Sentenciarán al Estado mexicano por feminicidios en Juárez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenciará nuevamente al Estado mexicano por la violencia feminicida que se vive en Ciudad Juárez, al atraer el caso de Lilia Alejandra García Andrade, quien hace 23 años se convirtió en víctima de desaparición y feminicidio en esta frontera.

Lilia Alejandra tenía 17 años de edad, era madre de Caleb y Jade, de cinco meses y 1.8 años de nacidos, y trabajaba en una maquiladora, hasta que el 14 de febrero de 2001 fue desaparecida.

Ese Día del Amor y la Amistad repartió paletas de dulce en forma de corazón a sus amigas de la maquiladora en la que trabajaba, pero cuando salió fue desaparecida y una semana después encontrada muerta.

El 28 de diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que remitió el caso a la Corte, y el pasado 9 de febrero dicha instancia internacional informó que lo aceptó.

El “Caso número 12,853 Lilia Alejandra García Andrade y otras. Se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de mexicano por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Lilia Alejandra García Andrade en 2001 en un contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, y por la falta de debida diligencia en la investigación”, señala la CIDM en la remisión que realiza a la Corte IDH.

“Que en la sentencia se mencione a los funcionarios que han sido negligentes, que no hicieron su trabajo para detener a los asesinos sino que al contrario permitieron que esto (el feminicidio) se siga reproduciendo va a tener mucho peso”, dijo ayer su mamá.

Norma Andrade, durante una conferencia de prensa que dio en la Ciudad de México, acompañada por los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes acompañan su caso desde hace 22 años.

La madre lamentó que la justicia para su hija no llegara por el Estado mexicano, debido a que desde hace casi seis años la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) tiene a un detenido, del cual no ha aportado pruebas de ADN para confirmar que se trate del verdadero culpable.

Salas destacó que el Estado mexicano volverá a ser sentenciado por la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Y que el caso de Lilia Alejandra se ha convertido en una causa con la que su madre busca que tanto ella como otras niñas y mujeres que han sido asesinadas logren tener justicia.

Caso emblemático

El 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra salió de trabajar y tomó un camión de transporte público hacia el centro de la ciudad, una compañera la vio –desde otro camión– caminando sobre la avenida 16 de Septiembre, frente al actual Museo de la Revolución en la Frontera (Muref), con dirección hacia Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

La mujer narró a las autoridades que se le asomaban de la bolsa algunas de las paletas de corazón que había comprado para celebrar el Día de San Valentín con sus amigos.

Cinco días después, el 19 de febrero, una testigo observó desde su casa un vehículo en el que estaban golpeando a una muchacha desnuda en el carro.

Llamó a la policía, pero nunca llegó, relató la abogada.

Durante una semana su familia se dedicó a buscarla, hasta que el 21 de febrero, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, el cuerpo de 1.68 metros de estatura, complexión regular, tez morena, cabello castaño oscuro y ojos cafés fue encontrado por un trabajador que limpiaba un terreno baldío ubicado en las avenidas Tecnológico y Ejercito Nacional.

Estaba envuelta en una sobrecama. Tenía dos escapularios cafés en el cuello y su cuerpo estaba lleno de moretones y escoriaciones. De acuerdo con las autoridades fue víctima de violencia sexual y su causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento manual, entre 48 a 56 horas antes del hallazgo. Pero tenía en el estómago alimento semi–digerido, lo que indica que estuvo en cautiverio y poco antes de su muerte había comido, pero durante esa semana las autoridades fueron omisas en buscarla.

Durante el mes de agosto del mismo año, se recibió en la Oficina de Servicios Periciales el dictamen de DNA del estudio de semen extraído del cuerpo de Lilia Alejandra, mismo que fue realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato en auxilio a la investigación y que indica siete de catorce marcadores genéticos del probable responsable de la comisión de los delitos. Años después, las investigaciones se concentraron en exámenes del cuerpo de la víctima y el perfil genético de semen encontrado en otros casos de feminicidio.

Su caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la historia de Ciudad Juárez, debido al activismo que ha realizado su familia, y a que su desaparición, violación y feminicidio propició el nacimiento de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dirigido por su mamá y por la maestra Marisela Ortiz.

Tras el asesinato de su hija, Norma se quedó a cargo de sus nietos, Caleb y Jade, aunque las autoridades no le permitieron adoptarlos oficialmente, argumentando su estado de salud mental.

En 2012, Norma fue atacada y amenazada y todos tuvieron que huir de Ciudad Juárez. Después, fue atacada en la Ciudad de México, relataron ayer los abogados que en 2018 hicieron llegar el caso ante la CIDH.

Un presunto en prisión

Ese año, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo en la ciudad de Chihuahua a Manuel N.R., quien también se hace llamar Manuel R.N.; Javier C.S. y Manuel G.P, un hombre que vendía elotes en el invierno y tepache en la época de calor junto a la emblemática Cruz Rosa contra los feminicidios ubicada frente al edificio de Palacio de Gobierno, en la Ciudad de Chihuahua, y quien es acusado de al menos cinco feminicidios entre 1995 y 2005 en esta frontera, pero quien la madre duda que sea el responsable del feminicidio de su hija.

Después de 23 años de lucha y dolor “el caso se mantiene en la impunidad, hoy hay una persona detenida, Manuel N., desde 2018. Pero hasta ahora la Fiscalía de Chihuahua ha tenido detenida a una persona acusada de diversos delitos y no ha logrado probar que esa persona sea la misma que participó en los hechos con una muestra genética”, señaló Peña.

“Anoche mi nieta me decía que para ella era algo vacío… porque dijo que ella entendía que a lo mejor a mí me iba a dar paz, tranquilidad, pero para ella no”, compartió la madre después de que la CIDH solicitara a la Corte Interamericana que establezca la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, que se continúe con la investigación penal de manera diligente, efectiva y con una perspectiva de género.

También pidió que evalúen las acciones políticas, públicas, normativas y medidas adoptadas en relación con el contexto de violencia contra la mujer, así como fortalecer la capacidad institucional de instancias judiciales para la investigación de denuncias de violaciones a derechos humanos contra las mujeres.

“Alrededor de 20 años exigí que el caso fuera atraído por la Corte (…) sin conocer el proceso yo hice la petición a través de internet, porque en mi ignorancia y después en mi aprendizaje yo sostengo que la justicia para mi hija Alejandra y para mi familia no va a ser a través del Estado Mexicano, tiene que ser obligado a hacerlo, ya tiene una sentencia y aun así los asesinos del Campo Algodonero no han sido detenidos”, dijo.

Como parte del proceso, los abogados presentarán todo el material necesario para comprobar la negligencia del Gobierno Mexicano, y las autoridades de Chihuahua podrán dar respuesta, por lo que posiblemente sea hasta principios del próximo año cuando se lleve a cabo la audiencia oral para luego presentar las conclusiones y posiblemente en dos años se dicte una sentencia.