Esperan sentencia en prisión 56 mujeres detenidas por drogas

De 413 internas de los Ceresos femeniles en Chihuahua el 13 por ciento fueron capturadas por delitos contra la salud

Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez
viernes, 28 junio 2019 | 06:00
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Cincuenta y seis mujeres se encuentran sujetas a proceso penal por delitos contra la salud en las cárceles del estado, informó Alexandrina Saucedo, vocera de Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (Feepmj).

Los datos oficiales indican que de 413 internas de los Centros de Reinserción Social Femenil en Chihuahua el 13 por ciento fueron capturadas por drogas. 

La detención de mujeres por delitos contra la salud en México alerta a organizaciones internacionales de los derechos humanos, al considerar que en México existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o  sentenciadas por  delitos contra la salud, que en su mayoría  fueron víctimas de violaciones de derechos  humanos.

De ellas 56 están privadas de la libertad en el estado. 

Y para visibilizar esos casos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y EQUIS Justicia para las Mujeres, presentaron el pasado miércoles ante el Senado de la República, la campaña #LiberalasEsJusticia.

Apoyadas por las senadoras Citlalli Hernández Mora y Patricia Mercado, ambas organizaciones propusieron el establecimiento de mecanismos legales para liberar a mujeres víctimas de la política de drogas e implementar estrategias integrales de reinserción social. 

Aquí en el estado el Cereso Femenil 1, conocido como Aquiles Serdán, del total de reclusas 83 llevan su proceso cautivas y 100 ya fueron sentenciadas por diversos delitos, 19 están presas por delitos contra la salud.

La vocera de la Feepmj menciona que el 90 por ciento de las internas son madres de familia y al menos cuatro niños menores de tres años las acompañan durante su encierro.

En el Cereso 3, ubicado en Juárez y que alberga el Cereso Femenil 2, se concentra la mayor cantidad de detenidas por drogas con 37 mujeres.

“100 mujeres están sujetas a proceso por diversos delitos, 147 compurgan su sentencia y de ellas el 85 por ciento de las mujeres tienen hijos; actualmente 8 niños menores de 3 años permanecen junto a sus madres”, precisa la vocera de la Fiscalía.

Para las organizaciones Wola y Equis “no es ningún secreto que  la guerra contra las drogas ha tenido graves consecuencias para México y no ha logrado reducir la producción, el  tráfico, y el consumo de  drogas. El mayor impacto de esta política  punitiva es el encarcelamiento injusto de personas por delitos contra  la salud y entre principales víctimas están las mujeres”. 

Por ello la campaña, a la que se puede acceder a través del sitio electrónico https://mujeresydrogas.wola.org/liberarlasesjusticia/ contempla una serie de acciones para visibilizar a quienes por diversos motivos se involucraron con drogas y terminaron en la cárcel.

“Una de las consecuencias más dramáticas del encarcelamiento de  mujeres  por delitos relacionados con drogas es el debilitamiento del  entorno  familiar; en ocasiones las mujeres se involucran en tráfico de drogas porque son obligadas por sus parejas o familiares, pero esto no se toma en cuenta cuando son juzgadas”, refieren.

El Estado en ningún momento tomó en cuenta su identidad, las condiciones de involucramiento, ni los modos de participación de ellas en estos delitos al momento de ser encarceladas, plantean en su portal. 

“Es decir, la política punitiva seguida por los gobiernos anteriores estuvo desprovista de perspectiva de género, fue desmedida y tuvo efectos trascendentes en el entorno familiar y comunitario; hoy las mujeres que han estado vinculadas a delitos contra la salud sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento debido a sus situaciones de vulnerabilidad. Lo peor es que en espacio penitenciario, estas condiciones se recrudecen”, sostienen estas organizaciones.

Estas mujeres no son “una amenaza” para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no tiene ningún impacto en disminuir el tráfico de drogas o mejorar la seguridad pública, aseguran.


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