Buscan mejorar prácticas policiales

Investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) analizan doscientas carpetas de investigación para detectar las fallas cometidas por las diversas autoridades desde la detención de una persona con droga, hasta la judicialización de los casos.  

El diagnóstico de la asociación civil forma parte del proyecto “Mejora de la eficacia en la puesta de disposición ante el Ministerio Público”, contemplado dentro del Plan Piloto para la Prevención y Atención de Adicciones (PPPAA) a través del eje Justicia Terapéutica, explicó Diana Chávarri, directora en la Zona Norte de Ficosec.

Los otros ejes son Prevención y Atención de las Adicciones.

“Lo que se pretende con este proyecto es que se mejoren las prácticas policiales cotidianas desde la detención y las puestas a disposición ante el Ministerio Público (MP), en específico del delito de narcomendeo”, explicó.

Dijo que si las carpetas de investigación integradas por narcomenudeo se llegan a judicializar, se busca evitar que por errores procesales se ‘caiga’ el caso.

“Se busca que la detención realizada por los policías municipales sea hecha con todo el rigor de la ley y respetuosa los derechos humanos, por lo que Ficosec financió el diagnóstico que desde el pasado jueves inició el personal de Insyde en esta ciudad”, agregó.

Este diagnóstico permitirá identificar, evitar, estandarizar y certificar el proceso. 

“Además, las buenas prácticas que se diseñen mediante este diagnóstico se van a integrar en todo el paquete de estándares de la certificación policial que hemos apoyado desde hace varios años”, dijo Chávarri.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cumple con 52 estándares profesionales y obtuvo la Certificación Policial (Certipol) que se renueva cada dos años y que es financiada en parte por Ficosec.

Tras el diagnóstico que realice Insyde se van a integran nuevos estándares para detenciones y puestas a disposición, además se realizarán algunos acuerdos con la Fiscalía General del Estado (FGE) para establecer criterios y procesos más ágiles, de manera tal que los casos se puedan investigar y judicializar con mayor efectividad.

Salud y Justicia 

Chávarri explicó que dentro del PPPAA se trabajan tres ejes principales: la prevención, la atención y la justicia terapéutica.

“La justicia terapéutica está relacionada con la justicia penal. El año pasado las diversas corporaciones policiacas pusieron a disposición al mes a 515 personas por delitos contra la salud, casi todos en modalidad de posesión simple”,

Destacó que actualmente no existe capacidad del Ministerio Público para establecer caso por caso si la detención era por posesión simple o existía comercio, lo que ya implica posible narcomenudeo.

“Sabemos que la mayoría de los detenidos entra más por problemas de adicciones que por comercio de drogas y lo que está haciendo el Tribunal Especializado en Materia de Narcomenudeo es no darle prisión preventiva al detenido, sino que se le suspende el proceso con una medida de tratamiento psicológico en centros residenciales o ambulatorios”, expuso.

En días anteriores el fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, informó el inicio del proyecto el pasado jueves.

“Esto nos permitirá crear indicadores para ser más eficientes en nuestro trabajo en el combate a este delito. Debemos de trabajar para disminuir el problema de adicciones en la ciudad, saber distinguir cuándo se trata de un problema de salud pública (adictos) y cuándo uno de seguridad (narcomenudistas)”, dijo.

Chavarri dijo que la FGE tiene a dos personas, contratadas por el Gobierno federal, que están revisando los casos para determinar qué tipo de apoyo requieren las personas consignadas por narcomenudeo.

Explicó que en Juárez opera desde el año pasado este Tribunal Especializado, el cual es integrado por cinco jueces, y se espera que antes de que concluya el mes de marzo se incorporen dos jueces más.

“Esta línea de acción (justicia terapéutica) está muy desarrollada, aunque no con todo el potencial con el que podría estar operando”, abundó.

Mencionó que la FGE no tiene la capacidad instalada para hacer esos diagnósticos y por lo tanto no se tenía una propuesta de tratamiento individualizada para aquella persona que llegara ante el sistema de justicia, agregó.

”Las personas que se presentan ante la representación social por delitos contra la salud no se les diagnostica a qué tipo de droga es usuaria, qué nivel de adicción padece, si tiene problemas con la familia, el trabajo, el diario quehacer o trastornos mentales”, dijo Chávarri.

Mencionó que desde el mes de noviembre el Gobierno federal contrató a 10 personas y dos de ellas acompañan al MP para determinar en cuáles casos hay adicción y en cuáles comercio de sustancias tóxicas; esto permite agilizar procesos y buscar atención a estas personas.

Las otras ocho personas restantes acompañan a los Centros de Tratamiento de Adicciones (CAT) para fortalecer los expedientes de personal, identificar qué necesita cada uno de ellos para ponerse en regla y cumplir con la normatividad.

Chávarri agregó que para mayo se contará con este diagnóstico que se dará a conocer a las autoridades involucradas para que creen sus propios protocolos de actuación.

En números

52

estándares con los que 

cumple la SSPM

2 años

período que tardan en renovarle la certificación financiada por Ficosec

Lo que se busca

• Identificar, evitar, estandarizar 

   y certificar los procesos

• Que las buenas prácticas que  se  

  diseñen, se integren en están-

  dares de la certificación policial

• Detenciones apegadas 

   a la justicia

• Respeto a los derechos 

   humanos

Para apuntar

• Esto permitirá crear indicado-

   res para ser más eficientes en el 

   combate al narcomenudeo 

• Se trabajará para disminuir el 

   problema de adicciones en la 

   ciudad

• Tratarán de distinguir cuando 

   sea un problema de narcome-

   nudeo y adicciones