Diario
Juárez
viernes, 27 septiembre 2019 | 06:00
Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra en Washington D.C. ,la audiencia pública del caso 13.377 Silvia Elena Rivera y otras contra México, por la desaparición y asesinato de seis mujeres de entre 6 y 20 años, víctimas de desaparición y feminicidio ocurridos entre 1995 y 2003 en Ciudad Juárez.
Por segunda ocasión el Estado Mexicano deberá rendir cuentas ante un tribunal internacional por la impunidad que prevalece históricamente en los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez dijo Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (Cedimac).
La activista social participará en la audiencia pública y como testigo se presenta Paula Flores Bonilla, madre de Sagrario González Flores, además asisten representantes de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana.
La audiencia está programada para hoy de 11:30 a 13:00 horas tiempo de la ciudad sede y será transmitida en vivo, informó Mendoza.
La directora de Cedimac dijo que fue en el 2017 cuando la CIDH decidió acumular los casos de Silvia Elena Rivera Morales, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Cecilia Covarrubias Aguilar, María Sagrario Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez y María Elena Chávez Caldera, desaparecidas y asesinadas en el período de 1995 a 2003.
En esa época Chihuahua vivía la alternancia política al gobernar el estado Francisco Barrio Terrazas, quien fue sucedido por Patricio Martínez; ambos mandatarios mantuvieron altos índices de impunidad durante el período que gobernaron, de acuerdo con el archivo periodístico.
Ivonne Mendoza precisó que la solicitud fue fundamentada en las características y los hechos parecidos, en términos de cómo desaparecieron y que terminaron siendo asesinadas las víctimas.
“Los casos tuvieron la misma respuesta indiferente del Estado, esto es, que no actuaron con la debida diligencia para buscarlas de inmediato, dejaron que los familiares se hicieran cargo de la búsqueda y como consecuencia fueron localizadas fallecidas y después empezaron los errores en las identificaciones de los cuerpos”, abundó Mendoza.
Estos problemas endémicos ya habían sido identificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Otras, conocido como “Campo Algodonero” contra México, donde el Estado fue encontrado responsable y condenado a una serie de reparaciones estructurales para combatir la violencia contra las mujeres, que a la fecha sigue sin cumplir, precisó.
Hasta ahora las madres de Silvia, Sagrario, Olga y María Elena dudan que los cuerpos que sepultaron correspondan a sus hijas, pues las autoridades locales fueron en extremo omisas en los procesos de inhumación, exhumación e identificación de los cuerpos, aseguró Paula Flores Bonilla.
“Son omisiones que aún se siguen cometiendo”, sostuvo la madre de Sagrario y quien dijo que las madres siguen viviendo con la indiferencia del Estado a su demanda de justicia, que es lo que exigen.
Ivonne Mendoza expuso que los casos pasaron a admisibilidad y se abrirá el caso a examen a fondo, por lo que hoy se realiza la audiencia pública, que se celebrará casi a 10 años de la sentencia conocida como Campo Algodonero.
“Ante la CIDH vamos a demostrar que ‘las muertas de Juárez’ no son un mito. Que asesinaron a nuestras hijas y no se ha hecho justicia”, intervino Paula Flores.
Mendoza explicó que ellas, como el Estado, presentarán pruebas ante la CIDH, para lo cual el organismo emitirá el informe de fondo a fin de determinar las responsabilidades en que haya incurrido el Estado mexicano.
Además formulará recomendaciones tendientes a reparar las consecuencias ocasionadas y garantizar la no repetición de los hechos, estableciendo un plazo para hacerlo. De no atender tales recomendaciones, el caso será sometido ante la Corte Interamericana.
Las víctimas
Silvia Elena Rivera Morales tenía de 16 años cuando desapareció el 7 de julio de 1995, su cadáver fue localizado el 3 de septiembre de ese mismo año en un paraje del Lote Bravo.
De acuerdo con la necropsia, la mujer fue estrangulada y presentó heridas cortantes en los glúteos.
A sus 20 años desapareció Olga Alicia Carrillo Pérez, fue reportada el 10 de agosto de 1995 cuando se dirigía a una reunión del Instituto de Formación Cívica del Partido Acción Nacional. Ella trabajaba en una tienda de botas ubicada en el centro comercial Futurama Tecnológico y su amiga Ana Esquivel ofreció llevarla en su automóvil.
Olga Alicia no regresó a su domicilio en Oro 369 de la colonia Bellavista y su madre, Irma Pérez, la reportó como ausente. Su cuerpo fue localizado el 8 de septiembre cerca del sitio donde fue localizada Silvia Elena.
Por ambos crímenes y otros más fueron detenidos Sergio Armendáriz Díaz “El Diablo”, Juan Jorge Contreras Jurado “El Grande”, Gerardo Fernández Molina “El Flaco”, Carlos Hernández Molina Mariscal “El Sinaloa”, Carlos Barrientos Vidales “Charly el Bailarín”, Héctor Raymundo Olivares “El Mocho”, Romel Omar Ceniceros García “El Charly” y Erika Fierro.
Absueltos de esos crímenes, el Ministerio Público arrestó a Alejandro Delgado Valles y Edgar Álvarez Cruz como presuntos responsables.
Las familias dudan que las víctimas sean sus hijas y que los acusados sean los responsables, debido a las fallas en el debido proceso.
El 15 de noviembre de 1995, Cecilia Covarrubias Aguilar, de 16 años, y su hija de 24 días de nacida desaparecieron en Loma Blanca, cuando la menor llevaba a la infante a consulta médica con el pediatra.
El cuerpo de la adolescente fue localizado el 18 de noviembre, pero la bebé, actualmente de 24 años, nunca apareció. Por este asesinato y privación de la libertad de una niña no hay personas detenidas.
Sagrario González Flores, de 17 años, desapareció el 16 de abril de 1998 y su cuerpo fue localizado el día 29 de ese mismo mes. Por el estado que presentó el cuerpo no fue identificado a simple vista por sus padres y el primer examen de sangre fue negativo.
Como presunto responsable la familia entregó a José Luis Hernández, sin embargo, el resto de los cómplices no han sido detenidos, pese a que el presunto responsable dio sus datos generales.
El martes 20 de junio del 2000, desapareció María Elena Chávez, de 15 años y familiar de Olga Alicia.
Ese día la adolescente salió de su casa ubicada en Rancho Anapra a las 08:00 horas y llegó la casa donde se desempeñaba como empleada de limpieza en el fraccionamiento Monumental.
La propietaria de la vivienda aseguró que la menor salió de la casa a las 16:00 horas y esa fue la última vez que la vio con vida.
Su cuerpo fue localizado sin vida el 24 de octubre del 2000 y como presunto responsable fue sentenciado a 9 años de cárcel Irineo Quezada Peña.
La última víctima es la más joven. Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, de 6 años, desapareció el 10 de febrero del 2003 y su cuerpo fue localizado cerca de los terrenos del ferrocarril el 20 de febrero de ese mismo año. La niña fue violada y asesinada a cuchilladas, establece el archivo periodístico.
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