Amparos y saturación alargan la impunidad

Ciudad Juárez.- La justicia mexicana sigue pendiente. La falta de instalaciones en el Centro de Justicia Penal Federal para llevar asuntos como el incendio de la estación migratoria en Juárez –que dejó 67 víctimas– ha hecho que las sesiones se reprogramen dentro de dos, seis o más meses.

Pero aunque hubiese espacio en las agendas de las autoridades judiciales y de las salas, no pueden celebrarse las sesiones. Hay amparos pendientes que impiden el curso de la investigación complementaria (cuyo plazo fenecía en octubre, recordó Daniel Álvarez, abogado particular de uno de los acusados) tanto de algunos de los representantes legales de los imputados como de las víctimas.

El que afecta a los once presuntos involucrados (un guardia de seguridad, dos migrantes y ocho funcionarios de los que dos están en libertad–uno prófugo y el otro en libertad condicional–) es el de Fundación para la Justicia, que, se espera, se resuelva el 10 de abril. Dicho organismo representa a las víctimas, y el recurso es una demanda de auxilio al Poder Judicial Federal para hacer una sola las cinco causas penales en curso por los hechos.

Los procesos pendientes

Las que se encuentran activas son la 216/2023, bajo la que se encuentran acusados Gloria Liliana R. M. y Rodolfo C. T. (ambos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo de la estación provisional tipo “B” incendiada), Daniel G. Y. (representante de la oficina Noreste de la dependencia federal), Alan Omar V. P. (guardia de seguridad privada que estaba en la estación al momento del hecho) y Jeison Daniel C. R. (migrante venezolano que se encontraba recluido en la celda donde se originó el incendio). Los delitos de que se les acusa son lesiones y homicidio, ambos dolosos, los cuatro primeros por omisión y el quinto por acción.

Todos ellos permanecen en los Centros de Reinserción Social de Ciudad Juárez, Gloria Liliana en el Femenil número 2 y los demás en el Varonil número 3. El 29 de febrero, Daniel G. Y. a través de su representación legal a cargo del despacho Lex Iusta intentó modificar la medida cautelar bajo la que se encuentra, prisión preventiva oficiosa, sin éxito, decisión por la que se previó la interposición de un amparo, aunque no se pudo contactar a los abogados del exfuncionario para confirmarlo.

También está en curso la causa 235/2023, por homicidio y lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público en que se encuentran vinculados a proceso Salvador G. G. (quien fungiera como delegado de la Oficina Representativa del INM en Chihuahua), Juan Carlos M. C. (coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta Juárez y responsable de la recién creada Unidad Interna de Protección Civil de la estación siniestrada), y Eduardo A. M. (responsable del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto).

Organizaciones de la sociedad civil, desde el momento de la aprehensión de M. C. se manifestaron a favor de su liberación dados los antecedentes del trabajo humanitario que realizaba. El 19 de enero de 2024, su defensa solicitó la disminución de la garantía económica con la cual M. C. podría salir. 

Daniel Álvarez, su defensor junto con Leonardo Lara, acusaban que M. C. sigue recluido en el Cereso 3 sin una medida cautelar clara, pues la prisión preventiva oficiosa fue descartada en noviembre de 2023 pero con un pago de 20 millones de pesos, monto modificado en enero a dos millones, que aún no pueden ser pagados por su familia. A ese paso le sigue la colocación de un brazalete electrónico en el acusado para que pueda mantenerse en prisión domiciliaria. “Si Juan Carlos sigue ahí es porque no tiene dinero”, denunciaron sus representantes.

Ambos litigantes señalaron, además, que no existen medios para que haya sido vinculado a proceso, por lo que también está vigente un amparo para resolver esa etapa, pues no hay constancia documental de que M. C. haya sido nombrado titular de la unidad de Protección Civil, que es el motivo por el que se le considera presunto interviniente por omisión en el hecho.

Por su parte, Perla Ramírez, defensora particular de Salvador G. G., platicó que a un año del hecho, al contralmirante se le ve tranquilo pero desesperado por la resolución de los recursos que interpuso, por la vinculación y por la medida cautelar. 

Fue en septiembre de 2023 cuando G. G. solicitó el cambio de medida cautelar –se mantiene en prisión preventiva oficiosa–, también sin éxito. El juez de control en esa ocasión descartó la convencionalidad de la ley mexicana, ante el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado se mantiene internado en el Cereso 3.

