró.

¿Qué se puede difundir?

El vocero del INE en Chihuahua, Ever Haro, explicó que para que se intervenga en este tipo de asuntos, primero debe haber una queja formal. Entonces, los tribunales electorales, en todo caso, deben analizar comunicado por comunicado para determinar si infringe los puntos normativos, indicó.

Citó los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento, que se refieren a la veda electoral.

Y éstos indican que la propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En consecuencia, la propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”, detalló.

Es decir, acotó, que no se podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

Asimismo, su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal, local o municipal.

Y no podrá contener logotipos, eslogan o cualquier otro tipo de referencias al Gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. (Javier Olmos)