Diario
Juárez
sábado, 14 diciembre 2019 | 06:00
Ciudad Juárez— No fue una decisión fácil de tomar para la joven familia. Pero después de más de seis meses en esta ciudad fronteriza, sabían que tenían que arriesgarse.
Al igual que miles de otros centroamericanos, Sofía, su esposo y sus dos hijos huyeron de su país a principios de este año para buscar asilo en Estados Unidos, pero se enredaron en el programa de Protocolos de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols, MPP) de la administración Trump.
La política, también llamada ‘Permanecer en México’, obliga a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias judiciales.
Lleva tiempo preparar un caso sólido de asilo, dijo la abogada Virginia Raymond, quien representa a Sofía y su familia en un tribunal de asilo de El Paso. Pero el resurgimiento de los asesinatos en esta ciudad ha provocado que algunos solicitantes como Sofía –que pidió ser identificada por un seudónimo por temor a poner en peligro la petición de asilo de su familia– se arriesguen en la Corte antes de lo que inicialmente quisieron.
“Ha empeorado desde agosto. Se han sentido mucho más en peligro “, dijo Raymond. “No tenían prisa (antes)”.
Las autoridades mexicanas han atribuido la violencia, que este año ha cobrado más de mil 400 vidas sólo en Ciudad Juárez, a guerras de cárteles mientras los delincuentes compiten por el control de las rutas de contrabando hacia Texas y más allá. Pero los migrantes también han sido presa fácil de los delincuentes para extorsionar, agredir sexualmente o secuestrar en medio de la ilegalidad.
Mientras tanto, la administración Trump está enviando mensajes contradictorios sobre la situación de seguridad a través de la frontera. El Departamento de Estado ha emitido advertencias que aconsejan a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar a los estados fronterizos mexicanos debido a la violencia, y ha considerado públicamente etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Pero los funcionarios de Trump continúan minimizando la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas donde los funcionarios de inmigración envían a solicitantes de asilo bajo el MPP.
En noviembre pasado el Gobierno de Estados Unidos amplió la alerta de viaje y restricciones para que sus ciudadanos eviten visitar los estados mexicanos de Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Además Washington sugiere reconsiderar la visita a otros 11.
El unes en una conferencia de prensa, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, no estuvo de acuerdo con un periodista que preguntó sobre el envío de personas “de regreso a países peligrosos”.
“Me opongo un poco a la premisa”, dijo, y agregó que la administración Trump está trabajando con sus homólogos mexicanos y proporcionándoles recursos para mejorar las condiciones para los migrantes obligados a esperar en las ciudades fronterizas. No ofreció detalles sobre la ayuda.
“Estamos manteniendo diálogos con el Gobierno de México a diario para garantizar que los viajes de estas personas que son susceptibles a MPP vayan y vengan en un ambiente seguro”, dijo.
Durante una conferencia de prensa el mes pasado, Morgan dijo que las historias sobre la violencia hacia los migrantes eran “cosas anecdóticas”, y agregó que los migrantes se ponen en peligro cuando se acercan a los contrabandistas para que los ayuden a cruzar la frontera ilegalmente.
“Las personas que abandonan ese ambiente de refugio y se vuelven a involucrar con los cárteles para ser reencontrados potencialmente en Estados Unidos ... ahí es donde estamos viendo y escuchando algunas de las historias anecdóticas”, dijo.
Pero un informe reciente de Human Rights First citó 636 casos de delitos como violación, secuestro y tortura cometidos contra migrantes desde enero. Incluyen ataques contra migrantes que caminaban por las calles de la ciudad o se quedaban en refugios. The Texas Tribune también informó en julio que algunos migrantes fueron atacados en su camino en busca de trabajo simplemente por ser de América Central.
Morgan dijo que los funcionarios de la administración Trump vieron al personal de seguridad en algunos refugios mexicanos, aunque no dijo cuáles.
Funcionarios en Ciudad Juárez dicen que si bien algunos refugios en su ciudad tienen policías que brindan seguridad, no pueden permitirse enviarlos a vigilar todos los refugios y no pueden proporcionar cobertura las 24 horas, lo que deja a muchos migrantes vulnerables.
“Sabemos que necesitamos fortalecer la seguridad. El Gobierno Municipal no tiene la capacidad de tener unidades (policiales) instaladas fuera de cada refugio”, dijo Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención a Migrantes de Ciudad Juárez, un espacio de transición para migrantes operado por el Gobierno del Estado de Chihuahua.
Valenzuela dijo que cerca de 17 mil 500 migrantes han sido devueltos a Ciudad Juárez bajo MPP, aunque no está claro cuántos aún están en la ciudad y cuántos han decidido regresar a casa o cruzar el río Bravo después de cansarse de esperar sus fechas en la Corte.
Hay además mil 400 ciudadanos mexicanos, la mayoría de ellos de estados del sur como Michoacán, Guerrero y Zacatecas, que esperan en campamentos improvisados cerca del puente.
Mientras Raymond prepara su caso para Sofía y su familia, ella y cientos de otros abogados y defensores esperan decisiones de la Corte federal que podrían afectar la forma en que los inmigrantes avanzan con sus solicitudes de asilo. O si son capaces de hacerlo.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito está debatiendo los Protocolos de Protección de Migración y si la política viola el derecho internacional al enviar solicitantes de asilo a países donde enfrentan peligro.
El tribunal también está considerando un caso separado que desafía una regla de la administración Trump que negaría la protección de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos si no solicitaran asilo en otro país en su camino hacia Estados Unidos.
Esa regla se implementó el 16 de julio y no debería aplicarse a las personas que se presentaron en los puertos de entrada antes de esa fecha.
Pero Raymond, cuyos clientes llegaron mucho antes de esa regla, dijo que nada está garantizado. Miles de solicitantes de asilo llegaron a las ciudades fronterizas mexicanas antes de que se implementara la regla, pero se vieron obligados a esperar en México durante meses para presentar sus reclamos bajo la política de mediación de la administración Trump, que permite que sólo un pequeño número de migrantes cruce la frontera y solicite asilo. Otros podrían haber comparecido ante un juez antes del cambio de regla, pero no iniciaron sus solicitudes de asilo reales hasta después.
“No creo que deba afectarlos, pero estoy preocupada”, dijo. “Estoy preocupada (porque) por una cosa, el asilo siempre es discrecional. Hay lo que se supone que debe suceder y lo que sucede, y hay más de una brecha entre eso en los últimos dos años”.
El panorama en Cd. Juárez
Cerca de 17 mil 500 migrantes han sido devueltos a Ciudad Juárez bajo MPP.
No está claro cuántos aún están en la ciudad y cuántos han decidido regresar a casa o volver a cruzar el río Bravo.
Hay además mil 400 mexicanos, la mayoría de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, que esperan en campamentos improvisados cerca del puente.
Fuente: Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención a Migrantes de Ciudad Juárez (de Gobierno del Estado)