La tercera causa penal pendiente es la 236/2023, por ejercicio indebido del servicio público en contra de Antonio Molina Díaz, quien fuese director General de Control y Verificación del INM. Es uno de los dos acusados por estos hechos que no tienen medida cautelar de prisión preventiva, sino que únicamente se le ordenó firmar periódicamente en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, sin que obre constancia hemerográfica de su asistencia.

Por el contrario, reportes periodísticos señalan que Molina Díaz se encuentra prófugo desde mediados de mayo de 2023 y renunció en junio al INM, y se le señala como presunto involucrado en los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada durante su permanencia en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad Pública Federal comandada entonces por Genaro García Luna, acusado de desviar 5 mil 112 millones de pesos de recursos públicos. 

La causa penal 237/2023 es la que se sigue en contra de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, el más alto rango en el organigrama de la dependencia. El delito que se persigue en su contra es el mismo que el de Molina Díaz, y en su caso la firma es cada 15 días. Mientras tanto, Garduño visita cada 15 días Ciudad Juárez para firmar en el Centro de Justicia, y se mantiene al frente del Instituto, pese a la exigencia de sociedad civil e inclusive de embajadas como la de El Salvador para su destitución por los hechos del 27 de marzo.

El 22 de septiembre de 2023, Garduño intentó librarse del proceso penal mediante una presunta solución alterna: el pago de la indemnización por la estación provisional incendiada, pagada mayormente por la empresa aseguradora del inmueble, de acuerdo con el seguimiento de esta casa editora.

En esa audiencia una de sus representantes legales, Patricia Aurora Almada Beltrán, aseguró que, dado que el delito imputado tiene como bien afectado el servicio público, la reparación del daño había quedado cubierta luego de que Agroasemex –la aseguradora agropecuaria y de bienes patrimoniales del Gobierno federal (según su sitio web oficial)– pagó la póliza de seguro del inmueble incendiado el 27 de marzo, por un monto de un millón 425 mil 689.97 pesos, una diferencia de 468 mil 225.41 pesos con lo que el perito especializado de la Fiscalía General de la República había valuado de daños a la propiedad federal. El diferencial, sería pagado en seis mensualidades de más de 78 mil pesos, por el funcionario.

El juez negó esta medida de justicia alternativa, puesto que estaba pendiente el pago de indemnizaciones por las víctimas directas (personas fallecidas) a sus familiares.

Sigue la deuda a las familias

En su última visita, el 19 de marzo de 2024, Garduño Yáñez señaló que se han pagado 3.5 millones de pesos a cerca de 30 de las 40 víctimas mortales del incendio. 

“En los otros hay un problema, fundamentalmente en venezolanos en que las víctimas indirectas, los familiares, están pretendiendo cobrar y hay una disputa entre los derechos hereditarios de cada uno de ellos”, dijo en entrevista al salir de firmar el funcionario federal.

Blanca Navarrete, directora de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción que representa a algunas de las víctimas del incendio contrarió esta declaración. Dijo que se ha indemnizado a las víctimas fatales de Guatemala y Colombia, por lo que han sabido en el contacto con las otras asesorías jurídicas, pero aquellas que viajaban de El Salvador y Venezuela siguen sin el pago por la vida perdida de sus seres queridos.

Falta, sin embargo, la reparación integral del daño a los heridos, de los cuales señaló Garduño que “no tenemos una respuesta en cuanto a los montos de cada uno, porque en estos oscilan de acuerdo con las lesiones de cada uno. Son dictámenes periciales, médicos, laborales, etcétera”.

Se quedaron en México o se fueron a Estados Unidos, las víctimas de lesiones, pero con todas las consecuencias físicas y emocionales que el siniestro representó. Navarrete compartió que hay entre las víctimas una que tuvo que ser amputada de una extremidad y que no ha podido encontrar prótesis porque su cita en Estados Unidos llegó y el Estado mexicano no le resolvía aún el equipamiento.

Hay quienes se quedaron con daños en los pulmones y riñones, y deben ser atendidos continuamente en el lugar donde se encuentran; otros con atrofia muscular y que apenas pueden ir al baño y todos presentan un cuadro de trastorno de estrés postraumático.

El segundo migrante acusado 

La última causa penal vigente es la 355/2023, seguida en contra de Carlos Eduardo C. R., de nacionalidad venezolana, por los delitos de homicidio, lesiones y daños. Fue detenido la noche del 1 de junio en el Hotel Colonial, donde se recuperaba de las lesiones sufridas la noche del incendio, y durante la audiencia inicial fue presuntamente reconocido por algunas de las otras víctimas lesionadas como uno de los tres partícipes del hecho. Entonces, se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva por un año, de acuerdo con reportes periodísticos.

Aparte hay dos causas más pendientes, revelaron informes extraoficiales. La 593/2023 en contra de los mismos de la causa 216 pero por daños a la propiedad, y otra en contra del representante legal de la empresa de seguridad privada CAMSA –la que custodiaba la estación– que no ha podido ser localizado y llevado ante un juez federal para determinar su responsabilidad en los hechos.

Tantas causas sobre un solo hecho, que de inicio se desarrollan con los mismos antecedentes que obran en un aproximado de ocho cajas de cartón con toda la carpeta de investigación, únicamente compartimentan lo que realmente ocurrió. Blanca Navarrete, directora de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) –también representantes legales de algunas de las víctimas– asegura que “segmenta un hecho de graves violaciones a derechos humanos; la realidad que se tiene que revisar de manera integral”.

Va un año de impunidad, dijo Navarrete. La titularidad de Garduño Yáñez es la muestra, pues su permanencia en el puesto impide la independencia en las investigaciones. La derechohumanista ve un claro conflicto de intereses que no ha visto Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y quien mantiene a Garduño en el lugar.

Juntar las causas y apurar juzgados

Navarrete defendió la decisión de la Fundación para la Justicia de intentar unificar las causas penales. 

Para quienes defienden a los acusados, no es viable. Ramírez señaló que los delitos no son los mismos, aunque sean los mismos hechos por lo que resulta inconveniente reunir las acusaciones.

Lara y Álvarez, representantes de Juan Carlos M. C., también contarían esta exigencia, pues particularmente en su caso consideran que el delito perseguido es distinto y con medios de prueba ajenos a los presentados de manera recurrente en las cinco causas. 

Por el contrario, abogarían porque se separaran las causas penales, para evitar que en aquellas en que dos o más incurran, la decisión de uno por llevar de manera distinta el proceso no afecte a los demás, aunque no han solicitado formalmente esta figura ante los juzgados federales. 

Tendrían tiempo, dada la dilación en los tiempos del Centro de Justicia Penal Federal. En octubre, el personal sindicalizado del Poder Judicial Federal aprovechó la coyuntura de protesta por la eliminación de un fideicomiso que les beneficiaba para mostrar la saturación en que se encontraba esta instancia en Juárez, con retrasos de meses en los casos ante la incompatibilidad de agendas y falta de espacios, jueces y demás personal.

Para Álvarez y Lara “los tiempos no sorprenden”, pues conocen de la saturación en estos juzgados. “No es novedad”, aseguran, aunque sí afecta el derecho a la justicia expedita para sus clientes, añadieron.

En contraparte, para Ramírez lo que hacen los jueces federales parecen más técnicas dilatorias, una forma “tediosa” de llevar los procesos, mientras su cliente, Salvador G. G. se mantiene desesperado en prisión preventiva. 

¿Qué ha pasado con las autoridades?

Va un año sin un juicio, con algunos pagos, con amparos pendientes, con lesiones emocionales y físicas por sanar. 

Un año tras el cual siguen habiendo situaciones de corrupción en temas de migración, a decir de Blanca Navarrete de DHIA.

Personas en contexto de movilidad que acuden ante su equipo “refieren situaciones que son de preocupación con respecto a temas de corrupción o de no informar sobre sus derechos”.

Coincidió el Servicio Jesuita para Refugiados que en Juárez no han visto un cambio significativo, más que los agentes de Migración ahora mantengan un perfil más bajo y aparentemente órdenes de ser menos reactivos a quienes se observan migrando. 

No obstante, continúan con usuarios que les reportan haber sido detenidos y retenidos, además de que se les niegan las Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias a quienes cumplen con los requisitos, por mera arbitrariedad, señaló el organismo.

Esta situación “no va a cambiar de la noche a la mañana si el titular sigue siendo el mismo”, en este caso, Francisco Garduño Yáñez, aclaró Navarrete.

“La movilidad no va a regresar a lo que teníamos años atrás, y esta condición de frontera no la vamos a poder cambiar. Es nuestra condición geográfica y eso implica que los gobiernos piensen en cosas distintas de hacer las cosas”, lo que “es complicado si el Gobierno mexicano, sea cual sea el partido en turno, se va a estar sometiendo a los intereses del Gobierno de los Estados Unidos por el poder económico y político que tiene ese país”, acusó.

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